El proyecto del Tren Maya implica fuertes impactos en todos los sentidos para la Península de Yucatán, sin embargo, las estaciones serán el principal engranaje para perpetuar el modelo de desarrollo de explotación que ha imperado por décadas.
Así lo advirtió Marco Jericó Nava Martínez, activista ambiental de Bacalar, quien a través de una plataforma denominada Debatren, ha logrado aglutinar un importante sector social en torno al debate del proyecto.
En la plataforma participan entre 700 y 800 organizaciones y personas de las comunidades mayas y la sociedad civil, quienes expresan sus puntos de vista a favor y en contra del proyecto, refirió.
“Hemos creado este espacio para que los representantes de organizaciones y colectivos indígenas de la región puedan manifestar su interés y preocupaciones respecto al proyecto”, puntualiza.
El activista ambiental indicó que en este ejercicio ha sido muy interesante saber cuál es la perspectiva de los diferentes actores u organizaciones de la sociedad civil respecto al megaproyecto del Gobierno Federal.
“A raíz de este ejercicio en la zona de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal y Xpuhil, se ha creado todo un tejido de organizaciones civiles que hacen lo que llaman Defensa del territorio”.
Ellos son conscientes de los valores naturales y culturales que están presentes en la región, y el proyecto del Tren Maya lo perciben como una amenaza a la preservación de estos principios rectores, dijo.
“No tanto por el tren en sí mismo, sino porque perpetua el modelo de desarrollo en el que prevalece la ley de la oferta y demanda y, por lo tanto, mercantiliza los valores naturales y culturales”, señaló.
Modelo de explotación
Nava Martínez aseguró que esto es una realidad respecto al Tren Maya, porque día a día se ve cómo Quintana Roo ha sido explotado en sus recursos naturales.
“Todo es susceptible de explotación; los paisajes, los recursos, incluso los rasgos culturales mayas que prevalecen en la región son retomados por los desarrollos mercantilistas, sobre todo turísticos”.
En la práctica, este beneficio económico, los millones de dólares que ingresan los desarrollos turísticos gracias a la explotación de los rasgos mayas, no se ven reflejados con beneficios directos a las comunidades.
En las poblaciones mayas siguen las mismas condiciones de pobreza y rezago social, con falta de acceso a servicios públicos básicos como salud, educación, alimentación, agua, drenaje, e ntre otros, lo que los pone en condición de vulnerabilidad.
Es decir, el Tren Maya apunta a perpetuar y magnificar un modelo de explotación en todos los sentidos y que ha llevado al colapso del medio natural, afirma el activista ambiental.
En 2019, Bacalar recibió alrededor de 200 mil turistas que dejaron una fuerte derrama y así ha sido durante varios años, lo cual se ha traducido en mayor inversión turística, pero sin planificación, refirió.
“Esto ha provocado un crecimiento desordenado que, más que bienestar, ha dejado mayor vulnerabilidad ante el cambio climático y una menor calidad de vida a sus habitantes”, puntualizó.
Resaltó que en Bacalar no se cuenta con un sistema de drenaje, pero siguen permitiendo desarrollos turísticos; también hay una fuerte especulación de la propiedad de la tierra, con invasiones, despojos y otros problemas.
“Menos de 30 por ciento de la población está conectada al drenaje, no existe preferencia ni plan de manejo integral de residuos sólidos, es decir, se perfila para tener los mismos problemas que otros destinos de turismo masivo”, advirtió.
Agregó que, “No hay actualmente la infraestructura en servicios públicos para soportar todo el desarrollo turístico que están planeando y que con el Tren Maya se aceleraría exponencialmente”.
“A Bacalar llegan unos 200 mil turistas al año, pero si se llega a tener una estación del Tren Maya aquí hablamos que se podría esperar unos dos millones, conservadoramente”, calculó.
Desconfianza social
Las autoridades prometen que el Tren Maya será acompañado por una restructuración de los planes de desarrollo territorial y urbano, pero la realidad es que hay mucha desconfianza social a todo ese discurso de llegar a solucionar y cambiar inercias de décadas, aseguró Nava Martínez.
“En la realidad, las comunidades acuden a las reuniones informativas, pero salen no muy convencidas de que esto se convierta en una vía para su bienestar, sino que intuyen que se trata de lo mismo de siempre”, comentó.
