Destapan presuntos actos de corrupción del Poder Judicial de Quintana Roo

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó ayer a la Secretaría de Gobernación investigar un caso de violencia de género y presunta corrupción en el Poder Judicial de Quintana Roo, por el caso de una mujer que se mantiene en lucha para recuperar a sus hijos, pues su expareja, Luis Sartí Pérez, usó sus influencias en el máximo tribunal del estado para quitarle a los niños.

Este hombre y su abogado, según la denunciante, le dijeron que estaban protegidos por algunos funcionarios del Poder Judicial de Quintana Roo, del que es titular el magistrado José Antonio León Ruiz.

“En el caso de presunta corrupción denunciado, que también se investigue; esto es en Quintana Roo y lo hará el secretario de Gobernación (Adán Augusto López)”, indicó el Ejecutivo Federal en su conferencia mañanera.

El caso al que se refirió el Presidente es la acusación contra Luis Héctor Sarti Pérez, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo. En mayo pasado, su esposa Brenda Aguirre Martínez se dirigió a los medios de comunicación para denunciar que fue separada de sus hijos, una niña de 4 años y un niño de 7.

“Su padre los sustrajo con violencia, mentiras, engaños a las autoridades, utilizando el camino de la corrupción y la impunidad. Hoy su padre nos ha separado, ellos están sin mis cuidados, y esto es grave, aún más en el caso de mi hijo mayor de 7 años y que con una condición especial de nacimiento (autismo), se encuentra hoy sin tratamiento alguno”, declaró en su momento la agraviada.

María Araceli Andrade Tolama, abogada de Aguirre, explicó que el proceso de la custodia se dirimía ante dos Juzgados Familiares de Quintana Roo, uno de los cuales ordenó que la mujer dejara el domicilio, pero sin sus hijos.

La litigante acusó de favoritismos hacia el acusado, por ello demandó una actuación imparcial y que se garanticen los derechos de los menores.

“En este caso es una mujer ama de casa contra el Presidente de la Barra de Abogados y todas sus influencias. Ella desde antes ya era víctima sin saberlo. No podemos permitir que continúe esta situación. No podemos permitir que Brenda y sus hijos sean atropellados por las influencias políticas y judiciales de su exmarido”, dijo la abogada en una conferencia de prensa, en mayo pasado.

Oscuro expediente

No es el primer caso en el que el Poder Judicial de Quintana Roo, que encabeza el Magistrado José Antonio León Ruiz, se encuentra envuelto en un presunto hecho de corrupción, opacidad e inconsistencia, ya que durante esta gestión erogó un millón 339 mil 473 pesos en la adquisición de mochilas, útiles escolares y maletines entre 2018 y 2020.

Estos paquetes escolares presuntamente fueron entregados como “apoyo” a los hijos de los trabajadores, pese a que en 2020 se declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19 y desde la Federación se suspendieron las clases presenciales, el Poder Judicial continuó con la compra de útiles escolares, mochilas y maletines de lujo.

De enero de 2018 a junio de 2021, el Poder Judicial de Quintana Roo gastó 263 millones 694 mil 893 pesos en la compra de canastas navideñas, pavos congelados, papelería, fumigación, útiles escolares y obras, recurso que equivalen al 67 por ciento de los gastos del órgano autónomo.

Entre los proveedores favoritos se encuentra “Servicios y Suministros Gecko”, representada por Juan Misael Hernández Arcos, empresa que más recursos del erario público obtuvo: 26 millones 470 mil 166 pesos, por concepto de papelería y material de oficina.

Quintana Roo ocupa el primer lugar en el país por el delito de feminicidio por cada 100 mil mujeres, donde apenas en el 15 por ciento de los casos hay una condena.

De acuerdo con el Poder Judicial del Estado, se juzgaron 12 casos relacionados con dicho delito de enero de 2017 a agosto de 2021; de éstos, el Tsjqroo emitió sentencia condenatoria en nueve, mientras que en los tres asuntos restantes fueron absueltos.

Sin justicia para mujeres violadas

Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional en el delito de violación por cada 100 mil habitantes; apenas en el 11 por ciento de los casos se castiga a los violadores; es decir, el Estado tiene 89 por ciento de impunidad por este delito.

De acuerdo con el Poder Judicial del Estado, se han emitido 217 sentencias condenatorias relacionadas con dicho delito, de enero de 2015 a septiembre de 2021, además de 57 sentencias absolutorias, en un universo de 2 mil 39 casos registrados de 2015 a 2021.

Por el delito de abuso sexual, Quintana Roo ocupa el tercer lugar nacional con la mayor tasa por cada 100 mil habitantes, donde de 2015 a 2021, el Poder Judicial ejecutó 72 sentencias condenatorias, 73 personas condenadas y 10 sentencias absolutorias en un universo de 2 mil 804 casos por este delito.

Desfalco

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en la ejecución de los subsidios, fondos y aportaciones federales ejecutadas por los diferentes entes de Quintana Roo, principalmente del Gobierno del Estado, el Poder Judicial, la Universidad Tecnológica de Cancún y el Colegio de Bachilleres.

En el caso del Poder Judicial, la ASF expuso que incurrió en inobservancias de la normativa, lo que generó una cuantificación monetaria de las observaciones por 8 mil 69.1 miles de pesos, “que corresponden a recursos por aclarar por el monto pagado en servicios personales que sobrepasó el límite máximo permitido en la asignación global de servicios personales”, señala el órgano fiscalizador federal en su informe.

En ese sentido, la ASF resolvió que se determinaron faltas administrativas consistentes en la asignación de recursos para servicios personales en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2020 “por un monto que excedió el límite establecido en la normativa”.

PJE gastó 19mdp en viajes

Entre 2018 y 2021, el Poder Judicial del Estado gastó 19 millones 492 mil 121 pesos en vuelos, hoteles y alimentos para los funcionarios públicos del órgano autónomo; el 14 por ciento de esta erogación se destinó a cubrir los gastos de los jueces, consejeros y magistrados que han acudido a capacitaciones a Washington y Nueva York, Estados Unidos; San José, Costa Rica; Brasil; Sevilla y Madrid, España; y Ginebra, Suiza.

Los gastos al extranjero fueron de 2 millones 766 mil 63 pesos, en tanto que en viajes al interior de la República, por un monto de 19 millones 492 mil 121.80 pesos.

El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (Cnije) reveló que Quintana Roo fue el organismo que menos sentencias emitió durante el 2020, ya que sólo transparentó 20; no obstante, fue uno de los 19 Estados del país con mayor número de personal adscrito, con mil 659. De acuerdo con el informe, Quintana Roo se ubica en el último lugar nacional en sentencias emitidas, donde una fue por la vía civil, una por la vía penal y 18 en materia de lo familiar.

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CG