Quintana Roo ha sido señalado de manera constante por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido al hacinamiento que prevalece en sus Centros de Readaptación Social (Cereso), en aspectos que garantizan la integridad personal de los internos, la estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social con tendencia a empeorar o no mejorar y atención a las personas privadas de la libertad con requerimientos específicos sin avances.
Además, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cada 10 personas que están recluidas debe haber, por lo menos, un custodio penitenciario, sin embargo en 2019 y de acuerdo con el reporte dado en ese mismo año por la Secretaría de Seguridad Pública en su diagnóstico general y estrategia penitenciaria, hay un déficit de 234 empleados en el área, pues cada uno de los 81 con que cuenta es responsable de 67 presos.
En los últimos tres años -2017, 2018 y 2019- los Centros de Reinserción Social de Quintana Roo no han logrado llegar al 6.5 en las evaluaciones que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); a la fecha, el centro penitenciario de Cancún es el que muestra alertas en cuatro de los cinco puntos en análisis, incluso la situación que prevalece en este sitio motivó que la Comisión hiciera una recomendación al gobernador Carlos Joaquín González en junio pasado, con relación a las deficiencias que vulneran las garantías individuales de las mujeres privadas de la libertad en las cárceles de Cancún y Chetumal.
En el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales de 2019 -que reporta las cifras del año anterior- del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fueron contabilizadas 2 mil 243 personas privadas de la libertad en Quintana Roo y en este año –que revela los datos del 2019- la cifra subió a 2 mil 488 en los cuatro Ceresos del estado. Entre todos suman una capacidad de 2 mil 329 espacios con relación a las camas útiles instaladas.
De acuerdo con el reporte de 2019 de la CNDH, la cárcel de Cancún contaba con capacidad para 895 hombres y 52 mujeres pero su población excedía el cupo máximo, pues en el recorrido hecho por el personal de la Comisión hallaron a mil 221 presos y 57 presas, por lo que la tendencia en ese sentido fue a la baja. La calificación otorgada fue de 6.12.
Con respecto al Cereso de Chetumal, la capacidad es de mil 214 y el año pasado la ocupación fue de 926 por lo que tiende a mejorar; la evaluación le dio a este sitio 6.23 puntos.
En el Centro de Readaptación de Cozumel, la población privada de su libertad también disminuyó 49 lugares, por lo que la CNDH le proporcionó un 6.68
El penal de Playa del Carmen quedó en color rojo, pues fue detectada una sobrepoblación de 89 personas, de tal manera que no aprobó el examen y el puntaje alcanzado llegó al 5.85.
En 2019 la CNDH alertó sobre la presencia de condiciones para que en el Centro de Reinserción Social Benito Juárez en Cancún y en el de Chetumal existieran autogobiernos o cogobiernos. En este contexto, los datos del Inegi muestran que en 2019 hubo 8 incidentes en los penales de Quintana Roo, entre ellos dos evasiones de reos, dos motines y tres riñas.
Presupuesto
El reporte de egresos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo para el período de enero a marzo de 2020, indica que para la dirección del Centro de Reinserción Social en Cancún, se destinaron 20 millones 535 mil 303 pesos; para el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, ubicado en Chetumal, el monto fue de 2 millones 285 mil 228 pesos; en tanto que para la dirección del Centro de Reinserción Social (sin especificar nombres) el recurso aprobado es de 16 millones 287 mil 87 pesos.
En cuanto a este rubro, el reporte del Inegi reveló que Quintana Roo destinó, en 2019, 119 millones 898 mil 961 pesos, de este dinero 107 millones 266 mil 72 pesos fueron para los tres Ceresos de adultos y 12 millones 632 889 para el de adolescentes.
De los cuatro de Ceresos en función dentro del territorio quintanarroense, ninguno es del orden federal, es decir que son competencia del gobierno estatal, sin embargo en ellos, de acuerdo al Inegi, hasta el 2019 estaban recluidos 241 hombres y 27 mujeres por haber cometido delitos del fuero federal, más otros 56 adultos por faltas federales y del fuero común, pero en el presupuesto federal para el actual ejercicio fiscal no está considerado recurso público para los centros de reclusión y readaptación social.
Entre los delitos del fuero federal por los que hay personas privadas de su libertad en Quintana Roo están los que son contra la salud, relacionados con narcóticos, en materia de armas, explosivos y otros materiales explosivos, asociación delictuosa, terrorismo, ejercicio indebido del servicio público, trata de personas y sustracción o posesión ilícita de hidrocarburos, entre otros.
Reubicación
En los planes a 10 años del actual Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) de Benito Juárez, está la reubicación del Centro de Desarrollo Social sin embargo no detalla fechas, costos ni ubicación, esto a pesar de que el lugar quedó en medio de la mancha urbana de Cancún.
Sacar el Cereso de este destino turístico es un plan añejo que, a 14 años de que la Manifestación de Impacto Ambiental fue ingresada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), éste no ha prosperado.
El proyecto del Centro de Readaptación Social de la zona norte, al cual se le asignó el número 23QR2004UD025, fue ingresado a la Semarnat el 20 de abril de 2004, propone que éste sea construido en tierras ejidales de Leona Vicario, en ese entonces pertenecientes al municipio Benito Juárez, a 33 kilómetros de Cancún, en un predio de 51 hectáreas. El costo, en ese año, era de 420 millones de pesos para construir 15 mil metros cuadrados.
La capacidad proyectada para este penal era de mil 612 personas en total, mil 490 hombres y 122 mujeres, y se calculaba una inversión de 420 millones de pesos para la construcción y 18 millones para gastos de operación.
Mientras que este proyecto sigue vigente para la Agencia Estatal de Proyectos del Estado (Agepro) a cargo de Eduardo Ortiz Jasso, quien dijo que es la Secretaría de Seguridad Pública la que deberá decir si va o no.
Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su reciente gira por Cancún, dijo que en los planes de presupuesto del gobierno federal no está la construcción de un Cereso en la zona norte de la entidad.
Recomendación de CNDH a CJG
En junio pasado, la CNDH hizo una recomendación a Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, para mejorar las condiciones en las que están las mujeres privadas de su libertad en los Ceresos de Chetumal y Cancún.
El contexto expuesto por la Comisión es que en los últimos años ha observado que en el Sistema Penitenciario del Estado de Quintana Roo supervisado por el Diagnóstico Nacional, no hay un establecimiento penitenciario específico para mujeres, lo que representa una situación de vulnerabilidad para ellas y muestra deficiencias en espacios, salud, trabajo, capacitación, educación y deporte.
En el oficio dirigido al mandatario estatal fue especificado que deberá realizar las acciones pertinentes para que las mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios mixtos cuenten por lo menos con un Centro de Reinserción Social Femenil específico para ellas y en caso de no ser posible en ese mismo plazo asignen o programen recursos presupuestales, materiales y humanos necesarios que permitan la organización y el funcionamiento independiente del área destinada para las mujeres, desde su titular, que deberá ser mujer, hasta el personal de las áreas jurídica, técnica, médica, administrativa, así como de seguridad y custodia.
Además tendrá que hacer las adecuaciones necesarias en su infraestructura y equipamiento para que no haya sobrepoblación y hacinamiento y deberá enviar las pruebas de cumplimiento correspondientes a la Comisión.
También deberá garantizar que cada una de las personas recluidas tengan alimentación adecuada en cantidad y calidad, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y no seguir violentando el derecho a la alimentación, entre otras observaciones.
Por Eva Murillo