Gustavo Martínez da la bienvenida a su casa con una gran propaganda en pro de la Consulta Popular, para enjuiciar a los expresidentes, pues, afirma, en su natal Tabasco tuvo que sufrir por el embargo de su vivienda, ya que las deudas lo tenían “ahorcado” durante el gobierno de Carlos Salinas De Gortari (1988-1994).
En ese entonces, contó en entrevista para Por Esto!, no había manera de solventar sus pendientes, después de que el Fobaproa, polémico mecanismo de rescate a empresarios y banqueros, le quitó años de ahorros en el banco, un rancho y el patrimonio que había acumulado para su familia.
La crisis económica de 1994 originó la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), como una manera de absorber la cartera vencida de los bancos y de no permitir que las instituciones bancarias se declararan en bancarrota, lo que también condujo a los banqueros a tomar riesgos exagerados y otorgaron financiamientos que no estaban sustentados en la capacidad de pago de sus clientes.
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Consideró que la Consulta Popular, que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, “es como cuando la cabeza de una familia implanta reglas que darán disciplina a los hijos para portarse bien.
“Esa consulta se está haciendo para que haya un precedente de que todo aquel que haga mal y perjudique a la nación, sea juzgado, yo creo que si los meten a la cárcel (a los expresidentes), no habrá más gente que quiera hacer eso”, expresó.
El ciudadano rememoró “la canallada” que tuvo el banco al embargarlo, cuando ya estaba el decreto que el Gobierno Mexicano, a través del Fobaproa, absorbería todo, pero se aligeraron y embargaron.
La pérdida lo trajo a la colonia irregular Colosio en Playa del Carmen, una de las zonas populares más conflictivas de Playa del Carmen, donde, dice, después de 20 años, apenas logró tener una casa propia de nuevo.
Don Gustavo dijo que “Tenía una línea de crédito alta, yo les dije a ellos (banco) que había vendido un ranchito y dinero que tenía ahorrado pero ni así me alcanzó para pagar porque no tenía trabajo”.
Este 1 de agosto, más de 1.3 millones de quintanarroenses podrán participar en esta histórica Consulta Popular en México encaminada a conocer la opinión de la ciudadanía para someter a los expresidentes a un juicio.
La pregunta en juego es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, a lo que se podrá responder: sí o no.
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CG