“La violencia contra la mujer es un grave problema que prendió las alertas y que pareciera que no queremos reconocer”, señaló Lucio Hernández Gutiérrez, encargado del despacho de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP).
Dijo que en las cárceles de Quintana Roo hay 800 presos por el delito de violación, que lo ubica en el tercer lugar, sólo abajo del delito de robo, con mil 100 reclusos y el de homicidio, con 900 reos, aproximadamente.
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Pero si se suman los que están presos por abuso sexual (150), hostigamiento sexual (55), acoso sexual (70), feminicidios (9) y otros relacionados con violencia contra la mujer (60), rebasan al primer lugar, subrayó.
El también exsubsecretario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad señaló lo anterior al participar en la “Mesa de Soluciones en Seguridad” organizada por el diputado Luis Alegre López.
“Es un problema que ya enciende las alertas y que pareciera que no queremos reconocer, lo cual obliga a la implementación inmediata de acciones para atender esta grave situación que enfrenta el Estado”, afirmó.
Precisó que hace dos años, cuando llegó a la entidad, en Quintana Roo había una población penitenciaria de 2 mil 665 personas y actualmente son 3 mil 224.
“De este total, más de 1 mil 100 están detenidas por el delito de robo en sus diferentes modalidades; seguido del homicidio, con cerca de 900 privados de la libertad y en tercer lugar 800 que purgan el delito de violación”.
Explicó que desde hace dos años se implementó al interior de los centros penitenciarios una serie de programas de atención psicológica, grupales y progresivos, según cada caso de perfil clínico criminológico.
“La intención era atender de raíz esa problemática conjuntamente con sus familiares, esposas, madres e hijos, a través de las áreas de Trabajo Social, Psicología, Pedagogía y Criminología del Comité Técnico”, explicó.
El funcionario propuso que para combatir la violencia contra las mujeres se debe obligar a través de las leyes y con programas de profesionalización la formación policial en el tema.
También puso en la mesa la necesidad de crear manuales y protocolos de acción para la intervención en procesos del libre derecho a la manifestación, así como del uso de la fuerza policial.
“Será también necesaria la implementación de políticas públicas de prevención de la delincuencia desde un enfoque cultural, social y familiar”, finalizó el encargado del despacho de Seguridad.
Por su parte la diputada federal, presidente de la Comisión de Equidad y Género, Wendy Briceño, dijo que se tiene que pensar la seguridad pública como algo que lleve a la cohesión social.
“Las acciones deben ser preventivas, para evitar feminicidios y violencia de género; a nivel nacional sólo 4.2% de los ministerios públicos están capacitados en violencia de genero”, subrayó.
También los gobiernos deben implementar medidas preventivas, revisar qué se está haciendo y si son efectivas, así como la respuesta de las autoridades ejecutoras de la seguridad y la justicia.
“La primera respuesta de una autoridad nunca puede ser la represión de la libre manifestación de las ideas, porque lo que está en el centro de las manifestaciones es legítimo”, aseveró.
La pandemia ha recrudecido estas violencias, las más afectadas en una crisis siempre van ha ser las mujeres, son las primeras en perder el empleo y las niñas, la primeras en quedarse sin estudios, dijo.
“Hay que aumentar los espacios de diálogo, de interacción, porque es cierto que hay una tendencia feminicida nivel nacional”, sentenció la legisladora federal.
En esta misma mesa, Óscar Montes de Oca, fiscal general de Quintana Roo, reconoció que dicha instancia enfrenta un fuerte rezago en delitos contra la mujer y en la prevención de delitos de género y feminicidios.
“No estamos trabajando en la prevención, no estamos coordinados, no estamos identificando los patrones de agresión, no tenemos un plan de protección, no tenemos identificados a los potenciales agresores, no tenemos localizadas las zonas criminógenas, no tenemos una unidad de análisis para el delito de protección a personas de derechos humanos y periodistas, ni tampoco para el tema de violencia de género”, reveló.
La Fiscalía de Delitos Contra la Mujer está saturada, con un rezago impresionante, se contrataron peritos para determinar 3 mil dictámenes psicológicos que están en rezago, “hemos pedido ayuda y recibido muy poca”, aseguró.
Por Lino Sarmiento