La Secretaría de la Contraloría (Secoes) firmó por asignación directa 44 contratos por un monto de alrededor de 140 millones de pesos, en 2018; entre estos contratos figuran comercializadoras favorecidas con millones de pesos por sólo revisar capítulos de gasto de dependencias o contratos, muestra de inconsistencias, aunque el personal de la dependencia podría realizar esos trabajos sin necesidad de que se realizaran tales erogaciones.
De hecho, en ese ejercicio el gobierno de Carlos Joaquín González pagó 13 millones 920 mil pesos por la cacería a los exfuncionarios y recuperación de recursos y bienes patrimonio del Estado, no obstante, la mayoría de los exfuncionarios se encuentran en libertad, siendo que, a pesar de los millonarios gastos en asesoría legal, la mala integración de los expedientes o irregularidades en los procedimientos permitieron que los funcionarios que desfilaron por los tribunales estén prácticamente todos en sus domicilios.
Ejemplo de este enorme gasto es el contrato en favor de la empresa Expertos en control interno, ética y cumplimiento S.A. DE C.V. por la prestación de servicios profesionales de consultoría para la implementación de un sistema de control interno en procesos transversales y críticos en el Gobierno de Quintana Roo por la cantidad 27 millones 130 mil 788 pesos.
También se encuentra el contrato SECOES-AD-923011964-N14-2018 otorgado a la empresa Mexpro Constuction S.A. de C.V., que por la revisión a obras ejecutadas por diversas dependencias con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento en las Entidades Federativas (FAFEF) del ejercicio 2017, recibió la cantidad de 7 millones 528 mil 864 pesos.
Aunque la dependencia es encargada de hacer auditorias de las dependencias, entregó contratos millonarios a comercializadoras, como el registrado como SECOES-AD-923011964-N15-2018 en favor de la Comercializadora Ruecsa S. de R.L. de C.V. que recibió 3 millones 840 mil 145 pesos por la revisión al ejercicio de recursos para productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio al organismo descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo.
Un ejemplo más es el contrato SECOES-AD-923011964-N43-2018 entregado a Surtidora, Comercializadora y Distribuidora El Gran Reto, S.A De C.V. por la revisión preventiva del capítulo 1000 servicios personales de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado De Quintana Roo, ejercicio presupuestal 2018, por la cantidad de 3 millones 394 mil 629 pesos.
Este año, la Secretaría de la Contraloría del Estado también pagó a una comercializadora la cantidad de 2 millones 274 mil pesos por el servicio de revisión de un contrato de arrendamiento de vehículos de la Oficialía Mayor, a pesar de tratarse de una dependencia que tiene el personal especializado para realizar este tipo de revisiones.
El concepto fue servicios de revisión al contrato de arrendamiento puro de vehículos de la Oficialía Mayor OM/DGA/DRM/DCP/LP/50/2017.
El pago del servicio fue de 2 millones 274 mil 829 pesos con 60 centavos, recursos estatales que fueron ejercidos por la Secoes durante el mes de junio de 2018.
Esta millonaria cantidad fue pagada a favor de una comercializadora que, según fuentes confiables, es de reciente creación, llamada Comercializadora Peñasco SA de CV.
En 2018, la Secretaría de la Contraloría que encabeza, Rafael del Pozo Dergal, signó el contrato SECOES-AD-923011964-N1-2018 en favor de José Antonio García Alcocer y Asociados S.C, por la asesoría legal especializada y patrocinio, consistente en proceso de investigación, supervisión, ejecución, estrategias y prácticas para la recuperación de los recursos económicos, activos y otros bienes muebles e inmuebles sustraídos del erario durante el periodo 2011-2016. El contrato fue por un monto de 13 millones 920 mil pesos por la vía de la asignación directa.
Cabe mencionar que Rafael del Pozo Dergal en el discurso manifiesta que la Secoes es la dependencia más transparente de Quintana Roo, pero no ha sabido informar sobre recursos destinados a despachos externos o empresas que tienen que ser contratadas para las investigaciones contables y asesorías legales.
RM