Autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron las obras en el manglar de Sac-bajo, donde en agosto se devastaron casi mil metros cuadrados (m²) de área verde. Sin embargo, la empresa responsable aseguró contar con documentos probatorios de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
El folio PFPA/29.3/LA/0043-2021 corresponde al expediente abierto en contra del lote 29, manzana 69, Supermanzana 7, para darle cause a la investigación que inició el 14 de agosto pasado, después de que una compañía limpiara con maquinaria pesada más de 900 m² del predio, cubierto de mangle en su mayoría. Este terreno colinda con el club de recreación El Pescador.
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Eduardo Romero, uno de los representantes de la obra, informó el 17 de agosto que el Ayuntamiento de Isla Mujeres les había concedido una licencia de construcción y, además, tenían la MIA emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que podían llevar a cabo el chapeo.
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Justificó que se trata de una obra de bajo impacto ambiental; sin embargo, los vecinos reclamaron la intervención de la Profepa para verificar la obra.
Romero mostró desde su celular documentos que, según él, son oficiales; en ellos aparece la presunta licencia de construcción con el logo del Gobierno Municipal de Isla Mujeres.
Aclaró que aunque al principio se habló de una poda de 200 metros cuadrados (m²), en realidad fueron más de 900 m², pero insistió en que contaban con autorización.
El corresponsal de Por Esto! constató este martes que las pequeñas lagunas que hay en ese predio todo el año crecieron e invaden el área devastada.
Los vecinos solicitaron al personal de la Profepa que también investiguen el daño ambiental en otros lotes, como en el que colinda con lo que fue el hotel Cristalmar, donde también se ha cortado mangles y en el cercado del club de playa Albatros, donde se rellenaron humedales a lo largo unos 100 metros frente a la carretera al Parque Garrafón.
Juan Pasos, trabajador de la industria turística, indicó que también se debe indagar la tala que realizan los concesionarios en todo el perímetro de la Laguna Makax, donde se construyen muelles e inmuebles sólidos, bajo la supuesta “protección de corruptos políticos”.
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CG