José Guadalupe Chan Dzib fue el primer periodista asesinado durante la actual administración encabezada por Carlos Joaquín González; el 30 de junio de 2018 fue ultimado a balazos en un bar de la colonia Francisco May, una zona de población maya del municipio de Felipe Carrillo Puerto.
De acuerdo con el Informe de Libertad de Expresión en México 2020, elaborado por la asociación Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, Quintana Roo es la tercera entidad en la que más se violenta la libertad de expresión, la pluralidad en los medios de comunicación, la seguridad y la justicia.
Al ocupar el lugar 30 de las 32 entidades evaluadas, solo es superada por el Estado de México y Sonora.
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Aunque Quintana Roo cuenta con un marco jurídico para la defensa de los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, no posee áreas especializadas para la investigación de delitos contra ellos.
Tal es el caso de Rubén Pat, quien fue asesinado la noche del 30 de junio 2018 en Felipe Carrillo Puerto. De acuerdo con la documentación de Article 19, Pat contaba con las medidas de seguridad por parte del Mecanismo de Protección y que, bajo su resguardo, fue atacado y asesinado. Un año antes de su ejecución, fue detenido de manera arbitraria, amenazado y torturado por policías municipales de Solidaridad, presuntamente en represalia por una nota que público donde involucraba a funcionarios del ayuntamiento con el crimen organizado.
“La totalidad de las 32 entidades federativas muestran la existencia de tipos penales que criminalizan y leyes que castigan por la vía civil el ejercicio de la libertad de expresión”, señala el informe.
Aunque posee Monitoreo de Riesgos y Agresiones e Implementación y Seguimiento de Medidas de Protección y Planeación, no cuenta con Reacción Rápida de la Implementación de Medidas Urgentes, además que la protección de este grupo de profesionistas es deficiente.
El tercer periodista asesinado fue Francisco Romero, a quien atacaron a balazos a las afueras de un bar de la colonia Ejido, en Playa del Carmen.
También en 2018, Javier Enrique Rodríguez Valladares, camarógrafo de Canal 10 en Cancún, fue asesinado el 28 de agosto en la Supermanzana 29 del municipio de Benito Juárez.
El entonces Fiscal Estatal, Miguel Ángel Pech, excusó que el crimen Rodríguez Valladares fuera por su labor periodística, “el camarógrafo se encontraba fuera de su horario de labores y sin uniforme, por lo que, por el momento se descarta que su fallecimiento sea un ataque directo a la libertad de expresión”.
“Los estados de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo mantenían vigentes disposiciones que regularon el uso de la fuerza pública para casos de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas consideradas ilegales”, advierte el informe.
En ese tenor, cabe recordar que la noche del 9 de noviembre de 2020, un grupo de manifestantes que salió a las calles de Cancún a exigir justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado “Alexis”, una joven que había sido reportada como desaparecida y quien fue encontrada sin vida en la periferia de la ciudad y con signos de violencia; el contingente fue dispersado por un grupo de granaderos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez.
En el ataque también fueron víctimas reporteros y fotógrafos, quienes de denunciaron agresiones físicas y de su equipo de trabajo por parte de los policías municipales de Cancún.
¿Pluralidad?
De acuerdo con el Informe de Libertad de Expresión en México 2020, la entidad ocupa el décimo noveno lugar en el ranking nacional relacionado con el pluralismo en los medios de comunicación, junto a Nuevo León y Estado de México.
Los medios de comunicación se concentran en pocos dueños: las televisoras recaen en tres dueños; en tanto, la radio y los medios impresos, en seis, cada uno.
Además, entre el 20 al 29 por ciento de los puestos de trabajo en los medios de comunicación son ocupados por mujeres, por lo que se aleja del 50 por ciento que se observan en otras entidades que buscan la equidad de género. Tampoco incluyen contenidos dirigidos a minorías lingüísticas en televisión, radio y medios impresos.
Sin seguridad ni justicia
Quintana Roo no es un estado seguro ni proporciona justicia a los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que son violentados en el ejercicio de su profesión.
El estado ocupa el penúltimo sitio en el ranking nacional en este indicador de seguridad y justicia para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
Por lo que, está a la par del Estado de México que ocupa el último sitio en la medición nacional.
De acuerdo con el informe, no hay un conteo de los homicidios contra este grupo de profesionistas por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni por la Fiscalía General de Quintana Roo. Sin embargo, los principales agresores son los actores de la función pública o esfera política local, el sector privado y la delincuencia organizada.
Quintana Roo encabezó lista de agresiones a nivel nacional
En 2019 la organización no gubernamental Article 19, publicó un reporte donde expresó que “Quintana Roo es uno de los estados más violentos para ejercer el periodismo en México. Las agresiones han ido en aumento sin que las autoridades afronten el problema. Tan sólo durante el primer semestre de 2019 se han registrado 26 agresiones, el mismo número que el total del año anterior”.
Según la cifra de agresiones por Article 19, la entidad encabezó la lista de ataques a periodistas en el país con 26 casos, seguido de Ciudad de México (25), Guerrero (22), Oaxaca y Veracruz (19), Coahuila (14), Baja California (13), Morelos (12), Guanajuato (11) y Puebla (10).
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CG