Creó su 'blindaje de impunidad”

De la Redacción

CHETUMAL, 14 de junio.- A 167 días de su aprobación en el pleno del Congreso del Estado, finalmente este viernes fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, en la que se revela que la Gran Comisión de la XV Legislatura fabricó su propio “blindaje de impunidad”, al prolongar 3 años más la estadía en el cargo del actual contralor interno, mediante un artículo transitorio que no se sabe si estaba en la versión original o si fue puesto después de que se conocieron los resultados de las elecciones pasadas.

En la misma tesitura, en los artículos transitorios de la Ley se incluyó que con motivo de la nueva estructura administrativa que establece la norma, la próxima Legislatura no podrá eliminar las plazas existentes, sino que se ajustarán el nuevo esquema, y aunque también dice que no se crearán nuevas, no se aclara si ese impedimento es sólo para la XVI Legislatura o también para la actual que está por salir.

Lo anterior abre la posibilidad de que la Gran Comisión encabezada por Eduardo Martínez Arcila cree nuevas plazas antes de que finalice la XV Legislatura para favorecer a los allegados de los diputados que terminarán sus funciones, dejando a la XVI Legislatura con el impedimento de reducir su número, al menos en la letra de ley, algo que se supone podría ocurrir dada la línea de austeridad que supuestamente seguirán los diputados de la alianza encabezada por Morena.

Además, en la nueva ley se deja sin derecho a voto en la Junta de Gobierno y Coordinación Política a los partidos que tengan sólo un diputado, al no considerarlos grupo legislativo, sino sólo representantes legislativos.

De esta manera, en el nuevo órgano de gobierno sólo tomarán decisiones 6 partidos de los 9 que conforman la Legislatura, siendo únicamente Morena, PT, PVEM, PAN, PRD y PRI, dejando sólo con derecho a voz a Movimiento Ciudadano, Movimiento Auténtico Social y Confianza por Quintana Roo.

Lo anterior sólo confirma la premeditación del presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, diputado Eduardo Martínez Arcila, al mantener oculto el documento durante 5 meses y medio, con la finalidad de conocer primero el resultado de la elección, que fue adverso al PAN y sus aliados.

La nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo apareció publicada este viernes 14 de junio en el número 11 ordinario del tomo II de la Novena Época del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

El documento contiene la conformación y atribuciones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que sustituirá a la Gran Comisión del Congreso del Estado a partir de la instalación de la XVI Legislatura, y también de la nueva estructura administrativa del Poder Legislativo a partir de la sustitución de la Oficialía Mayor por un Secretario General.

Sin embargo, escondido fuera del texto principal de la ley, y colocado hasta el final de los artículos transitorios del decreto 302, está la disposición de prolongar la duración en el cargo del actual contralor interno para que continúe prácticamente durante la gestión de la próxima Legislatura.

La disposición se encuentra en el Octavo artículo transitorio del decreto, y a la letra dice: “El titular del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, quedará designado por el tiempo que establece el artículo 137 de esta ley, concluyendo su encargo el 28 de marzo de 2022”.

Así pues, la XV Legislatura le heredará a la XVI al contralor interno, como una manera de cubrir las espaldas principalmente a los integrantes de la Gran Comisión, y sobre todo, a su presidente, el diputado Eduardo Martínez Arcila, sobre los que pesan señalamientos de manejos irregulares y desvíos de recursos públicos.

El actual contralor interno del Poder Legislativo es Jorge Alberto Rejón Chan, político cercano al diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, y se encuentra en ese cargo desde el 16 de noviembre del 2016, y de ser el que se encuentre en funciones al inicio de la XVI Legislatura, será la segunda vez que los actuales diputados lo ratifican en el cargo, sólo que en esta ocasión será para imponérselo a los legisladores siguientes.

Cuando Rejón Chan asumió su encargo era como Director de Auditoría Interna del Poder Legislativo, pero una reforma a la Ley Orgánica aprobada el 14 de julio del 2017 y publicada en el Periódico Oficial el 19 de julio del mismo año cambió la denominación de la Dirección de Auditoría Interna por la del Órgano Interno de Control.

Esa fue la primera ratificación en el cargo de Jorge Alberto Rejón Chan, pues el mismo decreto estableció, en su tercer artículo transitorio, que: “A la entrada en vigor del presente decreto, quien se encuentre ejerciendo las funciones de contraloría interna del Poder Legislativo asumirá las funciones del órgano interno que se crea, hasta en tanto se realiza la designación del Titular del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo del Estado”.

No se nombró a un nuevo titular, y a partir de enero del 2018, Jorge Alberto Rejón Chan ya comenzó a aparecer en los documentos del Poder Legislativo con la nueva denominación de su cargo, de titular del Órgano Interno de Control.

En este puesto se desempeña todavía, y de no realizar la actual Legislatura el nombramiento de un nuevo contralor, Jorge Rejón Chan queda ratificado en su cargo por casi tres años más con el decreto de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, que se publicó después de cinco meses y medio de estar oculta.

En este sentido, el contralor interno lleva en el cargo 2 años y medio, y con la disposición establecida se extendió su período a 5 años y medio, sólo que heredado a la próxima Legislatura, de acuerdo al plazo que se fijó en el artículo transitorio.

Lo anterior se convierte en el “blindaje de impunidad” para los integrantes de la XV Legislatura, para protegerse contra investigaciones internas en materia anticorrupción, pero principalmente para el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila; el Oficial Mayor, Gerardo Martínez García; y los directores de las áreas administrativas y de apoyo legislativos, que están señalados de graves irregularidades, en las que el manejo de recursos para el pago de asesores, contratos para allegados y amigos, así como desvíos de “ayudas sociales” y alteración de documentos oficiales son las principales y más conocidas.

Esto porque el Órgano Interno de Control es responsable de la fiscalización, auditoría, control y supervisión de las áreas administrativas, así como investigar y calificar actos que puedan resultar en faltas cometidas por los servidores públicos del Poder Legislativo.

El otro aspecto que generará fricciones al interior del Poder Legislativo a partir de la llegada de la XVI Legislatura será el de las plazas laborales, puesto que los nuevos diputados quedan impedidos para reducirlas por el artículo transitorio que se introdujo en el decreto de la nueva ley.

Lo anterior suma a que se dejó sin derecho a voto a los diputados de minoría dentro de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que iniciará funciones en septiembre próximo.

Todas estas situaciones sólo vuelven a exponer la manera irregular de proceder del diputado presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, que escondió durante casi medio año la nueva ley, inclusive durante su proceso de aprobación, de modo que no se puede confiar en que la publicada este viernes en el Periódico Oficial del Estado no haya sido alterada en parte de su contenido antes de su publicación.

Una falta más acumulada a la alteración de documentos, violaciones en procedimientos, ocultamiento, impunidad, simulación y soberbia que envuelven al Congreso del Estado, delitos encabezados por el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila.