De la Redacción
CHETUMAL, 9 de julio.- El pacto político entre Juan Carlos Pallares, presidente del PAN en Quintana Roo, y el diputado Eduardo Martínez Arcila, de apoyarse mutuamente para que ambos repitan en sus puestos, no sólo significa que Martínez Arcila siga viviendo del erario público tres años más, sino que le permitirá ser coordinador de la fracción parlamentaria del blanquiazul, desde la cual ambiciona presidir un año más al Congreso del Estado, ahora desde la Junta de Gobierno y Coordinación Política que sustituirá a la Gran Comisión
No obstante, a unos meses de concretarse la instalación de la XVI Legislatura, ya se vislumbran estrategias políticas que podría tomar el Morena con sus aliados para superar en número de diputados al PAN y no permitirle gobernar un año la Junta de Coordinación Política, que es el objetivo de Eduardo Martínez Arcila.
Eduardo Martínez Arcila perdió la razón al ostentar el poder político y financiero que implica estar al frente de la Gran Comisión del Congreso del Estado durante tres años, por lo que en su ambición desmedida pretende continuar con ese control en la XVI Legislatura para la cual fue reelegido.
Para ello, pactó con el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Pallares Bueno, quien de acuerdo a los estatutos del blanquiazul es el encargado de nombrar al coordinador de los diputados de Acción Nacional, por lo que espera que éste lo ratificará en esa calidad, luego de que en la negociación está recibir el respaldo de Martínez Arcila para reelegirse como presidente del PAN por un periodo más.
De tal manera, ambas figuras han sido artífices del desastre en este partido, que pasó de dominar la mayoría del Congreso, alcanzar la gubernatura y gobernar diversos ayuntamientos, a regresar de manera vertiginosa a lo que era antes, una fuerza política disminuida, sin figuras y contralada sólo por un pequeño grupo.
Sin embargo, Pallares y Arcila pactaron para mantener privilegios a costa de que siga en detrimento el partido. Ahora al repetir como diputado plurinominal, Eduardo Martínez pretende hacer a un lado a las diputadas Teresa Atenea Gómez Ricalde, Roxana Lili Campos Miranda y Cristina Torres Gómez, para imponerse como coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, lo que le permitirá presidir la Junta de Coordinación Política durante un año.
Así pues, no le basta haber encabezado durante tres años el manejo financiero, administrativo y político de la XV Legislatura, sino que quiere prolongar su control un año más, que es lo que le permite la distribución de espacios entre partidos políticos en la XVI Legislatura, donde la alianza encabezada por el Morena tendrá la mayoría.
De tal manera, Martínez Arcila se cree dueño de Acción Nacional y a pesar de su fracaso político, quiere dominar el escenario venidero mediante sus “mañas”, que se asemejan mucho a las de los priistas que tanto criticó.
Asimismo, pretende pasar por encima del hecho de que la gran mayoría de la bancada del PAN en la próxima Legislatura serán mujeres y se impondrá como coordinador del grupo, siendo el único del sexo masculino.
Para eso confía en que se siga la histórica línea política machista del PAN, que no favorece a los liderazgos femeninos, por lo que poco importará al partido la experiencia política previa que tienen Cristina Torres Gómez, que fue presidenta municipal de Solidaridad, y Roxana Lili Campos Miranda, que fue consejera jurídica del gobierno del estado.
Tampoco pesarán los señalamientos de manejos indebidos de recursos, inflación irregular de la nómina, contratos irregulares de bienes y servicios con allegados, y despilfarro y desvíos de ayudas sociales que se han hecho a Martínez Arcila durante tres años de presidente de la Gran Comisión, pues confía en el pacto que hizo con Juan Carlos Pallares Bueno para sostenerlo en la coordinación del grupo legislativo del PAN.
Esta es otra treta del actual presidente de la Gran Comisión y diputado reelecto por la vía plurinominal, para obtener control sobre la próxima Legislatura de mayoría morenista, a la cual mediante la manipulación del decreto de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo pretende imponer por casi tres años más al actual contralor interno, Jorge Rejón Chan, así como por un mes al actual oficial mayor, Gerardo Martínez García, todo para que le cubran las espaldas durante el proceso de entrega-recepción de la Gran Comisión a la nueva Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Este es su “blindaje de impunidad” para asegurar su estadía por tres años en el Congreso del Estado, beneficiándose del erario público, ante el dispendio y los desvíos que permitió a los diputados y que encabezó durante los 3 años en la XV Legislatura, y así poder presidir el Congreso en la próxima Legislatura un año más.
Para ello, primero buscó cubrirse las espaldas con la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, que indebidamente mantuvo oculta por más de cinco meses y que finalmente revela todo un “paquete de impunidad”, al viejo estilo priista que tanto criticó el diputado del PAN.
Con esta ley evitará revisiones del dispendio de ayudas sociales, pues al establecerlas en la nueva norma “legalizan” los abusos cometidos, los cuales han dado lugar a denuncias penales por desvíos de recursos.
Además, pretende que prevalezca la irresponsable forma en la que la nómina del Poder Legislativo fue inflada con fines políticos.
La XV Legislatura infló la nómina del Congreso casi al doble, pues cuando inició en 2016 había 389 plazas, mientras que en 2018 se llegó a 609 empleados.