La política del gobierno de Carlos Joaquín González de “el que la hace la paga”, ha resultado poco efectiva, luego de más de tres años de haberse detenido al primer ex funcionario de la administración de Roberto Borge Angulo que se vio involucrado en el daño patrimonial a Quintana Roo.
Son al menos 16 ex funcionarios de la pasada administración que han sido detenidos por la justicia, pero que han logrado librar la cárcel mediante la reparación del daño, debido a que se han caído los procesos en su contra o porque están siguiendo su proceso en libertad.
A la fecha solamente el exgobernador Roberto Borge se encuentra tras las rejas en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, en el estado de Morelos, una prisión diseñada para atender a reos con desórdenes mentales. La próxima audiencia será el 15 de septiembre.
Cabe señalar que durante el arranque de su periodo, en septiembre de 2016, el gobernador Carlos Joaquín lanzó como una de sus principales promesas que perseguiría y encarcelaría a ex funcionarios que se llevaron los recursos del pueblo.
Además de Borge Angulo, la lista de exfuncionarios de la pasada administración estatal que han detenido son: Mauricio Rodríguez Marrufo, Paulina Garcia Achach, Carlos Acosta Gutierrez, Victor Hugo Loyola Corona, Rooselvelt Ercé Barron Barrera, Ana Alicia Rivera Galera, Paula Gonzalez Cetina, Gabriel Mendicuti Loría, Mauricio Góngora Escalante, Mario Castro Basto, Gonzalo Herrera Castillo, Raúl Labastida Mendoza, Jorge Eugenio A.M, Gerardo Antonio V.H y José Alejandro Marrufo Roldán.
Con las primeras detenciones, el 5 de mayo de 2017, inició la persecución contra funcionarios de la pasada administración estatal por el delito de peculado y daño a las finanzas del estado; sin embargo, hoy la gran mayoría están libres por diversos factores, entre ellos los amparos, la prescripción de los delitos y la reparación del daño, pero en esto último, se desconoce en dónde quedaron los dineros recuperados.
Hace 39 meses la primera detención
El primero en ser detenido fue Mauricio Rodríguez Marrufo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) durante el gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo, por el presunto desempeño irregular de la función pública y un daño patrimonial por 39 millones de pesos. Tras cumplir 188 días recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal, logro obtener su libertad tras regresar los 39 millones, con una multa adicional de 2 mil pesos.
Rodríguez Marrufo fue detenido el 5 de mayo de 2017 en Cancún, cuando se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, fue acusado del delito de desempeño irregular de la función pública, asociado a la venta irregular de 113 predios patrimonio del Estado, para los que autorizó descuentos de entre 20 y 93.53% de su valor real y con lo que se favoreció a familiares, amigos y allegados del exgobernador priísta.
El 8 de mayo del 2017 fue detenida Paulina García Achach, quien era subsecretaria de la Seduvi. Se le acusó de desempeño irregular de la función pública, al participar en la venta del 11 por ciento de la reserva territorial del estado, una extensión equivalente a cinco veces el tamaño de la zona hotelera; sin embargo no pisó la cárcel, pues tras ser detenida enfrentó inmediatamente una audiencia de alrededor de nueve horas, donde un juez de control determinó que podía seguir su proceso en libertad tras embargársele seis bienes en Cozumel y un auto de lujo de la marca Audi. Además, dejó en garatantía ocho millones 449 mil pesos, que dieron un total de 40 millones de pesos. Tras conseguir varios amparos, el 7 de marzo de 2019 fue absuelta, luego de que un juez de control dictó el sobreseimiento de su carpeta de investigación, al no encontrar elementos para inculparla.
La caída de Borge en Panamá
El 4 de junio de 2017, Roberto Borge fue detenido en Panamá, derivado de una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero por más de 900 millones de pesos; posteriormente fue extraditado a México el 4 de enero de 2018. Desde entonces, el exmandatario se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, en Morelos, una prisión diseñada para atender a reos con desórdenes mentales. Se le acusa de desempeño irregular de la función pública, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como la venta irregular de más de una docena de predios, administrados por el entonces Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (Ipae). La próxima audiencia de Roberto Borge está programada para el 15 de septiembre y se hará de manera virtual, atendiendo a la carpeta 159/2017 por el delito de peculado.
Detención de Carlos Acosta
El 4 de julio de 2017, Carlos Acosta Gutiérrez fue detenido en Chetumal por el delito de desempeño irregular de la función pública según denuncia interpuesta y abierta en el expediente 151/2017 en el caso de la empresa VIP SAESA. El 28 de marzo de 2018, el Juez de Control de primera instancia del distrito judicial de Chetumal decretó la modificación de la medida cautelar impuesta a Acosta Gutiérrez de prisión preventiva a arresto domiciliario como resultado de la audiencia de revisión de medidas cautelares. El 1 de febrero de 2019, el exdirector de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S. A. (VIP SAESA), Carlos Acosta Gutiérrez, fue absuelto luego que el juez sexto de distrito determinó la prescripción de la acción penal al considerar que es un delito de naturaleza instantánea, no continuado. Acosta Gutiérrez forma parte de un docena de exfuncionarios involucrados en el caso VIP Saesa, aunque de estos sólo seis han sido detenidos y la mayoría ha logrado obtener su libertad, mientras que cinco siguen libres porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha podido localizarlos y a uno no le ha podido hacer la imputación correspondiente.
