El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) exige a la Universidad Politécnica de Quintana Roo la devolución de un millón 681 mil pesos 351 pesos, por gastos no reconocidos y la contratación de investigadores que no cuentan con el alta ante el Fondo para el Desarrollo Regional de la Ciencia y Tecnología (Fordecyt) para participar en el proyecto “Innovación Tecnológica para la Valorizar la Recolección Masiva de Sargazo en la Riviera Maya para Insumo Farmacéutico Industrial de Alto Valor”. Por su parte, Raúl Arístides Pérez Aguilar, exrector de la universidad, dijo que esto ocurrió porque una vez que fue retirado de su cargo, no se le dio el seguimiento adecuado.
Pérez Aguilar explicó que en 2019, cuando aún estaba a cargo de la rectoría de esta casa de estudios, gestionó al Conacyt, 15 millones 933 mil pesos, este proyecto apoyado por el Fondo para el Desarrollo Regional de la Ciencia y Tecnología (Fordecyt), esto se aprobó y la universidad recibió 7 millones 96 mil 800 pesos, dinero que fue utilizado para reactivos.
Esto porque inscribieron a dos profesores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, además se contrató a personal para recolectar sargazo el cual se envió al Estado de Morelos, porque ahí estaban los laboratorios.
El objetivo era aprovechar la talofita, para la industria alimenticia y farmacéutica, ya que los elementos químicos que contiene la macroalga pueden ser empleados como espesante en materia prima en diversos alimentos y medicamentos.
Por lo que se presentó un primer informe, donde figuraban como responsables Jorge Joaquín Canto Ibáñez y José Alfonso Tah Pat; Arístides Pérez Aguilar aseguró que los resultados fueron positivos y se pretendía seguir con el proyecto; sin embargo, señaló que en julio de 2020, dejo el cargo, y la responsabilidad del proyecto pasó a manos del nuevo director Manuel Alfredo Pech palacio y la administradora Martha Castillo.
Mencionó que por la falta de experiencia del actual director de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, a pesar de que se le recomendó no cambiar el personal administrativo lo hizo, sin dar ningún tipo de seguimiento, por lo que Conacyt dictaminó rescindir el contrato y exigió el dinero que se gastó y que no se comprobó, por lo que Pérez Aguilar señaló que además de la pérdida del proyecto, la universidad se ganó un veto por cinco años.
Con base en el documento que expidió el Conacyt hace unos días para deshacer el contrato, la primera etapa concluyó el 22 de mayo de 2020, pero éste se retrasó por seis días, ya que fue entregado el 11 de junio del año pasado cuando se había estipulado el día 5.
En el informe financiero se identificaron activos faltantes, en el caso del informe técnico de los puntos más destacado, se encuentran el hecho que no se trabajó con los especialistas adecuados y se optó por consultores externos que no cuentan con la experiencia suficiente en el tema, también señala una clara omisión o comparación con avances científicos y tecnológicos con otras empresas.
Por lo el Conacyt solicitó la Universidad Politécnica de Quintana Roo, presentar a más tardar el 28 de junio del 2021, un informe técnico y un informe financiero auditado por un despacho contable, preferentemente acreditado por la Secretaría de la Función Pública, para dar a conocer el avance de la ejecución del proyecto con cierre al 7 de junio del presente.
MA