Busca enquistarse en el Congreso

De la Redacción

CHETUMAL, 25 de junio.- Eduardo Martínez Arcila perdió la razón al ostentar el poder político y financiero que implica estar al frente de la Gran Comisión del Congreso del Estado durante tres años, y en su ambición desmedida pretender continuar con ese control en la XVI Legislatura, para la cual fue reelegido.

Al repetir como diputado plurinominal, su mira está fijada en hacer a un lado a las diputadas Teresa Atenea Gómez Ricalde, Roxana Lilí Campos Miranda y Cristina Torres Gómez, para imponerse como coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, lo que le permitirá presidir la Junta de Coordinación Política durante un año.

Así pues, no le basta haber encabezado durante tres años el manejo financiero, administrativo y político de la XV Legislatura, sino que quiere prolongar su control un año más, que es lo que le permite la distribución de espacios entre partidos políticos en la XVI Legislatura, donde la alianza encabezada por Morena tendrá la mayoría.

Lo anterior no sorprende, ya que para lograr ser diputado plurinominal pactó con el presidente estatal del PAN, Juan Carlos Pallares Bueno, quien a pesar de las estrepitosas derrotas electorales del blanquiazul, ya tiene su respaldo para buscar ser presidente del Comité Ejecutivo Estatal otro periodo más.

De tal manera, Martínez Arcila se cree dueño de Acción Nacional y a pesar de su fracaso político, quiere dominar el escenario venidero mediante sus “mañas”, que se asemejan mucho a las de los priistas que tanto criticó.

De este modo, pretende pasar por encima del hecho de que la gran mayoría de la bancada del PAN en la próxima Legislatura será de mujeres, y se impondrá como coordinador del grupo siendo el único del sexo masculino.

Para eso confía en que se siga la histórica línea política machista del PAN, que no favorece a los liderazgos femeninos, por lo que poco importará al partido la experiencia política previa que tienen Cristina Torres Gómez, que fue presidenta municipal de Solidaridad, y Roxana Lilí Campos Miranda, que fue Consejera Jurídica del Gobierno del Estado.

Tampoco pesarán los señalamientos de manejos indebidos de recursos, inflación irregular de la nómina, contratos irregulares de bienes y servicios con allegados, y despilfarro y desvíos de ayudas sociales que se han hecho a Martínez Arcila durante tres años de presidente de la Gran Comisión, pues confía en el pacto que hizo con Juan Carlos Pallares Bueno para sostenerlo en la coordinación del grupo legislativo del PAN.

Al ser coordinador del grupo legislativo del PAN, Martínez Arcila tendrá la oportunidad de presidir, aunque sea por un año, la Junta de Gobierno y Coordinación Política, órgano de gobierno que sustituirá a la Gran Comisión, y que en la XVI Legislatura estará presidida un año por el PAN, un año por Morena y un año por el PVEM.

Pero para lograr esta ambición, la de encabezar el Congreso del Estado un total de 4 años, Eduardo Martínez Arcila tiene que subordinar a la mayoría de mujeres que componen la próxima bancada panista, lo cual espera lograr con el apoyo prometido por Juan Carlos Pallares Bueno, el dirigente estatal del PAN.

Esta es otra treta del actual presidente de la Gran Comisión y diputado reelecto por la vía plurinominal, para obtener control sobre la próxima Legislatura de mayoría morenista, a la cual mediante la manipulación del decreto de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo pretende imponer por casi tres años más al actual contralor interno, Jorge Rejón Chan, así como por un mes al actual oficial mayor, Gerardo Martínez García, todo para que le cubran las espaldas durante el proceso de entrega-recepción de la Gran Comisión a la nueva Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Este es su “blindaje de impunidad” para asegurar su estadía por tres años en el Congreso del Estado más beneficiándose del erario público, ante el dispendio y los desvíos que permitió a los diputados y que encabezó durante los 3 años de la XV Legislatura, y así poder presidir el Congreso en la próxima Legislatura un año más.

Para ello, primero buscó cubrirse las espaldas con la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, que indebidamente mantuvo oculta por más de cinco meses y que finalmente revela todo un “paquete de impunidad”, al viejo estilo priista que tanto criticó el diputado del PAN.

Con esta ley evitará revisiones del dispendio de ayudas sociales, pues al establecerlas en la nueva norma “legalizan” los abusos cometidos, los cuales han dado lugar a denuncias penales por desvíos de recursos.

Además, pretende que prevalezca la irresponsable forma en la que la nómina del Poder Legislativo fue inflada con fines políticos.

La XV Legislatura infló la nómina del Congreso casi al doble, pues cuando inició en 2016 había 389 plazas y en 2018 se llegó a 609 empleados.

Con ayuda del diputado Eduardo Martínez Arcila y su grupo de camarillas en el Poder Legislativo, se han logrado acomodar a decenas de funcionarios al interior del Congreso local, muchos de ellos identificados como presuntos aviadores que cobran sin trabajar, tratándose de amigos, allegados y/o recomendados de los diputados de la XV Legislatura.

Los diputados incrustaron a 220 nuevos trabajadores en el Congreso local, tratándose de nuevos puestos laborales que van a permanecer gracias al “blindaje de impunidad” creado por el diputado Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, pero que además pueden haber aumentado en el transcurso del 2019 y elevarse aún en lo que sale la actual legislatura.

De acuerdo con el decreto número 302, por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Legislativo, publicado apenas el pasado 14 de junio en el Periódico Oficial del Estado, se establece en sus artículos transitorios que la próxima legislatura no podrá crear ni eliminar las plazas existentes, sino que se ajustarán el nuevo esquema organizacional del Poder Legislativo.

Por otra parte, cabe mencionar que el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, mintió descaradamente en un intento por evadir su responsabilidad en el ocultamiento del contenido de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en la manipulación de su contenido y sus artículos transitorios, donde establecen disposiciones a modo para cubrirse las espaldas de investigaciones anticorrupción que pretendan realizar miembros de la XVI Legislatura.

Al tratar de deslindarse del asunto, en sendas entrevistas en días pasados, el diputado echó la culpa del atraso a la Secretaría de Gobierno, diciendo que “los tiempos” de la dependencia atrasaban la publicación, cuando la realidad es que por la naturaleza de la misma Ley Orgánica, la XV Legislatura está facultada para ordenar directamente al Periódico Oficial del Estado su publicación, sin necesidad de pasar por el Ejecutivo.

La nueva Ley Orgánica estuvo oculta por órdenes de Martínez Arcila y fue hasta el pasado 14 de junio que se publicó en el Periódico Oficial, cinco meses y medio después de su aprobación en el pleno.

Asimismo, luego de esa publicación, apenas hasta este lunes 17 de junio se publicaron en la página de internet del Congreso el dictamen y el decreto, que habían sido omitidos durante el mismo tiempo, en flagrante violación a las obligaciones de transparencia de la legislatura.

Y como ha sido su costumbre ante las irregularidades que se cometen en el Poder Legislativo, Martínez Arcila intentó desviar su responsabilidad utilizando como justificación que la Secretaría de Gobierno estaba tardando en hacer la publicación en el Periódico Oficial del Estado, lo cual resultó ser una gran mentira.