Exfiscal detenido
El 3 de septiembre de 2017 fue detenido Víctor Hugo Loyola Corona, exprocurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en Mérida, Yucatán. Fue acusado de desempeño irregular de la función pública; formó parte del comité de administración o del comité de adquisiciones de VIP Saesa. La acusación se basa en un contrato que Loyola habría firmado en el año 2011 a la empresa Aerotaxi Villarica S. A. de C. V., por un lapso de 72 meses, pero que se aprobó sin el debido procedimiento de licitación. El 24 de enero de 2019 y luego de ganar un amparo, el exprocurador fiscal de la Sefiplan quedó en libertad tras quedar sin efecto su vinculación a proceso por orden del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
Roosevelt Ercé Barrón, malas cuentas
El 27 de noviembre de 2017 el exdirector general de las Administraciones Portuarias Integrales (API) en Quintana Roo, Roosevelt Ercé Barrón Barrera, fue detenido en el aeropuerto de Tijuana derivado de una alerta migratoria y notificación roja por Interpol con numero de control A-9818/2017. Posteriormente fue trasladado a Chetumal, Quintana Roo, donde se enfrentó a un juicio por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública durante el gobierno de Roberto Borge. Fue acusado de desempeño irregular de la función pública, relacionado en el expediente por presunto manejo irregular de recursos por alrededor de 500 millones de pesos en la empresa paraestatal VIP-Saesa. Barrón Barrera fue puesto en libertad y abandonó el Centro de Reinserción Social de Chetumal (Cereso) el 18 de enero de 2018, luego de que un juez federal resolvió que la FGE violó una suspensión definitiva decretada en un juicio de amparo que protegía al exfuncionario al momento de su detención.
Alicia Rivera y Paula González, de Capa
El 28 de noviembre de 2017 fue capturada Ana Alicia Rivera Galera exdirectora de recursos financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa). A Rivera Galera se le acusó del delito de peculado por más de un mil millones de pesos, se le embargó un predio en el municipio de Othón P. Blanco y dos vehículos como garantía para la reparación del daño causado a las finanzas estatales. No obstante, la exfuncionaria obtuvo el resguardo domiciliario en abril de 2018 y mediante amparo fue puesta en libertad el 17 de febrero de 2020, luego de que un Tribunal Colegiado de Distrito revocó el auto de vinculación a proceso.
El 3 de enero de 2018 fue detenida Paula González Cetina, exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), en Chetumal, por peculado y mal uso de los recursos públicos. El 15 de febrero de 2019 se le declaró culpable del delito de peculado por un mil 55 millones de pesos y se le impuso una pena de tres años con 11 meses de prisión. Sin embargo el 25 de junio de este 2020, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito concedió un amparo directo, ordenando que se deje insubsistente la sentencia dictada y emita una nueva resolución del caso, por lo que obtuvo su libertad y abandonó la prisión domiciliaria dictada desde 2018. Gónzalez Cetina ganó el amparo toda vez que no se configuró el delito de peculado, ya que el dinero que presuntamente desvió quedó siempre en las arcas del gobierno del estado.
Gabriel Mendicuti, detenido y “usted disculpe”
El 20 de enero de 2018 fue capturado Gabriel Mendicuti Loria, exsecretario de Gobierno en el período de Roberto Borge, al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública, en agravio al patrimonio del estado y daño por 534 millones de pesos. Se vio involucrado en el caso VIP Saesa, fue vinculado a proceso y se le decretó prisión preventiva justificada, además de embargarle 19 bienes inmuebles y 21 automóviles, aunque se le concedió la prisión domiciliaria, con lo que pudo llevar su proceso en libertad. Sin embargo el 19 de febrero de 2019 obtuvo su libertad inmediata, luego de que un juez de control otorgó el sobreseimiento de su caso y se le devolvieron los bienes y vehículos encautados.
Mauricio Góngora, un exedil tras las rejas
El 25 de enero de 2018 fue aprendido en la Ciudad de México Mauricio Góngora Escalante, ex secretario de Finanzas durante el gobierno de Roberto Borge y expresidente municipal de Solidaridad. Al también excandidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la contienda electoral en la que Carlos Joaquín González se alzó con la victoria, se le imputaron los delitos de desempeño irregular de la función pública, peculado por el supuesto desvío de 155 millones de pesos, se le señaló de presuntamente endeudar al a Solidaridad por 594 millones y también se le involucró en el caso VIP Saesa, aunque de este último ya quedó libre de toda acusación. Mauricio Góngora es de los pocos exfuncionarios de la pasada administración que aún sigue su proceso, aunque ahora lo hace en libertad, luego de que el 8 de agosto obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y fue enviado a su casa.
