Elementos de Protección Civil detectaron el fin de semana pasado 16 casas particulares que operan como establecimientos en renta para eventos, a pesar del aumento en los contagios de COVID-19.
“Hay muchas lagunas en las leyes que no permiten actuar en contra de estas familias que pasan por alto las disposiciones sanitarias; es una necedad de la gente por hacer su vida normal, arriesgando la salud de todos”, señaló el titular del organismo, Isaac Domínguez.
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Resaltó que hay mucha irresponsabilidad de estas personas que organizan eventos.
Comentó que a través de los recorridos de personal de Protección Civil y de Fiscalización, el reciente fin de semana ubicaron 16 viviendas en las que realizaron fiestas; incluso ocho de ellas ya han sido señaladas más de dos ocasiones.
“A través de redes sociales buscan y ofrecen casas con alberca, bardeadas y con amplio jardín, para rentarlas por día o por hora para hacer fiestas”, explicó.
Aseguró que no tienen jurisdicción para entrar a domicilios particulares, así que se limitan a “ejercer presión a los propietarios para que se regularicen, que hagan los trámites correspondientes y paguen impuestos para operar como establecimiento público”.
Atados por laguna legal
Reconoció que es una situación complicada y que no la pueden resolver en pocos días; “es una cuestión legal de permisos e investigación, por eso recordamos a la ciudanía que estamos tratando de bajar el pico de contagios. La situación de la isla es muy diferente a Playa del Carmen y Cancún; nosotros no tenemos suficientes camas, recursos y médicos, estamos limitados”.
Señaló que en el caso de los negocios clandestinos, los elementos de Seguridad Pública sí pueden actuar porque hay delito de venta ilegal de bebidas alcohólicas; “pero la renta en casas particulares no está tipificada ni siquiera como falta administrativa en el Bando de Policía y Buen Gobierno, es la laguna legal que impide actuar a las autoridades”, argumentó.
Comentó que en breve se reunirá con directivos de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para conocer las estrategias que aplican en otros municipios. “Aquí en la isla es una situación que nos toma por sorpresa, por los huecos legales que nos impiden proceder”, insistió.
JCL