A dos años de haber sido suspendido por primera vez, por poner en riesgo el ecosistema marino, el parque flotante Wibit-C3, fue autorizado esta semana por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Fue suspendido la primera vez por orden de un juez, derivado de una denuncia promovida por la asociación Guardines del Manglar, contra el Hotel C-3 y el parque flotante, que en ese entonces se denominada Float Fun Cancún.
Actualmente y de acuerdo a resolutivo publicado el pasado jueves en la Gaceta Ecológica de la dependencia federal, el proyecto denominado Wibit-C3 fue autorizado para instalarse en 5 semanas y operar durante los próximos 10 años.
La publicación fue extemporánea, ya que el resolutivo fue emitido desde el 1 de diciembre de este año, cuya solicitud fue ingresada el 18 de diciembre del 2019, más de un año después de que fue suspendido la primera vez.
De nueva cuenta el promovente es el Banco Invex S.A., Invex Grupo Financiero en su carácter de fiduciario del fideicomiso empresarial F/2665 representado por Grupo Inmobiliario Arca, SA de CV.
Este último es representado a su vez por Armado de Jesús Palma Peniche, quien en 2018 también encabezó este mismo proyecto y el del Hotel C3 en los polémicos terrenos frente a Playa Langosta, mimo lugar donde se colocará el parque flotante.
En esta ocasión la autorización es para el parque flotante, en el que, de acuerdo al promovente, el proyecto pretende realizar una inversión de 450 mil dólares.
De acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de 179 páginas, se identificaron 45 impactos ambientales de los cuales 15 son negativos, pero, aseguran, mínimos temporales y de fácil mitigación.
Argumenta que se colocarán estructuras de PVC especial para no dañar el ambiente y el único contacto con el lecho marino será para fijarlas con 18 anclas metálicas en zonas sin pasto marino.
“El sitio donde se pretende establecer los productos inflables modulares está caracterizado como arenal con presencia de pastos marinos muertos. Esta zona se eligió con la finalidad de minimizar impactos sobre el suelo y fauna marina; además para facilitar el traslado de usuarios a las áreas del Proyecto”, subraya.
Agrega que el sitio propuesto cumple con los requerimientos para causar el menor efecto negativo, ya que no se existen zonas cubiertas de vegetación, solamente la presencia de restos de pastos marinos.
Asimismo, plantea un programa de rescate y reubicación de especies, sobre todo de aquellas que se consideren de poco movimiento como estrellas de mar, pepinos de mar, entre otros que pudieran encontrarse en el sitio.
Señala que no se encuentra dentro de alguna área natural protegida y que el lugar no es sitio prioritario de anidación de las tortugas marinas; pero se consideran medidas preventivas para evitar el impacto hacia las tortugas.
Katherine Ender, representante de la asociación civil Guardines del Manglar, afirmó que en la zona si hay pasto marino, el cual ya es considerado como una especie protegida.
“La fijación de estas estructuras removerá el fondo marino y afectará a esta especie protegida, además de que interrumpirán la filtración del sol y el proceso biológico de la fotosíntesis”, subrayó.
“Se va utilizar el espacio público de la playa afectando a terceros, además de que la primera vez que pretendieron instalarse ya estaban ocupando para hacer su negocio de instalaciones públicas”, dijo.
La activista refirió que en ese entonces se presentó una denuncia penal por el daño al arrecife, así como una solicitud a la Semarnat para que no se les actualizaran los permisos y se los negaron.
“Es muy extraño que se los hayan otorgado, ya que actualmente la Norma 059 Semarnat 2010 especifica que el pasto marino es una especie protegida como los manglares”.
“Ahorita con mayor rigidez no deben colocar ningún tipo de instalación que interrumpa los rayos solares, porque entonces se moriría el pasto marino, hábitat de especies y parte fundamental del ecosistema costero”, subrayó.
“Vamos a solicitar a la Semarnat que se revoque esta autorización, de lo contrario nos iremos a un juicio contencioso, dado que aunque la promovente diga que no, sí hay daño a una especie protegida, entre otras irregularidades”, advirtió.
CG