Un amparo en contra del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, como jefe del Ejecutivo, así como ante diversas instancias de la administración pública relacionadas con el tema de la salud e incluso de Seguridad Pública y asuntos penitenciarios, fue interpuesta por el representante legal del Consejo Independiente para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo, A.C., Roberto Martínez Aragón.
La causa es la omisión de dictar medidas administrativas para combatir la epidemia del coronavirus COVID-19 en los centros de reclusión, así como específicamente determinaciones ejecutivas para solicitar modificaciones de medidas cautelares de prisión preventiva justificada para personas privadas de su libertad.
Acompañado del abogado Gerardo Solís Barreto, presidente honorario de la Defensoría Internacional de los Derechos Humanos, dicho amparo fue presentando ante la oficialía de partes del Juzgado Séptimo de Distrito (que está de guardia) porque el gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y las autoridades penitenciarias, están siendo completamente omisas de revisar las personas que se encuentran en prisión preventiva o que están a la espera de una sentencia por un delito menor para que dicha circunstancia sea modificada.
De acuerdo con Solís Barreto, una persona que ha cometido un robo menor a cinco mil pesos y ha sido detenida en muchas ocasiones, le dictaron la medida preventiva de manera injusta por parte de la autoridad jurisdiccional, y “si está en la cárcel, el hecho al haber la posibilidad de que se contagie de coronavirus, se está atentando contra su salud muy probablemente contra su vida”.
Lamentó que el gobierno del Estado y las autoridades que se señalan en la demanda de amparo, han sido completamente omisas, “el propio gobernador como jefe del Ejecutivo y el sistema penitenciario del estado de Quintana Roo, han salidos reprobado por los últimos 10 años, por lo menos en todas las evaluaciones qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en las cárceles del Estado”, señaló.
Finalmente, en demanda de amparo, los denunciantes afirman ser representantes de una Asociación Civil “comprometida con la sociedad, así como lo establecen los estatutos de nuestra Acta Constitutiva, por lo que nos preocupan nuestros ciudadanos, como parte de la asociación, así como los efectos dañinos a la salud, para las personas en situaciones vulnerables, en especial de la ciudad de Cancún, que es donde reside esta Asociación Civil, donde buscamos el bienestar de nuestra población quintanarroense y, el respeto de todos y cada uno de los derechos humanos de nuestros pobladores”.
Con información de Salvador Canto
Por Redacción Por Esto!