Por Ramiro Can
CHETUMAL, 20 de febrero.- Este día se llevó a cabo la audiencia de imputación en contra del subdelegado de la comunidad Maya Balam, Pedro R. D., y César J. G. por el delito de extorsión, en las instalaciones de los Juzgados Penales Orales.
Los acusados se reservaron el derecho de declarar y la defensa pidió al juez de control la ampliación del término constitucional para la resolución de la situación jurídica de sus clientes.
La audiencia se llevó a cabo hoy, alrededor de las 07:20 horas, en las instalaciones de la sala 5 de los Juzgados Penales Orales, la cual fue presidida por el juez de control Abraham Loeza.
Primeramente se informó que se iba a llevar a cabo una audiencia de imputación en contra de Pedro R. D. y de César J. G., quienes fueron detenidos en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de extorsión cometido en agravio de la cooperativa Transporte Unido Maya Balam SC de RL, cuyo presidente es Emiliano C. C.
Para ello, el Juzgado Penal Oral asignó a dos defensores de oficio para que asistieran legalmente a los ahora detenidos Pedro R. D. y César J. G.
Posteriormente, el fiscal del Ministerio Público hizo la imputación por el delito de extorsión en contra de los dos detenidos, con base en la carpeta administrativa marcada con el número 14/2020.
En esa carpeta admnistrativa, el agraviado Emiliano C.C. recordó que en el mes de agosto del año 2019 se hizo una asamblea en la que se acordó reincorporar a 153 socios a la cooperativa, previo pago de una cuota de 12 mil pesos.
No obstante, dijo que luego hicieron otra asamblea en la que se acordó aceptar la reincorporación de los 153 habitantes, pero ahora sin pagar nada ni así aceptaron pertenecer a la agrupación, toda vez que Pedro R. D. y César J. G. lo que querían eran las concesiones de la cooperativa Transporte Unido Maya Balam SC de RL.
Fue entonces cuando Pedro R. D. y César J. G. recurrieron a la tortura y detenciones arbitrarias a socios de la cooperativa, a quienes encerraron en la cárcel de poblado Maya Balam con el fin de apoderarse de manera ilegal de las nueve concesiones con las que cuenta dicha agrupación.
Recordó que en el mes de septiembre del año 2019, el subdelegado de Maya Balam, Pedro R. D., y César J. G., junto con otras personas, propiciaron la violencia tanto física como psicológica entre los socios de la coorperativa, con el fin de obtener —por medio de amenazas, violencia física, tortura y detención ilegal de personas— que les entreguen las concesiones que son de ellos, de lo contrario los amenazaron con quemarles las unidades de transporte y dijeron que podrían privarlos de sus posesiones personales, e incluso los privarían de la libertad.
Indicó que los acuerdos tomados en la minuta de fecha 11 de septiembre del año 2019, firmado entre el suscrito César J. G. y Enrique M. Paniagua Lara (conciliador de la Secretaría de Gobierno), no fueron acatados ni tomados en cuenta por la sociedad cooperativa, toda vez que carece de formalidades y por ser contraria a derecho, aunado a que fue amenazado y amedrentado para firmar dicho documento, es por ello que el citado acuerdo contiene vicios y es contrario a derecho.
Señaló que al no acatar dicho acuerdo, fue en el mes de septiembre del año 2019 que quemaron una unidad de transporte tipo Van, la cual pertenece a la cooperativa.
El subdelegado Pedro R. D. y César J. G. ordenaron a los socios y choferes de las unidades que tienen que pagarles a ellos de manera mensual, sin entregar recibo alguno, una cantidad de tres mil pesos para que los dejen trabajar en la comunidad Maya Balam, de lo contrario quemarían nuevamente unidades de transporte o incluso golpearían a los socios de la sociedad cooperativa para obtener dinero, y en caso de negarse a pagar entonces tendrían que entregarles las conceciones para que ellos trabajen”.
Al no entregarles las concesiones a Pedro R. D., César J. G. y otras personas, estuvieron amenazando por medio de bocinas que hay en el pueblo a los diferentes socios que conforman la persona moral que representa, con el fin de entregarles las concesiones y placas para que ellos las trabajen.
Asimismo, el agraviado recordó que el pasado 6 de enero del 2020, tres socios de la cooperativa —Anacleto, Alberto y Romelio— fueron privados de su libertad y llevados a una cárcel en la delegación de Maya Balam, donde fueron golpeados y torturados por las personas multicitadas para que entregaran los documentos de las cinco concesiones de la sociedad, o de lo contrario les prenderían fuego a ellos o a sus familias en caso de negarse a entregarlas. Por lo que ante el inminiente peligro de perder la vida, les entregaron cinco de las concesiones para que fuera liberados, pero solamente salieron dos.
El día 8 de enero del 2020, Pedro R. D., César J. G. y Andrés P. M. solicitaron el resto de las concesiones para que acudan ante el Imoveqroo para que las pongan a sus nombres, así como las otras cinco de Anacleto, Alberto y Romelio, que fueron obtenidas a través de la violencia física, tortura y amenazas.
Pedro R. D. y César J. G., después de haber escuchado la acusación que obra en contra de ellos, se reservaron el derecho de declarar.
Posteriormente, el fiscal del Ministerio Público solicitó al juez de control la vinculación a proceso de Pedro R. D. y César J. G. por el delito de extorsión cometido en agravio de la cooperativa Transporte Unido Maya Balam SC de RL.
Sin embargo, la defensa solicitó al juez de control la ampliación del término constitucional para la resolución de la situación jurídica de sus clientes, la cual vencerá el sábado 22 del presente mes.
Así las cosas, la audiencia se reanudará el próximo sábado a las 09:00 horas, en la cual el juez de control resolverá la situación jurídica de Pedro R. D. y César J. G., quienes por lo pronto quedaron recluidos en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad para el deslinde de responsabilidades.