La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo (FECCQROO) carece de autonomía, principalmente, respecto al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía General del Estado, además no ha informado si ha logrado sentencias condenatorias por la persecución de hechos de corrupción.
La FECCQROO fue reprobada en el Índice de Autonomía que se desprende del estudio “Fiscalías Anticorrupción, un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y resultados”, en el que se examinó el grado de autonomía, eficacia y transparencia de las 33 Fiscalías anticorrupción en México.
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En el Índice de Autonomía elaborado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo obtuvo una de las calificaciones más bajas a nivel nacional, al lograr sólo cuatro de los 12 puntos, debido a la débil autonomía frente al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con el Informe, muestra independencia en el proceso de nombramiento del Fiscal Anticorrupción, en el periodo de permanencia, en que el presupuesto se ejerza de manera directa por el Fiscal y en el número de servidores públicos.
Sin embargo, carece de libertad para despedir al Fiscal Anticorrupción, en la asignación del presupuesto autorizado, en la implementación del servicio profesional de carrera y en la exigencia del nivel de estudios mínimo de los servidores públicos.
Tampoco demuestra autonomía respecto a la Fiscalía General de Quintana Roo, no rinde cuentas y la asignación de casos e implementación de mecanismos disciplinarios son deficientes.
De las 33 fiscalías anticorrupción evaluadas, incluyendo la Federal, 18 fueron reprobadas en el Índice de Autonomía.
Elórgano anticorrupción de Quintana Roo no respondió si ha recibido denuncias ciudadanas relacionadas con delitos por actos de corrupción.
En contraste, a nivel nacional, la Ciudad de México recibió 7 mil 756 denuncias; Puebla, 2 mil 215; Veracruz, mil 682; y la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción Federal, mil 294.
Además, la Fiscalía Anticorrupción del Estado tampoco informó si ha logrado obtener sentencias condenatorias por la persecución de hechos por corrupción.
Mientras que el órgano anticorrupción de Michoacán ha logrado nueve sentencias condenatorias; Zacatecas y Tamaulipas, seis, en cada Estado; y Nuevo León y Sonora, tres, cada Entidad.
La Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo es poco transparente en el ejercicio de sus funciones. En este rubro, obtuvo una calificación deficiente y le asignaron el color Rojo en el semáforo de medición de acceso a la información, que muestra que las “Entidades que no respondieron a la solicitud de información, siendo su respuesta tan deficiente que reprueban en acceso a la información”.
El estudio concluyó que 22 Fiscalías y la Federal no consiguieron siquiera una sentencia condenatoria y siete sí, con 34 casos; hay 17 mil 873 denuncias por hechos de corrupción que permanecen impunes.
El “cáncer”
La corrupción en México es un cáncer que le cuesta al país 347 millones de pesos, de cinco a 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), expone el estudio “Fiscalías Anticorrupción, un ejercicio de transparencia y acceso a la información sobre su autonomía y resultados”.
“La corrupción es la preocupación más grande de la población mexicana sólo después de seguridad y delincuencia”, se compara.
En un contexto internacional, México figura en la posición 124 de 180 países donde la posición número uno la ocupa el país menos corrupto, detalla.
¿Cómo lograr la autonomía?
Para lograr la autonomía, los investigadores recomendaron que el perfil del Fiscal Anticorrupción deba ser un funcionario que persiga los delitos de corrupción, mostrar trayectoria, experiencia en transparencia y combate a la corrupción, buen nombre y reputación, así como demostrar conocimientos por medio de evaluaciones.
Además, regular el nombramiento del Fiscal Anticorrupción con convocatoria pública, proceso de oposición, participación ciudadana y la de al menos dos actores o poderes públicos y establecer mecanismos claros para removerlo en caso de incumplimiento.
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Por su parte, la Fiscalía debe implementar un servicio profesional de carrera apegado a la Ley Orgánica de la Fiscalía y precisar sanciones para los servidores públicos, enfocado a evitar los conflictos de intereses. También concentrarse en el número de sentencias condenatorias y los bienes recuperados por hechos de corrupción.
CG