Por Eva Murillo
La Profepa es una de las dependencias federales más señaladas por la sociedad quintanarroense, pues no se notan resultados en favor del medio ambiente, pues sólo aplican amonestaciones o sanciones, a pesar de que el Código Penal Federal establece penas de cárcel en caso de varios delitos contra el ambiente.
En toda la costa de Quintana Roo existen irregularidades que han sido señaladas por organizaciones ciudadanas, que demandan la presencia de las autoridades sancionadoras de delitos ambientales, las cuales no responden a sus llamados.
Descargas de aguas residuales en la Laguna Nichupté, en los manglares del Área Natural Protegida (ANP) Yum Balam, tala hormiga de manglar en esa y otras zonas, cambios de uso de suelo, operación de hoteles de manera irregular, son algunas de las acciones que han sido denunciadas, incluso reconocidas por las mismas autoridades encargadas de cuidar el entorno ecológico, pero (dicen) que su competencia no permite aplicar sanciones.
Hace apenas unos días, las hamacas que llevaban años sirviendo como la imagen icónica de Holbox, fueron retiradas por la Conanp, pues el reglamento emitido en octubre de 2018 para esa zona, no permite la instalación de ningún tipo de infraestructura en el mar, aunque Profepa nunca actuó.
A mediados del año pasado, Por Esto! denunció trabajos de relleno de playa en la zona de Punta Sam, los cuales estaban siendo realizados de manera irregular, pues el permiso que había para el proyecto ya había vencido.
Derivado de la denuncia de este medio de comunicación, personal de la Profepa acudió al lugar y puso sellos de clausura a la zona en la que estaba realizándose el relleno de playa. Sin embargo, en el informe pedido a la dependencia sobre las multas impuestas en 2019 en Quintana Roo, no figura ninguna con relación a esos hechos. Luego de unos días de parar trabajos, finalmente la obra continuó hasta ser concluida semanas después.
En 2019, la Profepa impuso multas que, entre todas, ascienden a casi 17 millones de pesos, pero en el 2018 el monto apenas alcanzó los 9 millones de pesos, de hecho ese fue uno de los últimos años fiscales que menos recaudación hubo por concepto de sanciones por delitos ambientales en Quintana Roo.
En los últimos siete años, el 2018 fue en el que las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tuvieron menos presencia en territorio quintanarroense, al caer a poco más de 40 actos sancionadores, luego de haber realizado hasta 276 en 2014.
Esta semana propietarios de predios ubicados en la Ruta de los Cenotes de Puerto Morelos, acusaron a dos inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), adscritos a la delegación Quintana Roo, de amenazas e intento de extorsión.
Cabe mencionar que en la página oficial de la Profepa, en la parte correspondiente a Información Pública sobre el directorio de la dependencia, sólo figura el nombre de uno de los inspectores acusados.
La amenaza hecha al propietario de los terrenos por los presuntos inspectores que acudieron el pasado 20 de enero consistía en poner un plazo de presentación para llegar a un “arreglo económico”, o de lo contrario llevarían a la Guardia Nacional.