Tras un recorrido por varias unidades que ofrecen este servicio, los encargados confirmaron que han tenido una alta demanda para solicitar el test, ya que lo están pidiendo en los centros de trabajo durante los procesos de contratación, principalmente en hoteles y restaurantes.
Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una alerta en la cual no se recomienda realizar las pruebas rápidas en clínicas o laboratorios ajenos a los sistemas de salud pública, porque no son confiables y no están autorizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Inder).
Es más, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, dispuso como norma sanitaria no utilizar las pruebas serológicas (sanguíneas) para el diagnóstico clínico de la pandemia dado que no se consideran como un elemento de decisión y de abordaje que defina que un paciente realmente haya adquirido el virus, por lo tanto se requiere asistir a las unidades de salud para ser valorados.
Incluso, en la página oficial del Inder se dio a conoce un listado de 150 laboratorios autorizados a nivel nacional que puede realizar la prueba de COVID-19, en el caso de Quintana Roo, son todos aquellos relacionados al sistema de salud pública como SESA, IMSSS, ISSSTE y el hospital militar, en cuanto a los privados, sólo uno está certificado y corresponde a Laclicsa.
Pese a ello, en Cancún se han detectado ocho laboratorios privados que ofrecen el test, con precios que van de mil 300 a 3 mil 369; el costo de la prueba varía dependiendo del procedimiento, si es sanguínea tienen un precio menor, mientras que el diagnóstico PCR que es el recomendado por la autoridades sanitaria, es más caro.
Según los laboratorios sondeados, estas pruebas se incrementaron a raíz de que los trabajadores regresaron a laborar, ya que hay centros de trabajo que están solicitado en los requisitos de contratación un certificado de COVID-19 o en el caso de que un empleado sea considerado sospechoso también le solicita someterse a la diagnostico.
Las fuentes consultadas refirieron que la prueba sanguínea son las más solicitadas por su bajo costo, la cual se realiza con cuatro horas de ayuno y tardan entre dos a tres días para entregar los resultados, en cuanto al diagnostico PCR se realizan a través de un exudado nasofarígeo, esta prueba es más sensible, es decir, con ella se detecta el material genético del virus (el ARN) y si se encuentra presente en el genoma quiere decir que la persona esta infectada, aunque el paciente sea asintomático.
El resultado de este tipo de test tarda dos días en entregarse y es el que recomiendan las autoridades, dado que el proceso es más complicado, pero tiene un mayor grado de certeza que las pruebas rápidas o las sanguíneas; de los laboratorios sondeados en Cancún sólo tres realizan el PCR, uno de ellos Laclicsa, que está autorizado por la Inder.
En relación a que los centros de trabajos están incluyendo en los requisitos de contratación un certificado libre de COVID-19, luego de una encuesta realizada entre trabajadores de la Zona Hotelera, refirieron que no todos los hoteles o restaurantes lo están pidiendo sólo aquellos que se consideran cinco estrellas o cuentan con certificaciones sanitarias internacionales.
“A mi cuñada que es mesera en una restaurante en la Zona Hotelera, le pidieron hacerse la prueba para certificar que estaba libre del virus, ella se sometió a una en el laboratorio Salud Para Todos, que le costó mil 300 pesos, le entregaron el resultado a los tres días, la cita la hizo por Internet”, indicó R.S.W, pero a mí no me la solicitaron”.
Asimismo R. G. H. capitán de mesero en un hotel, dijo que cuando regresó a trabajar después de dos meses inactivo, entre los requisitos de ingreso que le pidieron incluían una prueba de COVID-19, fue sanguínea y pagó mil pesos; “en sí, se la están pidiendo a todos, para cumplir con los protocolos que impusieron las certificaciones internacionales”.
Por su parte O. P. R. gerente de un restaurante en la zona centro de Cancún, mencionó que no todos las empresas están solicitado el certificado y no a todos los empleados, únicamente a quienes tienen contacto con los alimentos y quienes están más expuestos al trato con los turistas, esto para dar más seguridad a los visitantes de que se aplican todas las medidas sanitarias.
En tanto J. D. Z., encargado de recepción mencionó que cuando entraron a trabajar les dieron un curso de capacitación sobre el COVID-19, ahí les informaron que si se contagiaban del virus o eran sospechosos serían sometidos a una prueba rápida que ellos debían pagar o estaban en la libertad de someterse al diagnóstico en un laboratorio privado.
Los entrevistados coincidieron en señalar que es un abuso de parte de los empresarios que los obliguen a realizarse el diagnóstico, porque ante la situación económica actual implica un golpe para los bolsillos de los trabajadores y además para que se pueda considerar una enfermedad laboral también debe presentar un certificado aun cuando se hayan infectado en los centros de trabajo, por lo que se someten a pruebas rápidas que tienen un costo de 900 a mil 500 pesos.
Por Jazmín Ramos