Por Eva Murillo
Rosa Rodríguez Martínez, investigadora de la UNAM, expuso ante diversos sectores privados de Cancún, así como políticos y funcionarios federales, la urgente necesidad de contar con sitios de disposición final de sargazo adecuados para evitar que la contaminación continúe en tierra adentro.
“No es tan complicado, sólo es tener la voluntad política para hacerlo. Punto”, destacó.
Es de poca credibilidad que las autoridades ambientales, bajo el argumento de falta de recursos, permitan que “cualquier” sitio sirva para tirar el sargazo basándose en que es una situación de emergencia, sobre todo si desde el año pasado ya se sabía de la necesidad de rellenos sanitarios especiales para esa materia orgánica, remarcó.
“Se supone que desde el 2015 la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) asignó sitios de disposición, pero nunca los habilitó, nunca puso personal ni bajó recursos. El año pasado estuvimos con el biólogo Arellano para solicitarle que se habilitara un espacio en Puerto Morelos, ya teníamos el terreno que había puesto un ejidatario, además de la cotización para poner la geomembrana, pero no consiguió el dinero porque no podían invertir recursos públicos en propiedad privada, pero tampoco se busca de hacer comodatos, como que no hay interés”, lamentó durante una entrevista, luego de su intervención en la reunión con el sector académico, de gobierno, hotelero e iniciativa privada.
El problema, dijo, es que están tirando el sargazo por todos lados, en terrenos públicos, camellones, en el manglar, en el ejido, en la Ruta de los Cenotes, donde la orilla de la carretera se ve llena de sargazo.
“Ese sargazo se hace polvo y cuando llueve se filtra al acuífero y esa es la zona de captación de agua dulce de Puerto Morelos. Ya sabemos que el sargazo tiene muchos metales pesados y si se considera el volumen que está llegando, ya se habla de cantidades que podrían causar problema de salud, no sólo en el ecosistema”, remarcó la investigadora.
“Tener sitios de disposición final de sargazo adecuados es prioritario y hasta de sentido común, pero a nadie le interesa”, reconoció.
“Tiene que haber ya una norma oficial. ¡Se tiene que sacar ya! Tiene que ser obligatorio que cada municipio tenga su sitio de disposición final de sargazo y debe ser manejado como relleno sanitario, en donde tengas geomembrana, donde colecten lixiviados, porque de lo contrario va a afectar el acuífero”, resaltó.
El presupuesto que presentaron el año pasado ante el titular de la SEMA era para un terreno que había funcionado como una sascabera, con medidas de 50 por 25 metros y cuatro metros de profundidad, fue de 8 millones de pesos, en los cuales contemplaron el aplanado del predio y la instalación de la geomembrana.