No debe quedar impune

Por Gabriel E. Manzanilla

CHETUMAL, 14 de agosto.- Por sus señalamientos de corrupción y mal manejo de los recursos públicos en el Congreso del Estado, el diputado Eduardo Martínez Arcila debe ser investigado por la próxima XVI Legislatura, la cual deberá proceder con el juicio político y las sanciones que sean necesarias en caso de encontrarle alguna responsabilidad, ya sea administrativa o de tipo penal, que pudiera incluso derivar en hechos posiblemente constitutivos de delito.

Así lo consideró el presidente de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo, Jorge Luis Ovando Martínez, quien dijo que es una burla y un insulto para los quintanarroenses que Martínez Arcila repita como diputado plurinominal en la XVI Legislatura, “si buscase su diputación a través del voto ciudadano seguramente la pierde, pero lo hizo por la vía plurinominal, porque sabe que no tiene la aceptación del pueblo quintanarroense”, manifestó.

Ovando Martínez pidió el juicio político para Martínez Arcila en su carácter de presidente de la Gran Comisión del Congreso local, desde donde fue acusado y hasta denunciado por corrupción y presunto desvío de recursos, especialmente por el tema de la opacidad y derroche de casi 200 millones de pesos bajo el rubro de “ayudas sociales”, sin que a la fecha haya aclarado el uso y paradero de tanto dinero.

“Será responsabilidad de la legislatura entrante auditar e investigar a Martínez Arcila, los próximos diputados también deben proceder con el juicio político en caso de encontrarle alguna responsabilidad, ya sea administrativa o hasta de tipo penal, porque la investigación también puede arrojar hechos posiblemente constitutivos de delito”, comentó.

Mencionó que la actual XV Legislatura resultó peor que las anteriores, con un enorme rezago en iniciativas no atendidas y que finalmente fueron todas desechadas, mientras que aquellas que lograron salir se hicieron al vapor, sin el debido análisis y a espaldas de la ciudadanía, por lo que se ganaron el repudio de los sectores perjudicados como la Ley de Movilidad, la Ley de Protección y Bienestar Animal, la llamada “Ley Casitas”, la creación del impuesto de saneamiento ambiental, el aumento de impuestos y derechos, entre otros temas.

Indicó, además, que no conforme con “secuestrar” al Congreso y utilizarlo a su antojo, este diputado plurinominal panista se fabricó su propio “blindaje de impunidad” a través de una nueva Ley Orgánica que le permite imponer al actual contralor interno por un periodo de casi tres años, el tiempo que durará la XVI Legislatura, quien estará encargado de cubrir las espaldas de los diputados salientes.

“Su administración es muy cuestionada por la opinión pública y por distintos representantes de la sociedad civil organizada. La XV Legislatura se autorizó un presupuesto exorbitante que se manejó en total opacidad, lo peor es que no hubo resultados positivos que beneficien a la ciudadanía. Esperamos que los diputados de la siguiente legislatura hagan un buen trabajo y no sucumban ante el poder y los privilegios del cargo conferido”, concluyó Ovando Martínez.