La parálisis económica a consecuencia de la pandemia por COVID-19 incrementó la morosidad en un 35 por ciento en Chetumal.
Esto ha provocado que diversos despachos de cobranza realicen actos ilegales como la amenaza, señala el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Chetumal, Héctor Pérez Rivero.
Noticia destacada
Licencia en línea para vender alcohol acercará el consumo a menores en Quintana Roo
“Durante la pandemia muchos negocios tuvieron que cerrar, lo que provocó que la economía se detuviera creando retrasos en los pagos de créditos y préstamos de dinero”.
El abogado considera que en Othón P. Blanco, en Chetumal aumentó en 35 por ciento la cantidad de personas en condiciones de morosidad.
“Un 35 por ciento fue el aumento de las carteras vencidas en los despachos, es decir, que si antes tenían 100 deudores ahora tienen 135 deudores”.
El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas explicó que se han disparado las asesorías a personas que están siendo presionadas y amenazadas por despachos de cobranza que, lejos de detenerse durante los meses más difíciles de la pandemia, siguieron reclamando los pagos a la población.
Comentó que las empresas departamentales realizan la cobranza mediante sus áreas responsables o contratan despachos para esa finalidad.
Sin embargo, dentro de esta labor hay una cobranza delictuosa, que incluso es sancionada con hasta cuatro años de prisión y multa de hasta 200 días por llevar la cobranza extrajudicial de manera ilegal.
Esta cobranza delictuosa es cuando quienes acuden ante los deudores utilizan documentos y sellos falsos para amenazar a la gente. Otros se dicen licenciados o abogados, cuando no tienen títulos, incurriendo en usurpación de funciones.
En este sentido mostró un documento donde amenazan a una persona con realizar un embargo y que se llevará una ambulancia para atender a las personas que pudieran tener crisis nerviosa por el suceso.
Sobre estas prácticas irregulares dijo que las asesorías por los casos de deudas se incrementaron exponencialmente, siendo que en 2019 se atendían tres personas por mes, y ahora son alrededor de 22 personas de manera mensual.
Como ejemplo, dijo que se han registrado abusos de la empresa Elektra, donde las personas incluso entran al terreno y amenazan con embargar a los usuarios cuando son procesos extrajudiciales, sin ninguna demanda mercantil.
Por Miguel Ángel Fernández