La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Quintana Roo son las dependencias que acumulan más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con el Informe Situacional de los Derechos Humanos 2021: Una Radiografía Estatal. En tercer lugar se ubica el Poder Ejecutivo del Estado.
La FGE fue mencionada en 51 expedientes concluidos y en siete todavía en trámite; la mayoría por los procesos y falta de empatía durante las denuncias, las cuales atentaban contra los derechos humanos.
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Tal es el caso de Cinthya Estrada, habitante de Tulum, quien acudió a la Fiscalía el pasado 28 de agosto para denunciar el acoso que sufrió en el transporte público; sin embargo, la revictimizaron durante el proceso y finalmente la denuncia no procedió.
“Tuve una situación de acoso, por lo que alerté a las autoridades de ello; fui con el responsable, quien lo había hecho, y las autoridades empezaron a revictimizarme diciendo que las pruebas no eran suficientes, a cuestionarme si se trataba de un novio o expareja, o que tal vez había sido una mala interpretación de mi parte; nunca cuestionaron al culpable”, dijo.
Rezago de expedientes
La Fiscalía de Quintana Roo carga con un rezago en sus carpetas de investigación de entre 60 y 80 por ciento, de acuerdo con registros proporcionados a este diario y con declaraciones hechas por el propio titular de la FGE, Óscar Montes de Oca, quien de manera reciente reconoció que el organismo que dirige se atrasó lo equivalente a un año en las pesquisas que inició, por lo que hay un número importante de denuncias que, a pesar de la correcta integración de las carpetas, siguen en el tintero, lejos de lograr sentencias que garanticen, además, la reparación del daño a las víctimas.
El pasado 14 de septiembre, un hombre identificado como Abelardo “C”, fue acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años, en su vivienda, en la colonia Sian Ka’an I, de Chetumal.
La menor afirmó que al acudir a presentar su denuncia en la Fiscalía Especializada en Contra de Delitos Sexuales, el personal le dijo que regresara otro día, pues no había quién la atendiera.
Arbitrariedades de policías
Por su parte, la SSP estatal fue señalada en 34 expedientes concluidos y en siete en trámite, sobre todo por detenciones arbitrarias y brutales que se dieron en Benito Juárez, con 20 expedientes y Solidaridad, con 14.
Uno de los ejemplos más claros fue el de la noche del 9 de noviembre de 2020, cuando elementos de la fuerza pública dispersaron con balazos en el aire una manifestación en el Palacio Municipal de Benito Juárez. Todo ello derivó en ocho detenciones arbitrarias: siete fueron mujeres y dos de ellas denunciaron ser víctimas de violación, según el informe realizado por Amnistía Internacional México.
Otro caso que conmocionó al país fue el de la salvadoreña Victoria Salazar, quien fue asesinada el 28 de marzo de 2021 durante un arresto por cuatro policías, quienes la sometieron hasta causarle la muerte.
Ante esta situación, la CNDH emitió la recomendación 34/2021 al Presidente Municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, ante el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de seguridad al someter a la mujer migrante, lo que derivó en su fallecimiento; sin embargo, no hubo respuesta.
Omisiones del Ejecutivo
En tercer lugar se encuentra el Gobierno del Estado, con 16 expedientes y dos en trámite, sobre todo por falta de acciones para respetar los derechos humanos de la población.
Ante este hecho, la CNDH emitió el 25 de agosto de 2020 otra recomendación directamente al Gobernador por deficiencias que vulneran los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios.
En total fueron 78 recomendaciones que envió la comisión a los funcionarios y dependencias del Estado para reparar el daño de las víctimas; sin embargo sólo fueron cumplidas a cabalidad 10 por ciento de ellas.
Inacción por desaparecidos
Aunque en este caso no se trata de una queja ante la CNDH, el Gobierno de Quintana Roo, ya recibió un exhorto por parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pues a pesar de que desde 2019 la propia adminsitración de Carlos Joaquín decretó la creación de un Consejo Estatal para rastrear a víctimas de desaparición forzada, a dos años de distancia, ese organismo ciudadano no existe.
A pesar del exhorto, el Gobierno del Estado aún no termina de consolidar este consejo, que tendría que comenzar a gestionar las diligencias y presupuestos para encontrar a las personas desaparecidas e identificar a los cerca de 700 cuerpos sin nombre que permanecen en las morgues del Estado.
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JCL