En 10 años Quintana Roo ha registrado tres mil 276 homicidios dolosos, producto de la escalada de violencia que se ha dado en el destino, especialmente a partir del 2016, y alcanzó su punto máximo el 2018, cuando se reportaron 841 homicidios.
Durante los tres años de gobierno de Carlos Joaquín González se registraron el 65% de los homicidios dolosos contabilizados en toda la década pasada.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentados ayer, la entidad es el estado con mayor cantidad de homicidios dolosos a nivel peninsular, rebasando por mucho a Campeche y Yucatán, que reportaron en 10 años 782 y 543 muertes, respectivamente.
Durante la actual administración estatal, encabezada por Carlos Joaquín González, de septiembre del 2016 a agosto del 2020, se han registrado dos mil 550 homicidios, convirtiendo el tema de seguridad en uno de los pendientes más grandes.
Incluso, aunque en días anteriores, en su informe de agosto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, indicó que bajó 13% el número de homicidios dolosos en Quintana Roo entre agosto y julio, lo cierto es que el 2020 es ya el cuarto año más sangriento en la historia de la entidad, al reportar 408 muertes hasta el octavo mes del año, contra las 455 con las que terminó el 2017, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que actualizó la información de la incidencia delictiva el pasado 20 de septiembre.
Ha sido durante la administración de Joaquín González cuando se detonó el número de muertes violentas en la entidad, e incluso se extendieron de municipios como Benito Juárez y Solidaridad, a otros como Puerto Morelos, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Cozumel, y contrariamente a cualquier argumento, el mandatario estatal inició su administración con un panorama claro de la prevalencia del crimen organizado en la entidad, pues de acuerdo a la página oficial del gobierno del estado, se presenta un informe detallado de las operaciones de grupos criminales detectados desde el 2012 operando en la entidad.
De acuerdo con la información recopilada por Lantia Consultores, a la cual el gobierno del estado hace mención en su portal oficial, en Quintana Roo hay presencia de cárteles, células y bandas criminales locales, particularmente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto.
Estos grupos encuentran redituables mercados de la economía informal, como el narcomenudeo, la trata y el tráfico de personas, el tráfico de mercancías y el ambulantaje y piratería, particularmente porque la economía formal del estado está destinada al turismo.
El informe, presentado el 2016, ya detalla las operaciones del Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, sobre todo en Chetumal y Cancún, con presencia reducida por medio de células en otros municipios de la entidad.
Por su parte, el Cártel del Golfo y Los Zetas no tienen una estructura clara y se hallan diseminados en distintas células criminales afines y en ocasiones antagónicas, como en el caso de Tamaulipas.
Dicho estudio se presentó a finales del 2016, al momento en que Joaquín González tomó posesión como gobernador del estado, y exactamente cuatro años después el panorama sigue igual.
Nada ha cambiado
El pasado 21 de septiembre, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó la presencia de cuatro células del crimen organizado que tienen área de influencia en sus operaciones, de acuerdo a la Evaluación Nacional de Riesgo y la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (ENR). Estos grupos están conformados por el Cártel de Pacífico, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas, exactamente los mismos que el gobierno del estado ya había detectado en el 2016 y que lejos de ver menguado su poder en la entidad, se han fortalecido y extendido.
El funcionario federal señaló que las organizaciones delictivas siempre encuentran mecanismos que les permiten violar la ley y disponer de ganancias ilícitas, y que éstas a nivel nacional generaron un monto estimado de al menos un billón de pesos entre el 2016 y el 2018.
Sus actividades tienen relación directa con la incidencia delictiva en la entidad, de acuerdo a datos del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
El informe presentado por el INEGI deja en evidencia el repunte en los índices de violencia en el 2017, al pasar de 193 homicidios dolosos reportados en el 2016, a 455 para ese año.
El argumento oficial en esos años, sobre el incremento de la violencia, fue que obedecía a “intereses mezquinos”, atribuidos a la transición política que vivía el estado con la salida de Roberto Borge Angulo y el PRI del poder y la llegada de Carlos Joaquín González.
A esto se sumó también la presentación del proyecto del Mando Único, que permitiría enlazar la coordinación entre las fuerzas de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, que tuvo al frente a Rodolfo del Ángel Campos como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien se mantuvo en el cargo hasta septiembre del 2018, cuando lo relevó Alberto Capella Ibarra, proveniente del estado de Morelos, donde, en medio de diversas polémicas, su carta de presentación era la creación del Mando Único en aquel estado.
En materia de seguridad, Joaquín González nombró a Miguel Ángel Pech Cen al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta septiembre del 2018, cuando fue reemplazado por Oscar Montes de Oca, el actual fiscal.
