De 2017 a 2020, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Quintana Roo (Feccqroo) sólo ha logrado 10 sentencias, de 185 carpetas de investigación que ha judicializado contra funcionarios que incurrieron en algún acto de corrupción o particulares que estén involucrados.
En sus últimos tres informes de gobierno, la fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzapalo, informó que el acumulado de carpetas de investigación es de mil 271, de las cuales sólo el 14.5 por ciento se ha logrado judicializar.
Este órgano creado por el gobierno de Carlos Joaquín González, como brazo ejecutor para castigar a exfuncionarios de la pasada administración a los que señalaba del desfalco de las arcas estatales, no ha logrado su cometido.
El Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, en el marco de la extradición de Roberto Borge Angulo, su predecesor detenido en Panamá en junio de 2017, señalaba sobre las acusaciones que pesan sobre el exmandatario estatal, que "De manera directa son alrededor de poco más de tres mil millones de pesos, pero si se lleva a valores comerciales, a valores reales actuales, puede alcanzar hasta 10 mil u 11 mil millones de pesos. Además, hay otras denuncias que tienen más recursos".
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Sin embargo, de los 15 funcionarios borgistas a los que se les inició proceso, ninguno ha sido sentenciado por alguna causa penal ni inhabilitado por más de un año por las faltas administrativas de las que se les acusó, sólo permanece en proceso abierto el exmandatario Roberto Borge, quien enfrenta tres causas penales del fuero común.
Desde entonces, la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo ha recuperado en bienes muebles y recursos en efectivo cerca de 311 millones 520 mil 482 pesos, para lo cual se ejerció en tres años un presupuesto de 112 millones 684 mil 265 pesos, lo que representa que se ha recuperado 2.7 pesos por cada uno gastado. Es a través de soluciones alternas, como el resarcimiento del daño patrimonial, lo que permite que los funcionarios libren las consecuencias penales, como un despacho de cobranza, más que un órgano sancionador.
La eficacia se ha reducido año a año mientras que el gasto en personal va al alza; de 2017 a 2018 se contaba con una plantilla de 56 personas, incluyendo a la titular de la Fiscalía, para lo cual se ejercieron 18 millones 369 mil 791 pesos, y lograron la recuperación de 63 millones 12 mil 572. Para el 2019 las plazas aumentarían en tres, 59 en total, pero el gasto en Servicios Personales incrementó en 44.6 por ciento, alcanzó los 26 millones 523 mil 922 pesos. Para 2020 no habría más contrataciones registradas, pero se tendría otro incremento en sueldos de funcionarios, al ejercerse 28 millones 649 mil 405 pesos.
Queda a deber en transparencia
Para la doctora Mariana Cendejas, profesora investigadora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Quintana Roo requiere de mayor autonomía para operar, como fue evidenciado en el informe presentado el 22 de julio por este instituto.
La Feccqroo ha mostrado falta de autonomía, por lo que es susceptible a ser usada para servir a los intereses del Poder Ejecutivo Estatal.
Para la académica, el estudio no sólo se centró en el marco normativo que establece el nombramiento del titular, su remoción, si cumplen con los servicios de carrera o no, sino en su respuesta para la aportación de información; sin embargo, en el caso de Quintana Roo se requirió respuesta a 30 asuntos a través de solicitudes de información, a lo cual sólo dio respuesta al dar a conocer su organigrama. “Esa fue la única información que dio sobre las solicitudes, un organigrama escaneado, ilegible, la única respuesta que dio y la dio mal”, señala.
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La Feccqroo y un tercio de las fiscalías a nivel nacional incurrieron en esta práctica de entregar información deficiente, en un intento de ser evaluado su trabajo a través de organismos externos.
CG