En Quintana Roo de los dos mil 132 elementos asignados a Seguridad Pública, mil 799 están obligados a ser evaluados, en 2019 sólo mil 541 estuvieron sometidos a exámenes de control de confianza y de ellos 127 no aprobaron, esto de acuerdo a las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en octubre pasado. Del total del personal que labora en las corporaciones policiales mil 523 trabajan en la policía preventiva, 76 en las áreas de Tránsito, nueve están en la policía cibernética y 63 se encuentran distribuidos en otros tipos de corporación, entre ellas el área ministerial.
El desempeño o actuación incorrecta de los encargados de mantener el orden social, cuidar la seguridad de los habitantes de Quintana Roo y de impartir justicia, ha generado 288 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra agentes de Seguridad Pública Municipal entre enero y octubre, más otras 164 contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que representan el 34 por ciento del total de quejas que ha recibido la Comisión en este año.
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El hecho violatorio que más quejas ha generado es el relacionado a la violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica (734), seguido de violaciones al derecho a la libertad (223) y de violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal (182).
Para Raúl Sampién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) el éxito de las estrategias de seguridad depende de la coordinación entre los cuerpos policiales–estatales y municipales- y un plan de carrera que implique profesionalización y especialización de los uniformados.
El pasado fin de semana, durante la reunión de gobernadores de extracción panista en Quintana Roo, las autoridades estatales de Yucatán atribuyeron la baja incidencia delictiva que presenta ese territorio a que los elementos policiacos tienen buenos sueldos y prestaciones, sin embargo, al hacer un comparativo entre estos dos puntos en Quintana Roo, el porcentaje de uniformados que perciben mensualmente entre 15 y 20 mil pesos es similar en ambas entidades, sin embargo, éste último estado no ha logrado disminuir sustancialmente el número de delitos.
De acuerdo a cifras dadas a conocer en octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Yucatán el 65 por ciento de los 5 mil 247 elementos percibe entre 15 y 20 mil pesos de salario mensual y en Quintana Roo es el 53 por ciento de los dos mil 132 uniformados.
Este mismo análisis revela que hasta junio pasado sólo 589 habían tomado uno de tres talleres y ninguno había tomado dos y mucho menos los tres.
Los policías de Quintana Roo, de acuerdo al informe correspondiente a junio, tienen acceso a créditos para la vivienda, cuentan con seguro de vida hasta por dos millones de pesos, así como fondo de retiro, apoyo a familias de los policías, entre otros.
En la entidad desde el 2018 no ha habido ascensos en las corporaciones policiacas cuando 23 uniformados mejoraron en su posición laboral.
El éxito de las estrategias de seguridad no sólo en el ámbito público, también en el estatal, convergen varios puntos más allá de los sueldos y las prestaciones, como por ejemplo el plan de carrera que ofrecen a los policías que ha decidido entregar su tiempo, vocación e incluso la vida a favor de la sociedad, si hay desarrollo para ellos.
Además, los puntos de coyuntura entre las corporaciones estatales y municipales, pues el hecho de que en un papel diga que hay Mando Único en las entidades no garantiza que haya coordinación entre ambas agrupaciones, explicó.
Una de las encomiendas de la presidencia del país fue crear un esquema de articulación entre las fuerzas policiales y eso puede ser la variable más importante que permite que en Yucatán el índice delictivo se menor a diferencia del de Quintana Roo, comentó.
“Debería ser motivo de análisis el ver qué tipo de relación tiene la Policía Municipal con la propia Policía Estatal (en el caso de Yucatán), quizá en Quintana Roo los municipios no tienen una buena articulación”, consideró.
Una muestra de la falta de coordinación entre las corporaciones policiacas en Quintana Roo fueron los hechos en los que elementos municipales de Benito Juárez, adheridos al Mando Único dispersaron a balazos una manifestación ciudadana en contra de la violencia contra las mujeres.
Hasta el momento dicha acción calificada por políticos, funcionarios, asociaciones ciudadanas como un acto represor, no ha sido atribuida a nadie, pues en su momento los titulares de ambas corporaciones dijeron no haber dado la orden, sin embargo, mientras las investigaciones se realizan ambos funcionarios fueron separados del cargo.
El Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas correspondiente a 2019 hecho por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Art. 105), indica que las Comisiones del Servicio Profesional de Carrera (SPC) son instancias colegiadas que tienen por objeto conocer y resolver, de manera eficiente e imparcial, toda controversia que se suscite en relación con los procedimientos de la Carrera Policial.
Además, las Comisiones del SPC deben garantizar la igualdad de oportunidades de desarrollo, permanencia y promoción de los elementos de una corporación con base en el mérito y la experiencia, así como fomentar la profesionalización de los policías mediante la formación, capacitación y actualización permanente.
El Secretariado indica que, para cumplir con su objetivo, toda Comisión del SPC debe contar con los cinco instrumentos normativos referidos en el Programa Rector de Profesionalización: reglamento, catálogo de puestos, manual de organización, manual de procedimientos y herramienta de seguimiento y control.
Quintana Roo carece de manual de procedimientos y herramienta de seguimiento y control, catálogo de puestos, manual de organización, Programa de reconocimiento al mérito policial y ceremonias anuales de reconocimiento al mérito policial.
Por Eva Murillo