El rubro 4400 “Ayudas Sociales”, que se auto asignan los diputados del Congreso de Quintana Roo y que para el 2021 es de 75.5 millones de pesos, excede por mucho lo destinado para los programas de atención a grupos vulnerables.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) destaca que la partida que destinan los legisladores para “ayudar” es independiente de los programas previstos para la atención de los sectores más vulnerables de la población.
En proporción, las “Ayudas Sociales” equivalen a más del triple del presupuesto destinado a la Atención de la población maya e indígena que es de 18 millones 207 mil pesos.
Asimismo, es casi cinco veces más del presupuesto destinado a la Atención de la juventud, que es de 15 millones 477 mil; y casi cuatro veces el monto para Atención a víctimas, que es de 18 millones 773 mil pesos.
Pero los 75.5 millones de “Ayuda” que dispersan los diputados es 20 veces superior al monto asignado al programa estatal para la Violencia de género contra las mujeres, que es de apenas tres millones 557 mil pesos para este 2021.
Además de las anteriores, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021 también contempla 12 millones 888 mil pesos para Prevención y Atención de la Violencia contra Mujeres y Niñas, del que la “Ayuda Social” de diputados es seis veces mayor.
Cinthia Dehesa, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana, resaltó que corresponde al Poder Ejecutivo designar el destino de estos recursos a instancias especializadas en la atención social.
Resaltó que el gasto de ayuda social ejercido mediante los programas ya establecidos cuenta con fundamento legal, tiene objetivos y metas, su población objetivo está determinada o es determinable.
Además, dijo, está sujeto a las disposiciones de transparencia, rendición de cuentas, evaluación y fiscalización; en cambio, el presupuesto para “Ayuda Social” carece de ley, de programa, de reglas de operación, de registros o padrones, de definición de objetivos y metas.
“El tema de las ayudas sociales ha sido controversial por muchos años, no somos los primeros en hacer algo al detectar irregularidades en la entrega de estos recursos”, puntualizó.
En este sentido reconoció que el Observatorio Legislativo también ha hecho señalamientos sobre cómo se manejan esos recursos; pero en el caso del CPC jalaron el tema por ser de interés de la ciudadanía, se analizó y decidieron ampararse contra la partida.
“La mayoría de las organizaciones buscan transparentar el uso de los recursos, nosotros no consideramos que deben ser transparentes, sino que esa partida no debe existir, debe trasladarse a las instancias correspondientes”, subrayó.
Creemos que el Poder Legislativo no debería tener facultades para dar ningún tipo de ayuda social porque no es propio de él, su actividad es legislar, no es materia de su trabajo repartir ayudas sociales, señaló.
La activista social dijo que esta actividad le corresponde al Poder Ejecutivo a través de instituciones y órganos de gobierno creados con ese objetivo, con planes y programas especiales para ayudar al desarrollo de las personas.
“Lo que queremos es que esos recursos, que son una gran cantidad, 75.7 millones de pesos, se usen de la mejor manera para promover el desarrollo y no como dádivas que se puedan utilizar como un tema clientelar”, puntualizó.
CG