Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 17 de septiembre.- Por estar sujetos a una investigación de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), fueron separados del cargo José Manuel González Acosta y Edwin Azmir Díaz Tello, director general de Administración y director de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor de Gobierno, respectivamente.
González Acosta fue suspendido por tan sólo 15 días, mientras que Díaz Tello quedó inhabilitado por 6 meses, derivado de una investigación de la Secoes por irregularidades en el proceso de licitación para la elaboracion de los uniformes escolares del ciclo 2017-2018, contrato que quedó en manos de la empresa poblana Comercializadora Adicon SA de CV., de la que POR ESTO! de Quintana Roo dio a conocer puntualmente que se trataba de una empresa irregular y aparentemente “fantasma”.
Durante una conferencia de prensa para hablar de sus resultados en este tercer año de gobierno, el oficial mayor Manuel Alamilla Ceballos confirmó que los dos funcionarios a su cargo se encuentran fuera de servicio, quienes deberán responder ante los requerimientos que haga la Secoes, cuyo titular es Rafael del Pozo Dergal.
No obstante, tal parece que la Secoes pretende desviar la atención al enfocarse en estos dos funcionarios menores de la Oficialía Mayor, quienes están bajo la supervisión y siguen órdenes de Manuel Alamilla, por lo que éste vendría siendo el principal responsable de la irregular contratación de la empresa de origen poblano, Comercializadora Adicon SA de CV, la cual estuvo encargada de fabricar alrededor de 222 mil uniformes escolares y por los que el gobierno del estado pagó 104 millones de pesos en 2017.
Como parte de las anomalías que oportunamente se dieron a conocer en POR ESTO! de Quintana Roo, es que la empresa poblana tenía un giro que no correspondía al ramo de textiles, además de que no existía físicamente en la dirección que proporcionó a la Oficialía Mayor del gobierno de Quintana Roo, entre otras irregularidades que apuntaban a una simple fachada de una empresa aparentemente “fantasma”.
De la investigación de la Secoes también se desprende de una denuncia interpuesta por la sociedad civil organizada, que además pedía comprobar en dónde quedaron los 12 millones de pesos que supuestamente la Oficialía Mayor le impuso a la empresa Comercializadora Adicon, por incumplimiento en la entrega de los 222 mil kits de uniformes en el 2017, ya que no existe constancia de que se haya podido cobrar esa fianza.