Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 18 de enero.- Tras darse a conocer que a nivel federal el outsourcing ilegal será investigado como un delito grave, el presidente de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo, Jorge Luis Ovando Martínez, dijo que en el estado existen muchos profesionistas que trabajan bajo este esquema de subcontratación, pero existen casos donde no tienen las condiciones ni prestaciones laborales adecuadas, además de no poder generar antigüedad porque constantemente están renovando sus contratos.
La subcontratación o contratación mediante terceros, mejor conocida como outsourcing, es tan común en nuestro estado que de cada 10 empresas, 6 o 7 trabajan bajo este esquema, indicó Ovando Martínez.
No obstante, dijo que existen dos tipos de outsourcing, el legal y el ilegal, este último es el que a nivel federal será investigado como un delito grave, al grado de poder perseguirse y castigarse como delincuencia organizada.
Ovando Martínez no descartó que en Quintana Roo existan empresas que estén mal empleando este esquema de subcontratación, pues son muchos los profesionistas que trabajan de esta manera, pero sin tener las condiciones ni prestaciones laborales adecuadas, además de no brindarles certidumbre laboral al no permitirles generar antigüedad, ya que constantemente están renovando sus contratos.
“Sabemos que el outsourcing es un apoyo para las empresas y por eso cada vez es más común en nuestro país, pero tampoco está bien que se perjudique al trabajador con algo ilegal, porque afecta sus ingresos y derechos laborales, no tienen estabilidad en el empleo, ni reparto de utilidades y tampoco generan antigüedad; también se les obliga a trabajar en días inhábiles, pero sin pagarles lo que por ley corresponde; no perciben aguinaldo o es menor a lo establecido, muchos ni siquiera tienen seguro social y también hay muchos casos donde el salario registrado es menor a lo que les pagan, pues igual es una forma de evasión fiscal”, explicó el líder de los profesionistas.
Por todo lo anterior, Ovando Martínez celebró que el outsourcing empezará a estar más vigilado en el país, de manera que se puedan detectar las prácticas ilegales que perjudican a los profesionistas quintanarroenses.
Finalmente, recordó que desde el año 2017, en Quintana Roo se hicieron reformas para que paguen el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) toda persona física, moral o unidad económica que contrate la prestación de servicios de personal con un tercero, intermediario laboral o cualquiera que sea su denominación, domiciliado dentro o fuera del territorio del estado; esto como una forma de combatir el outsourcing ilegal.