Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 2 de septiembre.- Asociaciones civiles reprobaron a los diputados de la XV Legislatura por el irregular manejo del presupuesto asignado, por sus actos de corrupción, por el amiguismo y compadrazgo en la asignación de cargos públicos, por el presunto desvío de recursos que se hizo a través de “ayudas sociales”, así como por ser de los más caros y menos productivos del país.
Las asociaciones que se mantuvieron vigilantes del trabajo y resultados de la XV Legislatura fueron Somos tus Ojos–Transparencia por Quintana Roo, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, El Barzón Quintana Roo y también el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que año con año evalúa el desempeño de los congresos de cada entidad federativa.
Los diputados que hoy dejan el poder salieron reprobados por estas agrupaciones, que enlistaron al Congreso de Quintana Roo como uno de los más caros y menos productivos del país, ya que al inicio de la XV Legislatura sus integrantes se autorizaron un aumento presupuestal que no sólo fue enorme, sino además no estaba justificado.
En múltiples ocasiones las asociaciones civiles reclamaron el alto gasto que cada uno de los 25 diputados generó a los quintanarroenses. Tan sólo en 2018, la XV Legislatura se convirtió en una de las más caras del país, donde cada uno de sus 25 diputados costaron a los quintanarroenses 18.7 millones de pesos.
El presupuesto asignado en el año 2016 para el Congreso de Quintana Roo, que correspondió al último año de la pasada XIV Legislatura, fue de 340 millones 767 mil 863 pesos; mientras que para el 2017, justo el primer año de haber entrado en funciones la actual XV Legislatura, sus diputadas y diputados se aumentaron los recursos hasta 435 millones 872 mil 332 pesos, sin ninguna justificación y quedando para uso discrecional de estos representantes populares.
Los legisladores tampoco respetaron las medidas de austeridad en 2018, año en que se volvieron a subir el presupuesto para dejarlo en 468 millones 858 mil 458 pesos, sumando así un aumento sustancial de casi 130 millones más en sus primeros dos años de labores. En este 2019 mantuvieron un presupuesto similar, ya que únicamente le redujeron 16 millones de pesos, pero porque se trató de un año electoral.
A pesar de las insistencias de la sociedad civil organizada para que los diputados disminuyan su ingente presupuesto y lo redirijan a áreas torales para el estado, éstos hicieron caso omiso y se sirvieron con la “cuchara grande” el presupuesto del Congreso, acusados de enriquecerse a costa del erario y también de emplearlo para su publicidad y campañas electorales.
El Observatorio Legislativo indicó que los más de 450 millones de pesos de presupuesto del Congreso de Quintana Roo sobrepasan a los 327 millones de Nuevo León, los 283 de San Luis Potosí y Querétaro, así como los 174 millones de Coahuila.
El análisis del Observatorio Legislativo destaca que lo que llama la atención es que los estados antes mencionados tienen un mayor número de población que Quintana Roo; por ejemplo, en Nuevo León se tiene a 5 millones 119 habitantes, mientras que en la entidad se registra un millón 501 mil residentes.
La nueva Legislatura sustituirá a un Congreso que ha sido de los más mediocres que ha tenido la entidad en su historia. Además, los actuales diputados enfrentan señalamientos de corrupción y también cuestionamientos por la falta de resultados a favor de los quintanarroenses.
De entrada, el Observatorio Legislativo presentó de manera oficial una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del programa de apoyos sociales que lleva a cabo el Congreso de Quintana Roo.
La denuncia va encaminada para que la Fiscalía investigue en realidad cuántos recursos se han utilizado en estas supuestas ayudas, pues sobresalen parientes, familiares y amigos de diputados locales, de acuerdo con el análisis del Observatorio Legislativo.
Lo mismo hizo la asociación Somos tus Ojos, que aunque interpuso diversas denuncias por el delito de peculado (malversación de fondos públicos) en la Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de transparentar las “ayudas sociales” y aclarar el paradero de estos recursos; hasta la fecha las investigaciones simplemente no caminan y no se tienen avances contundentes.
Los denunciantes han descubierto un irregular manejo del dinero público y la existencia de falsos beneficiarios en la lista de ayudas sociales, de personas que aseguran no haber recibido ningún tipo de apoyo del Congreso del Estado, pero que sus nombres aparecen junto con documentos apócrifos, además de la falsificación de sus datos personales y hasta su firma.
En dos años y medio, entre septiembre de 2016 y hasta marzo de 2019, los 25 diputados y sus suplentes derrocharon casi 180 millones de pesos en “ayudas sociales”, una partida cuyo manejo ha sido totalmente opaco y, como ya se dijo anteriormente, existen denuncias por el delito de peculado o desvío de recursos.
Las asociaciones civiles también han criticado a la XV Legislatura por el amiguismo y compadrazgo en la asignación de cargos públicos, señalados de colocar a recomendados de sus partidos y del gobierno en turno, como un pago de cuotas partidistas o favores políticos adquiridos en épocas de campaña.
De hecho, por estos nombramientos a modo también existe una denuncia contra Fernando Gama Rodríguez, quien fue impuesto como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, pero que se le comprobó que mintió y falseó su información para poder llegar al cargo, lo que dejó ver un descarado hecho de corrupción dentro de un organismo que supuestamente está encargado de combatirla.
Aunque la XV Legislatura reconoció que el nombramiento de Gama Rodríguez fue ilegal, sus integrantes se lavaron las manos y decidieron no proceder contra el funcionario, convirtiéndose en cómplices de este organismo anticorrupción que, desde un principio, nació corrupto y sin credibilidad.
La asociación Somos tus Ojos interpuso una denuncia por este confirmado hecho de corrupción, logrando acreditar que Fernando Gama Rodríguez había entregado una serie de documentos apócrifos con los que fingió que cumplía con la residencia de 10 años en el estado de Quintana Roo.
La prueba evidente fue que Fernando Gama presentó un currículum falso al Congreso, en el que no informó que trabajó del 2012 a febrero de 2015 en el Estado de México, incumpliendo así con los diez años de residencia en el estado que exige la ley para ocupar el cargo de magistrado, pero a pesar de ello se le ha permitido mantener su puesto en el Tribunal de Justicia Administrativa.
La sociedad civil organizada también califica a los diputados salientes como de los menos productivos en muchas legislaturas que han pasado por el Congreso de Quintana Roo, lo cual fue presentado por el Observatorio Legislativo en un informe respecto a las labores realizadas por la XV Legislatura.
El informe destaca inasistencias, falta de transparencia presupuestaria y falta de conclusión en las iniciativas que presentaron; se suman investigaciones y denuncias realizadas por Somos tus Ojos Transparencia por Quintana Roo, que señala manejos irregulares en las partidas destinadas a ayuda social.
Se observó que la legislatura saliente fue la que más iniciativas presentó, pero también fue de las que menos atendió, dejando más de 300 propuestas archivadas e inconclusas, por lo que se vio obligada a aprobar un acuerdo para desecharlas todas.
Un elemento de observación en el cual se insiste en este periodo fue la transparencia, situación que se manejó de manera mediática, para simular o aparentar el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas, ya que en el aspecto de la utilización de los recursos financieros, las asociaciones civiles fueron muy repetitivas al señalar la opacidad, sobre todo en el manejo de la mal llamada partida de “ayudas sociales”.