Edgar Javier Cauich Silveira, el empresario que contrató el Gobierno de Carlos Joaquín para la construcción de 'Pisos Firmes' en el municipio de Bacalar, a pesar de estar boletinado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), reconoció que bajo estas condiciones no puede ser contratado para levantar obras públicas.
Como publicó Por Esto! en su edición del 18 de junio de 2021, este proveedor, representante de la empresa Grupo Gral. De Negocios S.A de C.V (que hizo los Pisos Firmes en Bacalar), quedó fichado ante el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por emitir facturas falsas. Aún con este antecedente, el Gobierno de Quintana Roo le asignó la obra, sometida a licitación pública.
En entrevista para este medio, Cauich Silveira explicó que en 2014, el SAT detectó que usó su casa de Chetumal (de uso particular) como domicilio fiscal, por lo que la maquinaria que debía utilizar para la edificación de obras no fue localizada.
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Ante eso, dijo el también ingeniero civil, el SAT lo boletinó bajo el argumento de realizar operaciones inexistentes.
“Fue realmente en 2014 el tema, pero ya, gracias a Dios, estamos bien. Y ahora sí que se quedó boletinada la empresa... Llegan a mi casa y es mi domicilio fiscal y pues no hay algo en el lugar que diga, ‘este trae ahí todo el equipo’, dijo en entrevista.
“Yo les expliqué que muchas veces las revolvedoras están fuera. Los vehículos andan fuera y eso fue lo que pasó, que llegaron a mi domicilio, que era mi casa y aquí no hay nada. Claro que sí, aquí estamos y tampoco necesitamos los tráileres para hacer las cosas, no es así como ellos piensan”, intentó justificar.
A pesar de este argumento Cauich Silveira dijo que aceptó la resolución del SAT. “Y dije: ‘bueno, ya no puedo estar en las licitaciones, pues no pasa nada. Pero sí tengo que seguir en el medio porque realmente es lo que sé hacer, es lo que estudié”.
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De 2012 a 2015 suscribió 15 contratos gubernamentales que, juntos, suman 18 millones 301 mil pesos, con los ayuntamientos de Bacalar, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Othón P. Blanco, de acuerdo con el sitio QuiénEsQuién.Wiki, un proyecto promovido por la organización civil 'Poder'.
Pero, al aparecer en la “lista negra” ya no fue contratado, hasta cinco años después. Cauich Silveira, sin embargo, logró “darle la vuelta al candado” impuesto por el SAT, al acreditarse como representante legal de la empresa Grupo Gral. de Negocios y obtener un contrato de obra pública de la administración de Carlos Joaquín González.
El 9 de septiembre de 2020 la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Rocío Moreno Mendoza, suscribió un contrato con Grupo Gral. de Negocios para la “construcción de piso firme en viviendas en diversas localidades del municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo” por un millón 444 mil 586 pesos, de acuerdo con el contrato LPE-SEDESO-DIRINSO-001-2020, del que Por Esto! tiene copia.
La empresa no tiene experiencia en la construcción pública. Fue creada apenas un año antes de la contratación realizada por la Secretaría de Desarrollo Social, el 3 de julio de 2019, en Puebla, por Gabriela Acoltzi Birchis y Nadia Álvarez Martínez, de acuerdo con su acta constitutiva 16537.
Un año después y cinco días antes de la firma del contrato con el Gobierno de Quintana Roo, el 4 de septiembre de 2020, Acoltzi Birchis cedió la representación legal de la empresa a Cauich Silveira, quien rubricó su firma en el documento.
El contratista asegura que un amigo le invitó a integrarse a Grupo Gral. de Negocios y participar en la construcción de pisos firmes en Bacalar.
“Es que si me invitan a trabajar, acepto la invitación. En este caso, como residente de obra quisieron que participara, que firmara el tema de las participaciones y fue algo práctico. Solamente tenía la invitación a trabajar y gracias a Dios cumplimos con la encomienda. Era un trabajo práctico, que dominamos y que sé hacer bien”, expresó.
Julio César Lara Martínez, subsecretario de Infraestructura Social, reportó que la empresa cumplió con el contrato y que se beneficiaron 172 personas que habitan en ocho comunidades de Bacalar: Nuevo Jerusalén, 21 pisos firmes; Guadalupe Victoria, 24; Caan Lumil, 25; Altos de Sevilla, 15; David Gustavo Gutiérrez Ruiz, 23; Melchor Ocampo, 30; Reforma, 28; y El Cedralito, seis.
El constructor afirma que su relación con la empresa concluyó después la ejecución del contrato público; sin embargo, en el acta constitutiva de Grupo Gral. de Negocios no se ha registrado ningún cambio administrativo desde septiembre del año pasado, cuando el contratista se acreditó como representante legal.
Aun cuando trabaja en la empresa, no otorgó el domicilio fiscal.
Por Esto! acudió en dos ocasiones al domicilio registrado ante el gobierno estatal: “calle Circuito Ibérica y calle Cerrada, colonia Forjadores”, sin número, en Chetumal, pero en la calle Ibérica sólo hay casas residenciales.
Cauich Silveira agregó: “a la (obra) pública ya no puedo (dedicarme), ahora sí a lo que caiga, si sale un proyectito por acá, pues lo hacemos”.
CG