La población sin acceso a la salud, sin oportunidad de ser atendido por un doctor en consulta o recibir medicamento de forma gratuita, aumentó en Quintana Roo en los últimos cinco años.
La cuarta parte de los habitantes del Estado, es decir, 464 mil 496 quintanarroenses no tienen acceso al sistema de salud pública, en un momento crítico cuando el mundo enfrenta la pandemia por COVID-19.
ElÍndice de Rezago Social (IRS) publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que, en 2020, 25 por ciento de la población no es derechohabiente del sistema público de salud, siete puntos más que en la última consulta realizada en 2015.
Quintana Roo revirtió la tendencia que mantenía en los últimos 15 años, de disminuir el tamaño de la población sin oportunidad de recibir atención médica, considerado un indicador de la pobreza.
De acuerdo con datos del Coneval, 51.5 por ciento de los quintanarroenses no era derechohabiente a los servicios de salud en 2000; la brecha disminuyó a 41.4 por ciento en 2005; luego cayó a 29.8 por ciento en 2010; después descendió significativamente a 18.8 por ciento en 2015.
Sin embargo, el Estado no logró mantener la tendencia hacia la baja del indicador; el año pasado alcanzó 25 por ciento de los habitantes.
El secretario Ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, se negó a afirmar que aumentó el porcentaje de la población sin acceso a los servicios médicos en Quintana Roo y atribuyó a que el incremento en el indicador se relaciona con la extinción del programa Federal “Seguro Popular” y el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar.
“Probablemente esta transición puede ser uno de los factores. Recordemos que esta información es producto de lo que el Inegi (Instituto Nacional de Geografía y Estadística) levantó exclusivamente en marzo del año pasado; claramente el Insabi estaba comenzando administrativamente su transición entre los diversos Estados de la República Mexicana, algunos ya habían firmado el convenio que propiamente daba creación a esta entidad; algunos todavía no lo tienen firmado”, atribuyó.
“Entonces, entendemos que por esta coyuntura y por la terminación del Seguro Popular pudiera ser este incremento de población sin derechohabiencia, pero claramente habrá que esperar a los resultados que, el año pasado levantó el Inegi, de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, donde hay preguntas que tienen que ver con el ámbito de salud y eso nos dará muchas herramientas para confirmar o no esta tendencia de posibles incrementos de personas sin derechohabiencia en los diversos Estados del país”, agregó.
El Estado se sitúa en el lugar 19 del Índice de Rezago Social 2020, en la categoría de Bajo, una medida en la que un solo índice absorbe variables de educación, de acceso a los servicios de salud, vivienda, calidad y espacios en la misma.
Los municipios que retrocedieron en el indicador de acceso a este derecho Constitucional son Tulum, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla Mujeres.
Tulum ocupa el primer lugar, a nivel Estatal, con el mayor porcentaje de la población sin acceso a la salud. 39 por ciento de los habitantes que radica en este municipio caribeño, destino de turistas nacionales e internacionales, carece de atención médica gratuita, es decir, 18 mil 221 personas, de acuerdo con el IRS.
El retroceso en este municipio fue significativo al casi duplicar la cifra de personas sin oportunidad de acudir al sistema médico en los últimos cinco años. En 2015, 20 por ciento de los habitantes no era derechohabiente, sin embargo, para 2020 aumentó a 39 por ciento.
En Puerto Morelos habitan 9 mil 153 personas sin acceso a los servicios de salud, lo que representa 34 por ciento del total de la población, de acuerdo con los datos del Índice. Este municipio no aparece en la medición anterior.
En tanto, Lázaro Cárdenas duplicó la cifra de afectados. De acuerdo con datos del Coneval, en 2015, 14 por ciento de los habitantes no era derechohabiente, mientras que cinco años después, se incrementó a 29 por ciento.
En el caso de Benito Juárez, este mismo indicador pasó de 22 por ciento en 2015 a 26 por ciento en 2020; y en Isla Mujeres cambió de 15 a 25 por ciento en el mismo periodo.
CG