En Bacalar hay una fuerte polaridad respecto al tema, de hecho, la mayor parte de la población de la cabecera municipal está a favor del proyecto, en el caso del ejido, sus integrantes no han cedido al tema de la estación.
“En este sentido, existe una disputa, pero básicamente es porque no le han llegado al precio; no es que tengan una visión de desarrollo sustentable del territorio, a ellos les interesa vender las tierras al mejor precio”, dijo.
Sin embargo, el Gobierno Federal no está comprando las tierras, tiene el modelo del Fibra (Fideicomiso de Infraestructura y Bines Raíces) que es un instrumento financiero en el que supuestamente hacen socio al ejido para usufructuar la tierra, subrayó.
Los ejidatarios de Bacalar, dijo, no le “compraron” al gobierno este modelo y dijeron que si quieren construir cualquier cosa en sus tierras se las van comprar al precio que digan y punto y están pidiendo una millonada.
A raíz de toda esta situación, refirió, se fue conformando un tejido de organizaciones civiles que cuestionan muchos aspectos del proyecto y que se denominan Defensores del Territorio de la Península de Yucatán.
“Son varias organizaciones que han hecho pronunciamientos en el último año respecto al proyecto con sustento técnico, que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y el impacto al medio ambiente”, explicó.
En este sentido, puntualizó que “El enfoque del tren no es social, es netamente mercantil, que responde más que a las necesidades de la comunidad, responde a intereses de comercio internacional”.
Negocio internacional
El luchador ambiental señala que el Tren Maya y el Tren Transísmico forman un circuito de avance hacia la expansión del modelo mercantil de distribución de productos y servicios que convierte a la Península en punto de enlace con centro, sur y Norteamérica.
“El Canal de Panamá ya les queda corto y a la península muchos la ven como terreno fértil y disponible, con grandes recursos naturales, como el agua que contiene en sus cuencas y ya les brillan los ojos y se frotan las manos las transnacionales”, aseveró.
Los mayas dicen que su territorio no es un producto que puedan llegar a explotar así nada más, por eso muchos pueblos originarios lo defienden a capa y espada, porque sí ven un peligro a sus usos y costumbres y formas económicas, destaca.
Ejidatarios esperan propuesta de Fonatur
Por su parte, Luis Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, dijo que siguen esperando una propuesta de Fonatur en cuanto al sitio para construir la estación del Tren Maya en ese destino.
“Primero les mostramos dos espacios, después nos dijeron que querían mil hectáreas para una ‘nueva ciudad’, entonces les dije que eso se tenía que ver con la asamblea que es la que decide”, explicó el líder de los labriegos.
“Les pedimos que nos entregaran un proyecto para saber qué es lo que proponen, piden y requieren para llegar a un arreglo y ver en qué condiciones vamos a trabajar, pero no los volvimos a ver”, dijo.
“Las últimas personas con las que se platicó fue con el propio Rogelio Jiménez Pons, autoridades locales de Fonatur, así como con el delegado federal Abreu”, refirió el comisario.
No obstante, indicó que antes los visitaron otros funcionarios, pero a todos les han dicho que las cosas se deben hacer legales y claras, documentarse bien, porque el ejido trabaja con la Procuraduría Agraria, Registro Agrario y el Tribunal Unitario para hacer las cosas legales.
“Nosotros tenemos terreno suficiente para lo que necesitan, pero primero necesitamos saber sus condiciones y si nos conviene, si no, pues no; entonces se tiene que tasar bien los terrenos, depende donde los quieran”.
El dirigente de los propietarios ejidales indicó que se quiere llegar a un mutuo acuerdo y hacer las cosas legales. “No nos gusta hacer nada bajo el agua, porque en 20 años salen a la luz y entonces vienen los problemas.
“Nosotros no nos oponemos al Tren, estamos de acuerdo, pero siempre y cuando se hagan las cosas conforme a la ley”, aseveró.
Al respecto, recordó que en una ocasión llegaron los de una constructora que supuestamente había ganado la licitación para la construcción de la estación y querían ver las tierras.
“A esos les dijimos que no podíamos mostrarles un metro de tierra si primero no llegamos a un acuerdo con Fonatur”, puntualizó.
CG