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Quintana Roo

De la Redacción

 

PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 5 de febrero.- Luego de ser despojados violentamente, robados, detenidos y destruido el patrimonio de 20 años por el gobierno municipal, sin respetar amparos promovidos, entre los locatarios del mercado conocido popularmente como “El Mundo de las Piñatas”, en la colonia Bellavista cunde la incertidumbre sobre si será o no respetado sus espacios una vez que concluyan las obras del nuevo edificio, ya que en su momento de la cesión de derechos levantaron el lugar sin ayuda de ningún gobierno.

Hay que recordar que dentro de las 18 obras por 425 millones de pesos que el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, supervisara avances en su gira de trabajo por la ciudad el pasado domingo, estaba el mercado en mención, que la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete mandó a desalojar con la fuerza pública por la resistencia de los locatarios, quienes pedían garantías por escrito de respetar su cesión de derechos, ya que todo era bajo palabra.

Los locatarios, sin nombres por temor a represalias, ya que fueron detenidos por Seguridad Pública al defender su patrimonio el 12 de diciembre del año pasado, cuando efectuaron la demolición, acusaron a la alcaldesa Laura Beristain de atentar contra su patrimonio, robar equipamiento de sus locales y la destrucción de los mismos, así como mucho producto que aún deben a los proveedores.

Señalaron que no están en contra de la obra sino todo lo contrario, pero nunca les dijeron por escrito que serían respetados sus espacios, en el inmueble que cuenta con 141 locales (45 la parte exterior y 96 en el interior), que construyeron con recursos propios desde que en 2000 logró el terreno el fundador José Luis Verde para ayudar a los enfermos de VIH, aunque en 2003 el ayuntamiento les firmó la cesión de derechos sin invertir un peso para levantar el primer edificio.

Precisamente tras el anuncio del gobierno municipal de ser beneficiados con la construcción de un nuevo mercado en el mismo espacio por la Sedatu y cuando menos en dos reuniones fallidas para lograr acuerdo que permitiera que sus espacios serían respetados, es que decidieron promover un amparo ante un Juez Federal en Cancún, pero pese al procedimiento el 12 de diciembre de 2019 vinieron a la demolición con equipo, materiales y demás patrimonio, en evidente abuso de poder.

Por último, informaron que iniciaron con las denuncias de despojo, robo y daños a su patrimonio contra el ayuntamiento, pero que la posición como locatarios es que se les respeten sus espacios que han venido trabajando desde hace 20 años y no sea botín de las autoridades municipales que ahora pretenden concesionar a 10 años por un costo aproximado de 140 mil pesos, cuando la obra se realiza con recursos federales.

 

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