El conflicto legal que hay en Cancún, cabecera municipal de Benito Juárez, con relación a la recolecta de basura disputada por dos empresas, podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es que un juez determina que la autoridad local cayó en desacato al no restituir sus derechos a Intelligencia México, pero siempre y cuando esto sea demostrado, explicó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación durante la conferencia de las mañanas.
“Se tiene que acreditar efectivamente que se desacató”, comentó la funcionaria federal, quien está al frente de las conferencias mañaneras mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador se recupera tras dar positivo a COVID-19.
El 14 de diciembre de 2020 el Cabildo del ayuntamiento de Benito Juárez aprobó por unanimidad, durante la Décimo Novena Sesión Extraordinaria, la intervención total temporal a la concesión de la empresa Intelligencia México S.A de C.V. y ordenó que se suspendiera cualquier actividad por parte de la concesionaria en relación a la recolecta de basura en la ciudad y en la parte turística de Cancún.
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La decisión estuvo basada en el incumplimiento, deficiencia y suspensión de la prestación del servicio público concesionado a la empresa.
Los directivos de Intelligencia México iniciaron procesos legales y en enero de este año el Juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, otorgó la suspensión provisional condicionada a Intelligencia México, en la que determinó que podía seguir laborando siempre y cuando cumpla con las condiciones de trabajo mientras se decidía a fondo el juicio y se determinaba si había violación a los derechos de la empresa.
La semana pasada el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito ratificó la resolución del Juez Segundo de Distrito.
“Lo primero es precisamente que esto se va hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero se tiene que acreditar efectivamente que se desacató”, remarcó.
Mientras tanto, otra empresa fue contratada para realizar la labores de recolecta de basura, pues a decir las autoridades municipales, Intelligencia México no cuenta con las unidades suficientes para atender la demanda del servicio, lo que derivó en que el mismo 14 de diciembre pasado fuera declarada emergencia ambiental.
Sobre el tema de posible desacato del ayuntamiento de Benito Juárez, Sánchez Cordero señaló que no se trata de decir “ya desacataste, sino cuáles son todos los elementos que tienen que revisar para, efectivamente, determinar el desacato. Una vez que se determina el desacato, en el tribunal pleno -porque no es en la sala- se resuelve por mayoría si esta persona efectivamente desacató y entonces se consigna ante un juez de distrito. Ese es el procedimiento”.
Abundó que el posible desacato tiene que ser notificado a la autoridad que está siendo cuestionada y tiene aportar todos los argumentos de sí o no lo está haciendo, pues esta conducta puede constituir un delito contra la administración de justicia.
“Hay que seguir un procedimiento (…) no nada más se dice que está autoridad desacató, no, hay que revisar el desacato, hay que revisar la situación, hay que darle vista a la autoridad para que la autoridad en su derecho también pueda argumentar en su favor el tema del desacato o no”, dijo.
MA