La violencia hacia candidatos a un cargo de elección popular o personas cercanas a su equipo de trabajo o familia, se incrementó en Quintana Roo en el proceso electoral 2020-2021.
De acuerdo con el Séptimo Informe de Violencia Política en México 2021, elaborado por la Unidad de Riesgos de Etellekt Consultores, las agresiones contra los candidatos a cargos de elección popular aumentaron 37.5 por ciento en el proceso electoral 2020-2021, en comparación con los comicios anteriores 2017-2018.
En el proceso electoral anterior que fue concurrente con el de la Federación, en el que se renovó la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, en Quintana Roo se reportaron 24 agresiones contra aspirantes; mientras que para los comicios más recientes aumentó a 33, incluyendo seis asesinatos.
En este último corte de información, el Indicador de Violencia Política de Etellekt registró mil 66 delitos globales en contra de las personas políticas, de las cuales 102 fueron víctimas de homicidio doloso, 36 de ellas aspirantes y candidatos a cargos de elección.
Aun cuando los ataques mortales en este proceso electoral disminuyeron, el número total de agresiones se incrementó 38 por ciento respecto del proceso electoral 2017-2018, detalla el Informe.
“Uno de los datos centrales que marcarán a este proceso es que la violencia afectó mayoritariamente a políticos y candidatos opositores a los gobiernos estatales en 75 por ciento de los casos, pero no menos importante es que 75 por ciento de los aspirantes y candidatos a puestos municipales agredidos eran al mismo tiempo opositores a los alcaldes de los mismos municipios en donde competían”, precisa el documento.
De acuerdo con el Sexto Informe de Violencia Política en México 2021, fueron asesinados cuatro servidores públicos sin militancia o aspiración política y dos políticos, uno de ellos aspirante a un cargo de elección popular y el otro candidato.
El aspirante a la Alcaldía de Puerto Morelos por el Partido Verde Ecologista de México y Morena, Ignacio Sánchez Cordero, fue asesinado mientras desayunaba la mañana del 24 de febrero.
Flor de María Ballina Sánchez, candidata suplente a la Presidencia Municipal de Isla Mujeres por el partido Redes Sociales Progresitas, fue ultimada a balazos el 10 de marzo.
La violencia política creció territorialmente 30 por ciento en México en el proceso electoral 2020-2021, en comparación con el anterior, según Etellekt Consultores.
Veracruz se situó como el estado más peligroso para los candidatos a cargos de elección popular al registrar 152 delitos; le sigue Puebla con 125 incidencias; Estado de México con 87; Oaxaca, con 81; y Guerrero, con 59.
En contraparte, los estados con menos registros de violencia en los comicios actuales fueron: Durango, con dos delitos contra los aspirantes; Nayarit y Baja California Sur, sumaron cuatro atentados en cada entidad; Aguascalientes y Coahuila, con cinco, respectivamente.
Etellekt Consultores criticó que las Fiscalías estatales no han esclarecido los crímenes ocurridos durante el proceso electoral.
“La actuación de las autoridades investigadoras no ha sido mejor, ya que las Fiscalías estatales no han presentado avances en el esclarecimiento de la mayoría de los crímenes, y en la medida que el tiempo transcurre, aumenta el riesgo de que terminen en el olvido”, señaló la consultoría.
“Al prejuzgar sobre la presunta responsabilidad de los delitos, el Presidente obstruyó la justicia, pues descarta otros probables móviles que la autoridad ministerial debe averiguar, incluida la motivación política de los mismos. Más allá del discurso presidencial sobre la resolución de los crímenes en contra de políticos, la realidad es que la investigación de los delitos no presenta avances significativos que permitan, no sólo hallar a los responsables materiales sino a los intelectuales, y más importante, determinar si el uso de la violencia tuvo como propósito incidir en los resultados electorales”, apuntó.
“En la medida que continúe siendo comprometida la seguridad de los candidatos y ante la altísima tasa de impunidad que impera en relación con la sanción efectiva de estos delitos, se reproduce el circulo vicioso de la violencia, que permite apartar por la fuerza a las personas que compiten por cargos de elección, violando sus derechos humanos y políticos, así como los de aquellas personas que acuden a las urnas”, indicó.
Cabe señalar que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la incidencia de delitos electorales en 2018, año en que se celebraron los comicios federales, fue de seis casos reportados. En cambio, en los primeros cinco meses de 2021 se registraron 22, es decir, hubo un incremento de 266 por ciento.
CG