Con el argumento de que aún no cumplen con todos los requisitos para garantizar el bienestar de dos menores, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se niega a entregar dos niños a sus padres, quienes presentaron incluso el mandato de la Fiscalía General del Estado, tras acreditar que sí pueden tener ya a sus hijos.
Los menores fueron asegurados por dicho organismo, dependiente del Sistema DIF Municipal luego de detectar a la madre vendiendo artesanías en el estacionamiento de una plaza comercial, junto a éstos.
Sin embargo, al someterse a todo un proceso para poder recuperarlos y tras acusar que les negaban en ocasiones las visitas y que incluso los amenazaron tras denunciarlos ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), al final evidenciaron ante los medios esta situación, por lo que se confrontaron las partes en conflicto frente a algunos.
José Francisco y Estela son originarios del estado de Chiapas y no cuentan con más familiares, como exige el DIF Solidaridad, para tener una “red familiar” que se haga cargo de los niños.
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Carolina Medinilla, coordinadora de asesores de la Procuraduría, aseguró que ya buscaron entregar a los niños a una red de apoyo familiar. “Vino una persona de su familia, pero al final no se pudo hacer responsable de los menores. Además, con base en las pruebas psicológicas, se pidió a la señora Estela hacer un examen más a fondo y la mamá no ha cumplido con esta encomienda”.
Sin embargo, José Francisco consideró que “nos quitaron a nuestros hijos porque somos pobres y venimos de Chiapas. Nos han discriminado porque hemos hecho terapias y talleres para que nos devuelvan a nuestros hijos”, reveló el electricista de oficio.
La funcionaria municipal sostuvo que una vez concluyan todo el procedimiento se les entregarán; rechazó que haya descuidos por parte del personal ante señalamientos de los padres de cortes, heridas y raspones que han detectado. Asegura que son incidentes que pasan a cualquier niño de su edad, menores de dos años.