La implementación del Sistema de Justicia Penal en Quintana Roo se estancó. Se colocó en los últimos lugares en el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, elaborado por México Evalúa, al ocupar el sitio 28 entre las 32 Entidades evaluadas.
El Sistema de Justicia Penal de Quintana Roo apenas alcanzó 323 puntos de los mil puntos mínimos requeridos para aprobar la evaluación.
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Por debajo de Quintana Roo se colocaron los sistemas de justicia penal de Veracruz con 321 puntos; Guerrero, con 307; Campeche, con 270 y finalmente Morelos, con 241.
De acuerdo con la investigación “Hallazgos 2020, Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, ninguna Entidad del país alcanzó los mil puntos mínimos para pasar el ranking.
La mejor puntuación la obtuvo Querétaro, con 841 puntos; le siguió Nuevo León, con 753 y Coahuila, con 718 puntos.
“En 2020 observamos que se abre aún más brecha entre los Estados que proveen los mejores condicionantes de operación, lo que refleja un mayor entendimiento de la naturaleza sistémica y de política pública de la justicia procesal penal, y los Estados que no terminan de construir los factores que facilitan la operación del sistema”, se expone en la investigación.
En el Sistema de Justicia Penal de Quintana Roo se observa la falta de coordinación y la desigualdad presupuestal entre las instituciones que lo conforman: la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el Poder Judicial y la Defensoría
De acuerdo con la investigación, el Sistema de Justicia Penal de Quintana Roo también ocupó el último lugar a nivel nacional en el Índice de Capacidad de Coordinación (ITCE), que evalúa la coordinación interinstitucional eficaz a través de cuatro ejes principales: coordinación y articulación; planeación y presupuesto; facilitadores y normatividad; en el que apenas alcanzó 12.5 puntos de los 100.
De acuerdo con el Índice de Capacidad de Coordinación, el Estado apenas recibió un valor de 0.5, en una calificación del 0 al 1, en el rubro de Coordinación y articulación, que equivale a 12.5 puntos.
En el resto de los ejes evaluados, planeación y presupuesto, facilitadores y normatividad, el Sistema de Justicia Penal del Estado obtuvo ceros.
Por lo que se colocó al final del Índice ITCE junto a Colima y San Luis Potosí, que apenas sumaron 12.5 puntos.
Quintana Roo se encuentra alejado de la puntuación promedio nacional que fue de 33.9 puntos y de Querétaro, que alcanzó los 100 puntos.
A nivel nacional, las entidades fueron mal evaluadas en los siguientes rubros: en construcción de acuerdos y lineamientos que homologuen los criterios de operación y gestión; la capacidad de incidir en el diseño presupuestal para construir un presupuesto basado en metas. Así como la elaboración y administración de sistemas informáticos que faciliten el flujo de información entre operadores, gestión de las carpetas de investigación y la rendición de cuenta, en la construcción de bases de datos; y las facultades de coordinación dentro del sistema que alinee el trabajo de las instituciones.
“En la mitad de estos casos (de los Estados) la interconexión limita el flujo de información entre las fiscalías y los poderes judiciales. Por lo que no se pueden consultar abiertamente las actuaciones de la Fiscalía. No hay una digitalización de la carpeta, registro ni consulta de las actuaciones interinstitucionales”, se expone en la investigación.
En otras palabras, el Índice evidencia que no hay planes interinstitucionales de trabajo.
“Se observa que a 13 años de la reforma penal y a cinco de su entrada en vigor, la planeación sigue siendo una asignatura pendiente”, denuncia.
Presupuesto desigual
La investigación “Hallazgos 2020, Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México” reporta que el presupuesto asignado a las instituciones que conforman el Sistema de Justicia Penal creció 8 por ciento el año pasado con respecto a 2019, sin embargo, la distribución de los recursos fue desigual.
En Quintana Roo, el presupuesto privilegió la seguridad pública sobre la atención de víctimas y la defensoría.
Según la investigación de México Evalúa, la Secretaría de Seguridad Pública es la institución del Sistema de Justicia Penal que más dinero público recibió el año pasado, al sumar 93 millones 247 mil 308 pesos.
Le siguió la Fiscalía General del Estado con 53 millones 463 mil 994 pesos; el Poder Judicial recibió 38 millones siete mil 841 pesos; la Comisión Estatal de Atención de Víctimas obtuvo un millón 586 mil 144 pesos y la Defensoría, 92 mil 260 pesos.
“Estas variaciones radicales muestran que la asignación presupuestal no se realiza con base en una planeación de objetivos a mediano plazo, con metas claras y estrategias definidas”, se señala en el documento.
“Además, la asignación de recursos sin una adecuada planeación tiende a generar fuertes asimetrías en las capacidades instaladas de las partes procesales, ya que no se busca fortalecer al sistema de justicia procesal penal de forma armónica, sino que se hace una distribución presupuestal para cada institución de forma inercial, sin observar el impacto sistémico”, alerta.
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JCL