El Gobierno de Quintana Roo, el Poder Judicial, la Universidad Tecnológica de Cancún (UT Cancún) y el Colegio de Bachilleres del Estado (Cobaqroo) gastaron de forma irregular 44 millones 826 mil 700 pesos provenientes de la Hacienda Pública Federal en 2020.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en la ejecución de los subsidios, fondos y aportaciones federales ejecutadas por los diferentes entes de Quintana Roo.
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Las irregularidades detectadas son la compra de armamento, por parte del Gobierno del Estado, así como pagos excesivos en servicios personales por parte del Poder Judicial. El Cobaqroo registró el monto más alto de presunto daño a la Hacienda Pública Federal.
Ante dichas anomalías en el gasto, la ASF emitió siete recomendaciones, dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.
De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, el Cobaqroo posiblemente malversó 25 millones 888 mil 717 pesos provenientes del Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales que recibió el año pasado.
“En la aplicación de los recursos transferidos, el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, se expone en el Informe Individual.
“Así también el Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo y del Anexo de Ejecución de Apoyo Financiero 2020, por lo que esto generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal de 25 millones 888 mil 717 pesos que representó 8.1 por ciento de la muestra audita”, se indica.
En tanto, el órgano fiscalizador del Poder Legislativo Federal también detectó un posible daño a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales que recibió la Universidad Tecnológica de Cancún, por 8 millones 729 mil 500 pesos.
“La Universidad Tecnológica de Cancún infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8 millones 729 mil 500 pesos, que representó 16.6 por ciento de la muestra revisada”, se detalla.
Además, el Poder Judicial del Estado deberá justificar ante la ASF el gasto irregular de 8 millones 69 mil 100 pesos recibidos a través del Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
“El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, lo que generó una cuantificación monetaria de las observaciones por 8 millones 69 mil 100 pesos, que corresponde a recursos por aclarar por el monto pagado en servicios personales que sobrepasó el límite máximo permitido en la asignación global de servicios personales”, señala el órgano fiscalizador Federal en su Informe.
“Se determinaron faltas administrativas consistentes en la asignación de recursos para servicios personales en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020 por un monto que excedió el límite establecido en la normativa”, expone.
Mientras, la administración del Gobernador Carlos Joaquín González usó los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), para la adquisición de armamento para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que hay un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 2 millones 139 mil 445 pesos.
“El Gobierno del Estado de Quintana Roo infringió la normativa del fondo, principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, del Convenio de Coordinación y su Anexo Técnico, que determinaron un monto por aclarar de 2 millones 139 mil 445 pesos, por el pago a la Secretaría de la Defensa Nacional para la adquisición de armamento y municiones correspondientes a la cotización número SIDCAM-GOB-065/2020 que no fueron entregados en el estado y, de este, a los elementos policiales para su uso”, señala el Informe de la ASF.
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CG