Sin recurrir al procedimiento de licitación pública, el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, pagó 9 millones 388 mil 470 pesos por un software que compró a una empresa propiedad de un funcionario de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL).
De acuerdo con información pública obtenida por este medio, el contrato millonario se otorgó a la compañía Multiservicios Integrales del Norte, que pertenece a Paúl Cortez Suárez, director de Inteligencia en la FGJNL.
La adquisición fue concertada el 30 de octubre de 2018 por la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, a cargo de Jorge Arturo Contreras Castillo, “para la adquisición de la plataforma tecnológica gubernamental de búsqueda automatizada para el desarrollo de modelos criminalísticos”, un software que permitiría unificar bases de datos de las instituciones de Seguridad Pública y Gobierno.
La falta de licitación pública fue justificada ante el posible riesgo de que la delincuencia organizada tome conocimiento de la información gubernamental.
“Con el objetivo de mantener la confidencialidad de la información vinculada con la seguridad pública y procuración de justicia, así como por la delicadeza de la funcionalidad del software en el uso y aprovechamiento de esta información en la generación de perfiles criminalísticos, debe de considerarse que el proceso de adquisición no sea público, asimismo que la información mencionada no sea difundida en un proceso de licitación”, se lee en el contrato.
“Debido a que existe el riesgo de que grupos o empresas relacionadas con la delincuencia organizada tomen conocimiento de las acciones que el Gobierno estratégicamente realiza para el combate al crimen organizado e intenten infiltrarse y, en un momento dado, respaldarse jurídicamente para contar con información clasificada como de seguridad nacional e incidir en el tema de seguridad en el Estado”, se agrega.
El procedimiento no está bien justificado
Para Fernanda Avendaño, investigadora en el área anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Gobierno del Estado utilizó una justificación genérica para eludir el procedimiento de licitación pública.
“No está bien justificado bajo ningún fundamento de la Ley de Adquisiciones de Quintana Roo o cualquier rubro más objetivo; me parece que es una técnica común en contratos de seguridad hablar de confidencialidad y restricción, resguardo de la información. Entonces, creo que por sí sola la justificación no te dice nada”, señaló.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, en sus Artículos 19 y 31, privilegian el procedimiento de licitación pública en las adquisiciones de bienes y servicios y enfatiza que la figura de adjudicación directa sólo debe ser usada en situaciones extraordinarias.
Fallas en la plataforma de la FGJNL
De acuerdo con el contrato SEGOB/DA/ADQ/14/2018, en el Gobierno del Estado predominaba la falta de coordinación en la consulta de información en las bases de datos de las instituciones de Seguridad Pública y Gobierno. Con lo que este problema se resolvería con la compra de la plataforma a la empresa.
“Esta plataforma tecnológica debe permitir la consulta de forma en línea a bases de datos confidenciales de seguridad pública e investigación policial, mediante consumo de servicios web, así como consulta directa a distintos motores de base de datos mediante las credenciales que sean proporcionadas para su acceso. La plataforma tecnológica deberá poder generar y editar los perfiles creados”, se justificó en el contrato.
De acuerdo con el contrato, la plataforma sería consultada por las unidades de análisis de información, órdenes de aprehensión, unidad antisecuestros, operaciones estratégicas, robo de vehículos, operaciones estratégicas en campo y patrullas inteligentes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
Así como la Unidad de Análisis de Información, el C4, Operación en campo y patrullas inteligentes de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad.
De las minas a la seguridad
La empresa Multiservicios Integrales del Norte pasó de ofrecer asesorías y estudios relacionados con proyectos mineros a la venta de equipos y software de seguridad. Fue fundada por Alberto De León Flores, Norma Sustaita Nemiga, Tania Medrano Sandoval, Laura Romero Huacuja y Fernando Valdez Blackaller, el 17 de diciembre de 1999 en Monclova, Coahuila.
De acuerdo con su Acta Constitutiva, su objeto social es la capacitación, asesoría y consultoría empresarial, diagnóstico de calidad, ambiente, seguridad e higiene, así como operar sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, reciclaje, incineración y disposición final de los recursos peligrosos y residuos sólidos industriales no peligrosos.
El 9 de mayo de 2006 Valdez Blackaller y Sutaita Nemiga vendieron sus acciones. Y seis años después, el 6 de julio de 2012, el resto de los socios traspasaron sus acciones a Cortez Suárez, quien se convirtió en administrador único. Posteriormente, Araceli Suárez Padilla se convirtió en socia.
Antes, Multiservicios Integrales del Norte se dedicó a la elaboración de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) a otras empresas privadas y organizaciones civiles, como el estudio para el proyecto de instalación y operación de cuatro centrales eléctricas en Planta Avomex, en Sabinas, Coahuila; también el proyecto “San Patricio”, relacionado con la mina de carbón en Progreso, Ejido Ramírez, Congregación El Álamo y Juárez, en Coahuila, para la Unión Mexicana de Productores de Carbón A. C.
Así como la MIA para la extracción de carbón mineral mediante tajo a cielo abierto en San Alberto para la empresa Servicios, Arrendamiento y Refacciones; para la exploración y extracción de carbón mineral en micro región número 3, 4 y 5, de la Unión Mexicana de Productores de Carbón.
Sin embargo, tras la llegada de Cortez Suárez a la dirección, se dedicó a la instalación de equipos de seguridad privada y pública.
Director de Inteligencia en la FGJNL
Cortez Suárez se ha dedicado a trabajar en las instituciones de seguridad pública en Nuevo León. De junio de 2013 a octubre de 2016, fue Director de Análisis de la extinta Procuraduría General de Justicia de Nuevo León. Al concluir, pasó como Director del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey, puesto que mantuvo hasta marzo de 2018.
Posteriormente se unió como Director de Inteligencia en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. En la pasada campaña electoral, el ahora Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, señaló a Cortez Suárez de proporcionar información para la “guerra sucia” que implementó Adrián de la Garza, entonces candidato a la Gubernatura del Estado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática.
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JCL