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Quintana Roo

Carlos Joaquín usa fuerza pública contra Por Esto!

El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, usa contra Por Esto!, a la Policía Quintana Roo y a presuntos actuarios mientras consiente asesinatos en la Riviera Maya
Por órdenes de Carlos Joaquín, la Policía Quintana Roo recurrió a acciones intimidatorias contra empleados y periodistas del Por Esto!
Por órdenes de Carlos Joaquín, la Policía Quintana Roo recurrió a acciones intimidatorias contra empleados y periodistas del Por Esto! / Por Esto!

El gobernador Carlos Joaquín ayer liberó el uso de la fuerza pública, que sólo él tiene en facultad proveer, en contra del Diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía, para facilitar que de manera ilegal se tomaran las instalaciones de POR ESTO! en Chetumal, en atención al reclamo de una empresa que nada tiene que ver con esta casa editorial.

“Estará de poca madre”, exclamó a las puertas de este Diario, uno de los policías estatales que llegó acompañando a presuntas actuarias a bordo de la patrulla con placas TR-5484- 5. De esta forma anunció a los compañeros de vigilancia del periódico y a periodistas que estaban en ese momento dentro del inmueble, la diligencia ilegal que se consumó poco más tarde.

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Era cerca del mediodía cuando las supuestas actuarias llegaron al portón del inmueble ubicado en Avenida Constituyentes del 74, número 483, de la colonia Proterritorio; escoltadas por los miembros de la Policía de Quintana Roo, según ellas con la instrucción de tomar el inmueble de este medio, referente en la entidad, cuyo lugar se ganó por ejercer un periodismo crítico.

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Las actuarias, que no se identificaron, aseguraron tener un exhorto, es decir, un mandato de un Juez de la Ciudad de México, que les ordenaba realizar el aseguramiento con la identificación de una empresa totalmente ajena a este rotativo. A la más rancia usanza, los policías sin ningún protocolo de trato o debido y legal proceso, advirtieron a los trabajadores: No hagas el problema más grande, yo sé que es tu trabajo, lo entiendo. Nos puedes echar la mano si nos abres, lo que queremos evitar son golpes, yo sé que estás en tu trabajo... Si me das la facilidad, estará de poca madre”.

Mientras los minutos pasaban, los comentarios del uniformado fueron subiendo de tono para amagar al personal que poco a poco se fue reuniendo en el sitio. “Si te pones agresivo, nos ponemos agresivos. No queremos que se haga más grande esto, tú no tienes la culpa. Ahora sí que estamos trabajando, no pasa nada”, insistía un policía al joven vigilante de la puerta de las instalaciones de POR ESTO!

La venganza del gobernador Carlos Joaquín, que emprendió desde hace varios meses y por varias vías contra el Diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía, no sólo ocupó a la Seguridad Estatal, sino también al Poder Judicial, pues una empleada de esta instancia fue la responsable de dar cauce a una querella de razón social no vinculada con la empresa que edita POR ESTO!.

Al transcurrir más de una hora afuera de las instalaciones y al ver que los amagos no funcionaron, las enviadas por el Poder Judicial de Quintana Roo empezaron a llenar actas, bajo la presión de dos abogados que iban con ellas. La corrupción que existe en el Poder Judicial, que encabeza Antonio León Ruiz, fue más que evidente cuando las empleadas actuaron con obvio desconocimiento de todo protocolo legal, al estar todo el tiempo pegadas al teléfono celular para pedir instrucciones ante la infructuosa acción de las amenazas.

Eso las orilló, ante la presión de los litigantes que las acompañaban, a realizar la diligencia de aseguramiento de una empresa diferente a la que buscaban. Fue así como ordenaron a dos individuos romper la cadena que mantenía cerrada la reja de acceso de las instalaciones.

Iban preparados para la andanada, sacaron una pinza especial y comenzaron a cortar la pieza metálica, haciendo a un lado a los periodistas que pretendían, con el diálogo, frenar la invasión. Abogados de POR ESTO!, se presentaron justo en el momento en que se disponían a entrar los citados personajes, con los agentes de la Policía Quintana Roo; y al ser cuestionados sobre las bases jurídicas para su proceder, atinaron a decir que ellos sólo seguían órdenes.

Los litigantes tuvieron pruebas para demostrar en todo momento que la empresa a la que pretendían realizar la diligencia no se encontraba asentada en el Domicilio Fiscal de la avenida Constituyentes de Chetumal, ofreciendo incluso la cédula fiscal que emite el Servicio de Administración Tributaria. Y aunque la Razón Social no coincidía, procedieron con toda arbitrariedad.

Aún así y violando todos los procedimientos establecidos en el Código Civil y de Procedimientos del Estado y Federales no sólo continuaron con la acción, sino que la realizaron cometiendo diversas irregularidades, pues a todas luces recibieron instrucciones, aparentemente desde el mismo despacho del Presidente del Poder Judicial, Antonio León Ruiz, cuya gestión al frente se ha caracterizado por el proteccionismo a magistrados vinculados con la corrupción.

Como ejemplo, las ejecutoras del acto procesal, quienes nunca se identificaron, incluso desconocían cómo llenar su “razón actuarial”, es decir el acta en el que tenían que describir todo lo que ocurría; por lo que constantemente recurrían a los abogados provenientes de otra ciudad y al teléfono celular, para que les ayudarán a cumplir con el llenado del documento.

En términos legales, las actuarias realizaron una “chicanada” legal favoreciendo a los abogados que les exigían que, a pesar de que no se trataba del domicilio fiscal de la empresa que buscaban, se realizara el aseguramiento, tal cual ocurrió, demostrando que la Justicia en Quintana Roo, no es ciega, si no está a disposición del gobernador o de quién la pueda pagar.

Cerca de la 15:30 horas, la acción quedó consumada y el personal de la empresa fue expulsado de las instalaciones, mientras que al inmueble ingresaron más personas que pronto tomaron el control de la redacción y otras áreas del inmueble. Legalmente cabe el extrañamiento, pues cuando un juez gira un exhorto para el uso de la fuerza pública, ésta sólo la puede conceder el Poder Ejecutivo, el Gobernador de un Estado. Aquí así fue y desde la primera diligencia.

Contra nosotros la policía; mientras, en la Riviera Maya delincuentes van matando gente en las playas.

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CG

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