En los últimos 15 años, la demanda de vivienda ha crecido en Yucatán, Quintana Roo y Campeche, pero los proyectos inmobiliarios que se han construido están lejos de los centros de trabajo y carecen de servicios públicos, ocasionando que quienes los adquieran terminen abandonando la casa sin concluir el crédito con el que obtuvieron la vivienda.
La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (ENOT), elaborada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), revela que en la Península de Yucatán tienen contabilizadas 29 mil 169 viviendas abandonadas y en proceso de recuperación.
De este total de inmuebles que no se terminaron de pagar, la mitad está ubicada en Quintana Roo, pues en esa entidad acumulan 14 mil 258 casas dejadas a la deriva, ya que no cumplen con los estándares de disponibilidad de servicios, escuelas, recreación, salud, transporte e infraestructura.
“Uno de los mayores retos en materia de vivienda es el rezago de la disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura; se calcula que más del 25 por ciento del total de viviendas habitadas en el país están en esta situación”, admite la Sedatu. Así, se estima que una de cada cinco viviendas en el país carece de algún servicio básico como agua, drenaje o energía, los cuales aumentan en las periferias urbanas y zonas rurales.
Para el gobierno federal, este problema se acentuó porque las políticas de vivienda se concentraron en la construcción de inmuebles nuevos, pero alejados, dejando de lado el mejoramiento material de la vivienda, porque el rezago en este tema se agudizó en los últimos años.
En ese sentido, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial admite que hay mucho rezago en este rubro, pues se incumple con un acto de justicia, porque no hay asequibilidad de la vivienda, ya que los programas de los organismos estatales de vivienda apenas cubren el 44 por ciento de la fuerza laboral, dejando fuera a la población de los sectores informales y de menores ingresos.
Tan sólo en Quintana Roo, se estima que 7.5 por ciento de las viviendas tiene rezago por hacinamiento y 25 por ciento por materiales. En el caso de Yucatán, la Sedatu tiene un registro de 12 mil 215 viviendas abandonadas por esta situación, es decir que, por la mala ubicación con respecto a los lugares de empleo formal, escuelas, servicios, recreación y equipamientos, así como libre de riesgos, terminaron dejándolas, debido a que no son “adecuadas”.
“Las políticas neoliberales para la producción de vivienda de las últimas décadas se orientaron a pro- mover la construcción de viviendas a través de subsidios a empresas inmobiliarias, donde lo importante para éstas fue su venta sin importar su ubicación”, señala el documento del ordenamiento territorial.
Por esta situación, se estima que en el país cerca de 660 mil de estas viviendas están abandonadas, debido a que quedan muy lejos y quienes las habían adquirido optan por rentar en lugares más cercanos a sus trabajos, aunque eso a veces les genera mayores gastos, hacinamiento o en lugares irregulares. Según el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), hay 7.5 millones de lotes irregulares de uso habitacional, lo que sugiere que más de 20 millones de mexicanos no tienen una certeza legal sobre el patrimonio que habitan.
A pesar de que en Campeche esta situación es menor que en Quintana Roo y Yucatán, la Sedatu señala que hay 2 mil 696 viviendas en situación de abandono y en proceso de recuperación, porque se construyeron en zonas muy alejadas y con carencias en los servicios públicos.
Pero la mala planeación urbana para vivienda la sufren más los habitantes de Quintana Roo, pues se estima que, de las viviendas económicas apoyadas por los organismos nacionales de vivienda, sólo 8 por ciento se localizan en zonas urbanas consolidadas y apenas 14 por ciento de las reservas territoriales cumplen con una ubicación adecuada, alerta el documento que busca coordinarse con los gobiernos de los estados para revertir esta situación y cumplir con “un acto de justicia”.
CG