La presencia de la delincuencia organizada y los discursos para deslegitimar a la prensa en Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen), en conjunto con las acciones policiales, han sido factores para que los periodistas sean víctimas de agresiones en Quintana Roo; de 2019 a la fecha, los casos de violencia contra los comunicadores han repuntado.
En entrevista con Itzia Miravete, coordinadora de Prevención de la organización Artículo 19, advirtió que desde 2017, estando ya en el Gobierno de Carlos Joaquín González, observaron una tendencia al alza de agresiones “y, de hecho, un poco en 2021; si bien no se revierten, disminuyeron un poco”.
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En ese sentido, precisó que en 2017 se registraron 18 agresiones; mientras que en 2018, 26; 57, en 2019; y en 2020 se documentaron 60 ataques contra la prensa. “De manera preocupante comenzamos a ver cómo aumentaban las agresiones hacia periodistas.
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En 2019 sacamos el informe 'Un Paraíso que Calla' y lo que valorábamos ahí es una tendencia que tiene que ver con varias cosas. Obviamente la primera, que resalta mucho, es la presencia de integrantes de la delincuencia organizada que buscan silenciar a la prensa; sin embargo, los vemos como un factor, pero no el más importante”, manifestó Miravete.
Del mismo modo, precisó que, si bien hay un riesgo importante por la presencia de delincuencia organizada, las agresiones principalmente vienen de autoridades que se concentran en las ciudades de Cancún y Playa del Carmen, “donde la Policía y sus respectivas presidentas municipales realizaron discursos estigmatizantes que esparcieron contra la prensa para deslegitimar su labor, aunado a las prácticas policiales”.
Ejemplo de ello, expuso, las agresiones del 9N del año pasado, donde incluso una periodista resultó herida de bala durante la protesta que policías intentaron inhibir de manera violenta. “Hemos visto que, en municipios como estos, los policías tienen muy malas prácticas, con cero tolerancia a la labor informativa y a la libertad de expresión. Cuando ven a un periodista haciendo su trabajo, el acto inmediato, casi mecánico que tienen, es intentar bloquearlo, y si la prensa no cesa, siempre vemos un patrón de detenciones que suelen ser violento; algunas llegan a catalogarse de malos tratos y tortura”, señaló.
“Los agreden al ser detenidos, cuando los trasladan en las patrullas, al ponerles las esposas; son constantemente golpeados, patea- dos y empujados durante su traslado a los separos o, incluso, dentro de los mismos, pues además de una tortura física, los someten a una psicológica”, aseguró. Cancún y Playa del Carmen lideran agresiones Laura Esther Beristain Navarrete, exalcaldesa de Solidaridad (Playa del Carmen) y María Elena Hermelinda Lezama Espinosa (Mara Lezama), alcaldesa reelecta de Cancún, son las que mayor número de señalamientos por agresión a periodistas han registrado en los últimos años.
“Laura Beristain acaba de salir, pero con ella se vivió un momento de muchísima tensión entre los medios, porque cada vez que ella hablaba sobre la libertad de expresión y la prensa, era una constante estigmatización e incluso criminalización, por lo que eso fue aumentando la permisibilidad para agredir a la prensa”, explicó Itzia Miravete.
En el caso de Cancún, advirtió que Artículo 19 documentó agresiones y violencia contra los periodistas. “Venían principalmente de la Alcaldía y de policías municipales. Con Mara Lezama se llegaron a documentar estas campañas de desprestigio, discursos estimagtizantes en contra de la prensa que envían un mensaje de permisividad para agredir y eso hacía mucho más fácil que sus policías atacaran a la prensa de manera frecuente y con mucha brutalidad”, aseguró.
Destacó que, si bien la campaña de desprestigio no es un delito, sí es una violación al derecho a la libertad de expresión. “Las comisiones de derechos humanos tienen una labor fundamental para investigar estas violaciones e impedir que las autoridades lo sigan repitiendo”, indicó la activista.
En ese sentido, destacó que no hay confianza en las autoridades estatales, porque muchas veces éstas atienden a intereses de quienes gobiernan, “por lo que lamentablemente lo que se termina haciendo es pedir el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de la Fiscalía General de la República”.
Aunque reconoció que el Gobierno Federal no puede ni tiene por qué absorber la carga frente las omisiones de las autoridades locales, advirtió que la corrupción, en estos casos, ha permeado a las autoridades encargadas de combatir a la impunidad, así sean por delitos o violaciones a los derechos humanos, por lo que se necesita que las autoridades de los tres niveles se coordinen para irse observando entre ellas y también se necesita que las organizaciones civiles continúen su labor para ver que las autoridades actúen.
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CG