Mario Castro, delito prescrito
El 18 de agosto del 2018, Mario Castro Basto, exsecretario de Infraestructura y Transporte y ex delegado de Diconsa (Sintra), fue aprendido en Mérida, Yucatán, acusado de peculado. No obstante salió libre el 13 de diciembre de 2018 por orden de un juez federal que determinó que el delito del que se le acusaba había prescrito. El ex titular de la Sintra también pudo recuperar sus propiedades y el dinero que se le fijó de multa.
El 20 de febrero del 2019 fue detenido en Belice Gonzalo Herrera Castillo, ex titular de la entonces Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, por estar involucrado en el caso VIP Saesa. No obstante se encuentra en Belice y no puede ser deportado, toda vez que cuenta con nacionalidad de ese país. Su defensa ha solicitado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, a cargo de Rosaura Villanueva Arzapalo, que cancele la orden de aprehensión contra su cliente, debido a que el delito del que se le acusa ya está prescrito.
Raúl Labastida, jurídico con mal desempeño
El 22 de febrero de 2020 fue detenido en Othón P. Blanco, Raúl Labastida Mendoza, exconsejero jurídico del gobierno de Roberto Borge, acusado y vinculado a proceso por el delito de peculado por 187 mil 900 pesos. 24 horas después logró librar la cárcel, luego de que un juez de control le impuso como medidas cautelares el embargo de un vehículo, el 75 por ciento de las acciones de la empresa Sociedad Mercantil Industrializadora Maderera de Quintana Roo, además de tener que presentarse a firmar cada día 15 y 30 de cada mes durante dos años.
Proceso en libertad
El 19 de marzo del año en curso se vinculó a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública a Jorge Eugenio A. M. y Gerardo Antonio V. H., exdirector general y ex director administrativo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (Sqcs), respectivamente. Al primero le embargaron cuatro predios situados en Benito Juárez, así como ocho automóviles y una motocicleta. En tanto que a Gerardo Antonio se le decretó el embargo de siete predios situados en Benito Juárez, Othón P. Blanco, así como uno en Mérida, Yucatán. También le fueron embargados tres vehículos en Quintana Roo y un automóvil de lujo, con placas de Yucatán. Los exfuncionarios están implicados en la “estafa maestra” y son acusados por un daño al patrimonio de 743 millones 804 mil 052 pesos y 68 centavos, recurso que proviene de la federación; sin embargo llevan su proceso en libertad con medidas cautelares, como la aplicación de localizador electrónico, prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada mes ante la autoridad correspondiente
Alejandro Marrufo, ni 24 horas tardó detenido
El 11 de agosto fue detenido José Alejandro Marrufo Roldán, exsecretario de Finanzas durante la administración de Roberto Borge, por el delito de peculado por más de tres mil 430 millones de pesos, siendo esta la última detención de un exfuncionario de la pasada adminstracion. En las irregularidades señaladas por la Contraloría del Estado (Secoes) destacan transferencias bancarias a una cuenta no registrada en el listado de “pagos provenientes de gasto corriente” de la Sefiplan, identificados con los números Banorte 742004619, HSBC4100388488, Bancomer 0443717364 y HSBC 4100386730, además de diferentes cheques a un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (ahora Sedarpe). La denuncia contra el exsecretario de Finanzas señala también la falta de comprobantes en pagos a productores por más de mil 580 millones de pesos, así como aplicaciones al presupuesto de la Sedatu no autorizadas y deficiencias administrativas entre ampliaciones autorizadas y montos pagados.
No obstante, el extesorero de la administración de Roberto Borge Angulo quedó en libertad a menos de 24 horas de haber sido detenido porque su detención fue ilegal, toda vez que gozaba de un amparo de la justicia federal. Lo anterior representa un nuevo revés para la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, pues los fiscales anticorrupción solicitaron una nueva orden de aprehensión, pero les fue negada, aunque esto no le exime del proceso que enfrenta por el supuesto delito antes mencionado.
Muchas carpetas, pocos resultados
Hasta ahora solamente se ha podido llevar a juicio a una de las 38 carpetas de investigación iniciadas por denuncia contra exfuncionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, siendo esta la de Paula González Cetina.
De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, son aproximadamente 12 mil millones de pesos los que estarían en juego en las 37 denuncias y carpetas que continúan pendientes, dejando también a más de 100 involucrados que aún no han podido ser llevados ante la justicia, como es el caso de Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (Ipae), quien hasta ahora ha logrado librar los procesos en su contra mediante una serie de amparos.
Según datos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (Feccqroo), hasta el momento se han judicializado 68 carpetas de investigación, de las cuales 35 resultaron con una vinculación a proceso; 14 de estos expedientes fueron en contra de particulares, el resto (54), en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos tanto estatales como municipales.
Hasta el 2019 se han podido recuperar 352 folios electrónicos asegurados, de los cuales 292 tienen un avalúo catastral de 207 millones 570 mil 531.42 pesos; así como 60 folios electrónicos que están en proceso de avalúo.
Por José Ramos
Por Redacción Digital Por Esto!
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