La situación de la pandemia en las comunidades rurales de Quintana Roo se agrava con el problema arraigado de la falta de acceso a la salud, no sólo por falta de clínicas, médicos o medicamentos, situación que ya ha sido expuesta en innumerables ocasiones ante la Secretaría de Salud (SESA) y el propio Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, sin obtener respuesta favorable, aseguran delegados y comisarios ejidales de la entidad.
Aunado a que muchas veces la población indígena se enfrenta a la falta de traductores que les ayuden a expresar sus malestares y a que tengan un buen diagnóstico, tal como señala el Instituto de Defensa de los Pueblos Mayas, la ONG Defensoras de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cdheqroo).
“La ambulancia de Carrillo Puerto a Chetumal me cobró cuatro mil pesos”, afirma Juan, “lo pude pagar, ¿pero y los que no pueden? Yo superé el COVID, pero muchos no lo hacen por falta de recursos”, afirmó, al señalar que ante la saturación que hace aproximadamente un mes tenía el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, decidió acudir al Hospital General de Chetumal, pero al no tener suficiente oxigenación debía mantener respiración artificial, por lo que su familia decidió trasladarlo en una ambulancia y, después de cotizar en varias empresas, fue el precio más barato que encontró
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Como él, varios pacientes se encontraban en la misma situación, sin que su familia pudiera hacer algo por ellos, más que esperar noticias de sus pacientes afuera del hospital de la Zona Maya de Quintana Roo, “varios de ellos venían de comunidades y algunos ya graves por no contar con médicos en sus centros de salud, es una situación que no le deseo a nadie”.
Afirmó que las autoridades de salud deben de proporcionar los insumos y médicos en cada comunidad rural, “eso salvaría vidas”.
Mayusa González Cahuich, originaria del municipio de Felipe Carrillo Puerto, exdiputada federal, intérprete certificada en Maya e instructora de la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo (Cdheqroo), afirma que falta aún mucho por trabajar en este aspecto, las dependencias no han cumplido con proporcionar traductores en las diferentes instituciones, incluyendo el sector salud, por lo que regularmente son los propios familiares o amistades quienes hacen la traducción del maya al español.
Sin embargo, no siempre es así, lo que violenta en este caso su derecho a la salud, ya que debido a esta barrera de lenguaje, prefieren no atenderse si no pueden ser acompañados.
De acuerdo con el Décimo Tercer Informe Epidemiológico 2021 de la Secretaría de Salud, publicado en julio pasado, 155 personas que se reconocen como población indígena en Quintana Roo han fallecido en lo que va de la pandemia, lo que ubica a la Entidad entre las primeras 10 con más defunciones derivadas del SARS-CoV-2 en este sector de la población.
Lo anterior significa que, en promedio, más de nueve personas indígenas fallecieron a causa del virus cada mes; el informe también señala que el Estado acumula, de marzo de 2020 a julio de 2021, 800 casos de COVID-19 en personas indígenas, el lugar 11 en el país; 50 hombres y mujeres identificados con los pueblos originarios se infectaron cada mes.
Por su parte, Amanda Moo Arriaga, directora general del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas (Inmaya), afirmó que siete de cada 10 personas indígenas que acuden a realizar trámites o solicitar servicios son discriminadas por su origen étnico, situación que obstaculiza la atención, no sólo en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas en donde la mayor discriminación se tiene por su forma de vestir y de hablar.
“Se ve cuando salen de sus pueblos a la ciudad, siempre les da pena en la ciudad porque siempre nos han visto como marginados”, por lo que afirmó que cuando acuden a solicitar el servicio, algunas veces fingen indiferencia, “o que no los escuchan, dejándolos de lado y atendiendo a otro tipo de personas”, e inclusive ella ha sido objeto de discriminación por su origen maya, “aunque no queramos decirlo, pero sí es cierto, es difícil, es lamentable”, situación que podría haber influido en la atención médica deficiente.
Enfrentar barreras, exigir y demandar el cumplimiento de sus derechos, es en lo que se debe de trabajar, afirmó Maritza del Carmen Yeh Chan, promotora de la cultura bilingüe, defensora de derechos humanos y la primera mujer en Quintana Roo ganadora de la medalla al Mérito Indígena Maya“Cecilio Chi” el pasado mes de julio del presente año.
Yeh Chan aseguró que falta voluntad política por parte de quienes ostentan el poder, presupuesto y recursos etiquetados a las instituciones que trabajan en defensa de estos derechos, que las intenciones dejen de quedar en el discurso y si sienten las bases sólidas y reales para visibilizar a la población indígena del estado, opinión que comparte Miriam Morales Xool, escritora, docente de lengua maya y activista de los derechos humanos de la comunidad indígena en el municipio de Solidaridad.
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CG