La Fiscalía General del Estado acumula entre 600 y 700 cadáveres y restos humanos, repartidos entre los tres laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) con los que cuenta Quintana Roo.
La capacidad de los anfiteatros de Quintana Roo se encuentra rebasada por el número de víctimas de homicidios registrados cada año en el estado; en 2020, el Semefo del municipio de Benito Juárez contabilizó 326 cuerpos sin identificar, mientras que el de Othón P. Blanco reportó 61.
El problema del rebase de las morgues estatales fue reconocido ayer por el propio Fiscal General, Oscar Montes de Oca, quien señaló que se requieren entre 40 y 50 millones de pesos para construir un 'cementero forense' en Benito Juárez, para depositar parte de los cuerpos que se han recuperado en distintas escenas de crímenes, pero que no han sido identificados o reclamados.
Fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado, que hablaron para Por Esto! bajo condición de anonimato, comentaron que el hecho de que un cuerpo no sea reclamado se debe a que en su mayoría las víctimas eran procedentes de otros estados y que, al no tener registro de ellos en la Plataforma México, no pudieron ser identificados ni enviados a sus lugares de origen.
El mismo Fiscal General reconoció que se pudo identificar apenas a 50 de estos cuerpos, a través del cotejo de huellas dactilares con la base de datos con las que cuenta Instituto Nacional Electoral.
Las autoridades buscan desde 2018 crear un “cementerio forense” para contener la saturación en las morgues de Quintana Roo, pues, además, ya rebasaron el tiempo máximo para permanecer congelados (tres meses). Después de este periodo, tienen que ser sepultados de manera individual en una fosa identificada, como lo dispone la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En un principio, la propuesta de la FGE fue encontrar un espacio para la disposición temporal de los cuerpos en espera de ser identificados; este proyecto planteó utilizar un área en el ejido de Pucté, en la Ribera del Río Hondo, para lo cual se inició la construcción de la fosa en la que se trasladarían y darían sepultura a 200 cadáveres y restos sin identificar de todo el Estado.
Sin embargo, el plan no contaba con el aval del Comisariado Ejidal, que en abril de 2019 realizó una asamblea extraordinaria en la que comuneros votaron para impedir la obra, que finalmente fue suspendida.
La autoridad entonces fijó el proyecto en el Norte del Estado, en un predio de una hectárea, ubicado cerca de la Ciudad Militar en Cancún; el complejo contaría con un centro de Antropología Forense para el Resguardo de Restos Óseos.
Hasta la fecha, el proyecto del “cementerio forense” no se ha concretado, mientras los cadáveres sin nombre se siguen acumulando en los anfiteatros de la Fiscalía General de Quintana Roo, ante la imposibilidad de las autoridades para identificarlos y localizar a sus familias y de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para liberar los recursos que necesitan las obras.
En 2018, los titulares de los distintos periódicos nacionales relataron la existencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara de dos cajas de tráileres que contenían en su interior 150 cuerpos, versión que fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que reconoció haber rentado los vehículos debido a que las morgues de la entidad estaban saturadas.
Durante dos años, más de 300 cadáveres permanecieron dentro de dos cámaras de refrigeración móviles en ese estado, antes de ser expuestas por los medios de comunicación.
México atraviesa una crisis forense sin precedentes, ante la acumulación de hasta 30 mil cadáveres de personas no identificadas que desbordan las morgues del país, advirtió en 2020 el Director General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), Francisco Rivas.
"Sí, sí están desbordados nuestros Semefos (Servicios Médicos Forenses) y nadie está haciendo nada por atenderlos", sostuvo.
La saturación de anfiteatros en toda la republica responde a que las procuradurías y fiscalías carecen de fondos, personal y equipo para examinar adecuadamente los cuerpos, además del incremento de crímenes ligados a la delincuencia organizada y los métodos que ésta usa para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas.
CG