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Quintana Roo

Auditoría Superior de la Federación podría sancionar al Congreso de Quintana Roo

La ASF ha realizado dos auditorías al Congreso, de haber una tercera, podrían sancionar al órgano legislativo.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso reconoció que hay más de 50 aviadores en la nómina. Foto Eric Castillo.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso reconoció que hay más de 50 aviadores en la nómina. Foto Eric Castillo.

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado dos observaciones recurrentes al Congreso de Quintana Roo“y la tercera auditoría ya viene directa y sancionaría a la XVI Legislatura en conjunto”, se inició el proceso para concluir la relación laboral con el personal que cobraba sin trabajar en el Poder Legislativo, reconoció el presidente de la mesa directiva de la Junta de Gobierno y de Coordinación Política, Gustavo Miranda García.

Destacó que su responsabilidad como presidente es “evitar que eso suceda” y por ello se ha emprendido el despido de los empleados que se encontraban como aviadores, lo cual obedece a que se requiere eficientar los recursos del Congreso de Quintana Roo, debido a las observaciones de la ASF.

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En tanto, insistió en que no dará a conocer nombres ni apellidos de los involucrados pese a la denuncia interpuesta por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por parte de una organización de la sociedad civil que insiste en que dé a conocer la identidad de los mismos.

Por otra parte, lamentó que las decisiones que se tomaron respecto a los recortes al capítulo mil en el Congreso local detonaron una “guerra sucia” en su contra.

“Me informan que hubo una denuncia ante la Fiscalía (por presuntamente ocultar información relacionada con los aviadores), pero creo que todos saben que es producto de una ‘guerra sucia’, porque cuando antes todo se manejaba ‘como siempre’, nadie dijo nada y nadie hizo nada, y cuando empezamos a hacer recortes y tocamos intereses es cuando nos quieren denunciar, la respuesta es que no nos vamos a dejar y vamos a continuar (con) la transformación”.

“Se solicitaba que mencione los nombres, evitaré exponer los datos personales, pero hay que poner orden y evitar confrontaciones, hay que avanzar y ver hacia adelante”.

Recordó que “hay un poco más” de 50 aviadores y que el costo del pago a estas personas significaba la erogación de más de 500 mil pesos al mes.

Sin embargo, para el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, más allá de la situación que prevalece al interior del Congreso, con respecto a la obesidad en la nómina, “no debe quedarse en un asunto mediático, debe haber una situación más detallada de ¿quién los aprobó?, ¿en qué áreas estaban?, ¿a qué partido pertenecen?, porque lo que sabemos es que de acuerdo con quien está conduciendo los recursos y la administración se va ayudando a sus grupos políticos, esto no debería de ser, el Congreso debería tener su estructura de personal de acuerdo a las funciones que tiene que hacer y no a acomodar a personas de sus grupos políticos o fracciones de partido”.

El dirigente comentó que “también se ha dado mucho el nepotismo e incluso, en otras legislaturas hemos detectado a diputados que ponen a personas para que reciban un sueldo y que ellos a su vez se lo entregan al diputado”.

En tanto, recordó que se ha enunciado que hay diputados que cobran algunas partidas que no se transparentan, “son ayudas complementarias y para el gasto de sus casas de gestión que es a veces tres veces superior a lo que reciben de dieta o sueldo y de eso no hay información, si se quiere hacer una nueva dimensión en materia de transparencia que se aplique a todo”, comentó.

Por otra parte, Galaviz Ibarra expuso que el diputado Gustavo Miranda “ha hecho propaganda so pretexto de su informe de labores para promover su imagen, como si fuera precampaña de algo y no tiene ningún sentido porque los informes se hacen ante sus electores y en su distrito”.

De acuerdo con fuentes del Congreso, no es del interés del presidente levantar demandas en contra de los aviadores, pero se consultaría al área jurídica lo procedente.

Mientras que, respecto a la denuncia que interpuso una organización civil ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, se informó que el presidente no ha recibido notificación.

Por Fátima Miranda

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