Fue precisamente el 2018 el año más convulso en cuanto al tema de ejecuciones y muertes violentas y en el cual quedaron en la historia dos acontecimientos que marcaron al destino: la balacera en la discoteca Blue Parrot, en pleno festival de música electrónica, en Playa del Carmen, que dejó siete muertos y seis heridos, algunos de ellos extranjeros, y el ataque a las instalaciones en la zona norte de la Fiscalía en Cancún por parte de un comando armado, que dejó cuatro muertos y diversos hechos violentos a lo largo de la ciudad.
Estos hechos generaron a mediano plazo el cambio de los funcionarios de seguridad en el estado y dieron paso al Mando Único, envuelto en polémicas entre diversos municipios por el tema del presupuesto y su manejo.
A pesar de la rotación de altos mandos al frente de las dependencias de seguridad y a las estrategias presentadas, como la depuración de cuerpos policíacos, la llegada de la Guardia Nacional, la instalación de arcos de seguridad y cámaras de vigilancia, el Mando Único careciendo del baluarte más importante: el C5, que aún se encuentra en construcción.
El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Quintana Roo enlazará toda la estrategia de seguridad del estado. Localizado a las afueras de Cancún, se suponía que era la punta de lanza al combate a las redes criminales pero aún no tiene la certeza de ser finalizado este año.
La violencia no cesa
Para el 2019 la cifra de homicidios dolosos tuvo un retroceso, al contabilizarse 750, sin embargo, la cifra de ese año superó a la que registró Yucatán en 10, y estuvo a sólo 30 de alcanzar los indicadores de Campeche en esa misma década.
En lo que va de este 2020, se registran 408 decesos hasta agosto, en el último corte del SESNSP, y aunque la tendencia marca una nueva disminución en esta cifra roja, la arista es que la violencia se ha extendido y fortalecido en municipios que hasta el 2016 se habían mantenido ajenos, como Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, los cuales han tenido un alza en incidencia delictiva. Incluso, en los municipios de la zona sur se han suscitado enfrentamientos entre integrantes de redes criminales y el Ejército Mexicano, provocado por el trasiego de sustancias ilegales a través de avionetas.
A esto se suma el crecimiento en la incidencia de extorsiones, cobros de derecho de piso y secuestros, que generó se realizaran acciones específicas en Cancún y Playa del Carmen para combatir estos delitos.
A cuatro años de gobierno de Carlos Joaquín, la UIF presentó esta semana un mapa de la distribución de los diversos grupos delictivos en el país, donde se especifica que en la región de la Península de Yucatán se tiene la presencia de cuatro cárteles, entre los que se encuentran Cártel de Pacífico, Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, este último sólo con presencia en Quintana Roo.
“La percepción es de inseguridad”
Para empresarios, la percepción de inseguridad que se mantiene en la entidad es un tema preocupante, que incluso ya afecta a negocios e inversiones.
Iván Ferrat Mancera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), reconoció que a pesar del discurso alentador las autoridades estatales, los niveles de inseguridad en Quintana Roo han crecido.
“Uno se siente inseguro, ya que cualquiera puede ser víctima de cualquier asalto o secuestro exprés. Los ciudadanos tienen esa percepción de mayor inseguridad”, abundó.
También detalló que el combate a la inseguridad se debe de hacer de forma integral, pues se debe incentivar la denuncia a través de la simplificación de procedimientos.
Añadió que también la relación entre la violencia y la corrupción es evidente, y que en México se tienen niveles de corrupción muy altos de parte de los cuerpos de seguridad, la policía y la fiscalía, entre otros organismos.
A esto se suman los recortes presupuestales en materia de seguridad que se esperan para el 2021, con la evidente desaparición del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), que es un subsidio que se otorga a los municipios y estados cuando ejercen la función de seguridad. “Ahora se va a combatir la inseguridad con menos recursos.”, acotó.
Hizo un llamado de alerta al Congreso de la Unión para no retirar este presupuesto tan crucial para la entidad.
“Si empieza el caos, el desorden en Quintana Roo, nos van a poner en alerta en Estados Unidos, en Canadá y en todos los demás países y el turismo va a caer. Y aquí en Quintana Roo, la gente no va a salir a consumir en restaurantes, ni tiendas por temor a la inseguridad”, finalizó.
Por su parte, Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, señaló que existe una serie de inconsistencia entre las cifras que dan el Secretariado Nacional y el INEGI, en comparación con el año pasado.
La percepción para él sigue siendo delicada. “Es muy difícil comparar la percepción con las estadísticas. Sin embargo, el hecho es que la situación sigue siendo muy delicada y que aun cuando baje un 20% la criminalidad, sigue siendo cifras que están afectando al estado”, resaltó
También denunció que hay una falta de coordinación entre la cifra que emite el Secretariado Nacional y las que se tienen en el Estado, porque a veces las clasifican mal o llegan con un día o dos de retraso y eso afecta a las estadísticas.
“Creo que el tema para la ciudadanía es de percepción y esa es la de no sentirnos seguros”, concluyó.
Por Carlos Matus