El Programa de Vivienda Rural e Indígena constó de 802 viviendas y se construyeron en 35 comunidades del municipio de Othón P. Blanco, y fue destinado para reducir el rezago en vivienda, pero no tuvo el impacto esperado, porque en su mayoría fueron entregadas a profesionistas, comerciantes y recomendados.
El programa estaba destinado originalmente para personas que pertenezcan a tres grupos vulnerables: madres solteras, adultos mayores y familias que tengan un integrante con capacidades especiales.
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La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) fue la ejecutora del programa y se tuvo una inversión de 100 millones 250 mil pesos, las 802 viviendas cuentan con sala, cocina, baño y dos habitaciones.
Cada vivienda tuvo un costo de 125 mil pesos, la aportación del beneficiario fue de 12 mil 480 pesos (10 por ciento), el gobierno estatal subsidió 47 mil 927 pesos con 92 centavos (39 por ciento) y el gobierno federal, 64 mil 392 pesos con 6 centavos (51 por ciento).
Hoy las casas del Programa de Vivienda Rural e Indígena, en su mayoría se encuentran abandonadas porque los beneficiarios las utilizan para pasar los fines de semana.
Y aunque ya no hay nada que hacer, porque la mayoría de las viviendas fueron asignadas y hoy están deshabitadas, los habitantes de la colonia Nueva Creación solicitan que sean tomados en cuenta para nuevos apoyos por parte del Gobierno Federal, que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues en este programa fueron marginados desde el principio.
En la alcaldía de Nicolás Bravo, el Programa de Vivienda Rural e Indígena fue operado por la ahora exalcaldesa Ady González, en contubernio con el extitular de la Sedeso, Julián Ricalde Magaña, quienes le dieron prioridad a profesionistas y no a las personas que realmente lo necesitaban.
Teodoro Ku afirmó que el Programa de Vivienda Rural e Indígena fue manipulado por personal de la Sedeso con fines políticos, cuando no debió ser así, pues el programa federal fue era para ayudar a las familias más pobres de la zona rural.
Aseguró que vendió un terreno que le otorgó el ejido para reunir los 12 mil 480 pesos del enganche y que representa el 10 por ciento, pero fue marginado.
De acuerdo con los estudios del 2016 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el 64 por ciento del rezago habitacional en el país se concentra en zonas rurales y de transición, y el 73 por ciento de la población que vive en estas localidades no tiene acceso a un financiamiento, por lo que urgió en la necesidad de contar con mecanismos para atender la demanda de vivienda de estas familias.
JCL