Por Víctor Rodríguez
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 19 de enero.- El agua no es una mercancía, a pesar de que el estado renuncia a cumplir con su obligación de dotar del servicio a la ciudadanía como un derecho humano y lo entrega en privatización a empresas particulares, que mediante corrupción colocan cláusulas con penalizaciones altísimas si se pretende la cancelación, expuso la ambientalista Guadalupe de la Rosa Villalba, al participar en las mesas de trabajo ciudadanas hacia la nueva Ley General de Aguas en México.
La integrante del Movimiento Ciudadano Ecologista, Moce Yax Cuxtal sostuvo que ante la nueva Ley General de Aguas, la Península de Yucatán debe tener un trato diferente por el tipo de suelo. Es decir, está poco profunda el agua dulce para su extracción, incluso tiene mayor vulnerabilidad de ser contaminada, a diferencia de lo que sucede en otras regiones del país, observaciones que harán llegar al Congreso de la Unión para la discusión del tema.
En el caso de la privatización del agua, disfrazada de concesión, estableció que el problema es que les dan a los particulares cierto número de metros cúbicos sin importar si se abastece a las comunidades indígenas y ejidos, sino que le dan preferencia a los privados, pero además sin el cuidado adecuado, afectando los caudales, lo que se ve agravado por la contaminación y el secado de los pozos.
Lupita de la Rosa dijo que quien tiene el control del agua quiere controlar la vida, lo que se evidencia con el estado que evade su responsabilidad para dar las concesiones. “Del ciento por ciento de las concesiones entregadas, un siete por ciento tienen el control toral, no sólo para la extracción sino también de su regreso al manto acuífero, muchas veces contaminado y más en nuestra región, que es frágil con su suelo”, enfatizó.
Dijo que durante las mesas de trabajo ciudadanas hacia la nueva Ley General de Aguas en México se tomaron las observaciones necesarias que se unirán con los comentarios de Yucatán y Campeche, para que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) le dé la forma jurídica y sea presentado a los legisladores que estarán discutiendo las modificaciones, insistiendo en que la Península debe tener un trato diferente al resto del país para el cuidado del vital líquido.