Luego de que el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2021 revelara que Quintana Roo es el organismo que menos sentencias publicó el año pasado, pues sólo transparentó 20, especialistas en derecho penal aseguraron que esta falta de datos se debe a la corrupción que hay al interior de la dependencia.
“Con la población que tiene Quintana Roo, el transparentar sólo 20 sentencias es una burla, esto quiere decir que se están ocultando los procedimientos para beneficio propio, el que los casos no son investigados, no se vinculan a proceso, no se les informa a las víctimas el estado de sus denuncias”, dijo la abogada Ariadne Song, de Chetumal.
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Para la especialista, las autoridades tampoco están capacitadas para el nuevo proceso penal, por lo que desechan las carpetas de investigación sin darles un debido proceso, algo que se ve reflejado en los pocos datos que se arrojaron el año pasado.
“La víctima no sabe por qué se le vincula a proceso y tampoco sabe que puede apelarla, las autoridades no están capacitadas para el nuevo proceso penal; estoy segura que en 2020 hubo muchas demandas y sentencias por cuestiones laborales, pero no se transparentó ninguna porque es afectar a los empresarios”, continuó.
Por su parte, Jadson Gutiérrez, de M.A Abogados, aseguró que en el estado no se cuenta con protocolos para atender a las víctimas, pues no se les informa de manera puntual sobre su proceso, por lo que se complica el camino hacia una sentencia.
Señaló que; “las Fiscalías no tienen un protocolo para atender a las víctimas, no saben cada cuándo se les tiene que informar de sus procesos, no sólo es tema de justicia de Quintana Roo, también es tema de la Suprema Corte, las tres autoridades que no se hacen cargo y dejan varados a los habitantes”.
La abogada aseguró que el presupuesto ejercido durante 2020 es utilizado en viáticos e insumos, los cuales debieron bajar por la emergencia sanitaria.
“Es increíble la cantidad de presupuesto que ejerció esta dependencia el año pasado en plena pandemia, de acuerdo con informes, la mayoría de los gastos son para viáticos y no para los procesos legales”, continuó.
No respetan derechos humanos
Para Song, otro de los obstáculos que enfrenta el sistema judicial en Quintana Roo es la falta de capacitación en derechos humanos y perspectiva de género, pues no se atiende a las víctimas, no se les da acompañamiento y sobre todo a los agresores no se les vincula a proceso.
“La Comisión de Víctimas del Delito tiene la obligación de capacitar para que las autoridades tengan un enfoque en derechos humanos y perspectivas de género, así como para que logren vincular a proceso, se haga una carpeta de investigación y obtenga una sentencia, esa es la falla del sistema, por eso sólo se transparentaron 20 sentencias”, detalló.
Gutiérrez Song consideró que de las pocas sentencias que se transparentaron, también se pudo dar el caso de que se metieran amparos y no se castigara a los culpables.
“La relación entre el presupuesto que se ejerció y el trabajo que se presentó no tiene relación, inclusive al ser sentenciados se tiene la opción de obtener un amparo a irse a una segunda instancia, en Quintana Roo ni siquiera se tiene un registro de deudores”, puntualizó.
Comité no funciona
Aunque el Comité de Participación Ciudadana debería ser el encargado de vigilar que se esté trabajando en favor de las víctimas, éste no ha tenido resultados, pues por su ineficiencia, las autoridades hacen lo que mejor les conviene.
“Para vigilar se supone que tenemos un comité ciudadano, pero no sabemos qué hacen, no sirve para nada, se debe crear otro organismo que vigile que se esté aplicando la justicia, tenemos que ver qué se hace con ese dinero”, finalizó Song.
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CG