La salida de Óscar Montes de Oca Rosales de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha quedado de manera extraoficial, pues no hay ningún procedimiento iniciando en el Congreso del Estado o similar para su remoción.
Para que sea removido, de acuerdo con la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, la Legislatura en turno tendría que iniciar un procedimiento por haber cometido una falta grave, o una renuncia por parte del funcionario.
De acuerdo con el procedimiento contenido en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se establece que el procedimiento para dar de baja a un Fiscal tiene que realizarse ante la Legislatura en turno, por haber cometido una falta tipificada como grave.
Es decir, un hecho grave de corrupción comprobable, la comisión de algún delito contenido dentro del código penal de Quintana Roo, o el que a juicio de los propios Diputados pueda ser calificado de esta manera.
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Para lo anterior, el caso tendría que ingresarse a la Oficialía de Partes, turnarse a la Comisión de Justiciade la Legislatura en turno y posteriormente emitir un dictamen en el que se señale los motivos por los cuales debería ser removido.
Este mismo dictamen tendría que ser votado en el pleno del Congreso de Quintana Roo y obtener una mayoría calificada para que sea destituido del cargo.
La otra manera sería que el propio funcionario presentara una dimisión al cargo, ante la misma legislatura en turno, quien analizaría sus motivos y lo sometería a votación del Pleno, para que determine si se acepta la renuncia.
Sin embargo, aunque desde el fin de semana pasado trascendió la posible conclusión del cargo del fiscal Óscar Montes de Oca Rosales, hasta el momento no se ha presentado ningún tipo de documentación en el Congreso Estatal.
A partir del 2016, con entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la entonces Procuraduría General del Estado evolucionó para convertirse en Fiscalía y su titular ya no depende del Jefe del Ejecutivo y al obtener una autonomía se le otorgaba un periodo transexenal, en este caso de ocho años, con un presupuesto propio y ciento por ciento dependiente de la Legislatura en turno.
Aunque hay voces que han solicitado a la Gobernadora que solicite la renuncia del titular de la FGE, legalmente no se encuentra entre sus facultades, aunque políticamente podría haber presiones para que abandone el cargo, como ocurrió con el caso de Arturo Álvarez Escalera, a quien se obligó a renunciar, tras un golpeteo mediático, orquestado por Carlos Joaquín González, para colocar en ese entonces a Roxana Lili Campos Miranda, quien tuvo un paso breve por esa dependencia y que al final de cuentas terminó ocupando el puesto Miguel Ángel Pech Cen.
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NR